Desde que se puso en marcha la apertura económica, ésta es la cuarta vez en la cual los 8.250 trabajadores de la Caja Agraria se lanzan al combate por sus derechos y por la permanencia de la institución frente a gobiernos empecinados en liquidarla. Este último propósito forma parte de la quiebra en que se quiere sumir al campo colombiano para entregar la seguridad alimentaria de la nación en manos de los pulpos foráneos.
De tiempo atrás se la ha venido desangrando comprometiéndola en la cobertura de responsabilidades que corresponden al gobierno nacional. Los desastres de Armero y el río Páez fueron atendidos con dineros de la Caja, así como el problema de los desplazados por el conflicto fronterizo con Venezuela y las inundaciones en la Costa Atlántica. Los reinsertados de los procesos de paz, con la sola presentación de la cédula, también recibieron créditos que nunca fueron cubiertos por el gobierno. Recientemente se echó mano de recursos de la entidad para paliar las angustias de los pequeños agricultores afectados por la importación indiscriminada de productos subsidiados y de caficultores que atraviesan por su más aguda crisis.
Por todos estos conceptos, el gobierno le adeuda a la Caja Agraria 658 mil millones de pesos, de los que hasta la fecha no ha querido pagar un centavo.
Aparte de ello, los cambios en el régimen financiero la han debilitado á tal punto que acumula una pérdida de 339 mil millones de pesos; la resolución 1980 de 1994, por ejemplo, eliminó una serie de ventajas que tenía, tales como las provisiones por cartera vencida. Durante la larga crisis financiera, que finalmente la tiene en causal de liquidación, la Caja y el gobierno, a través de agencias como Fogafin, han firmado sucesivos convenios de recapitalización que deberían haberle reportado 342 mil millones de pesos, pero de los cuales sólo han ingresado 5 mil.
A esto se suma la complacencia de los altos directivos con deudores morosos que han contraído cuantiosas obligaciones. Tal es el caso de Cocosilk, cuya cartera vencida asciende a 3 mil millones de pesos, y el de algunos gerentes regionales que han incurrido en ilícitos por más de 2 mil millones. Cosa parecida ocurre con las deudas de grandes terratenientes, sobre los cuales recae el más alto porcentaje de la deuda morosa.
Tales son las verdaderas causas de las dificultades económicas por las que pasa la entidad.
¿Quién asumirá la carga?
Al ser presentado el pliego de peticiones, la administración de Carlos Gustavo Cano respondió que la culpa de la crítica situación corresponde a la carga laboral y que, como «el 60% de los trabajadores eran pícaros», le causaban más pérdidas que la guerrilla y la delincuencia juntas. Con esa concepción procedió a presentar un contrapliego, instrumento inventado y utilizado cada vez con más frecuencia por los patronos para escamotear las conquistas del movimiento sindical y con el cual hoy el presidente de la Caja y el gobierno de Samper pretenden eliminar el 90% de los derechos convencionales.
Comoquiera que esa actitud implicaba un enfrentamiento abierto con el sindicato, para contrarrestar una virtual parálisis de actividades Cano organizó un «plan de contingencia», que ha costado más de 3 mil millones de pesos.
Ante la intransigencia de la empresa 8.170 de los 8.250 trabajadores, el 97%, votaron a favor de la huelga y exigen el respeto a la convención colectiva vigente, el pago de la deuda contraída por el gobierno nacional, un régimen especial que le permita a la Caja, como entidad de fomento, contar con ventajas en el sector financiero, y que el Estado maneje en sus agencias un alto porcentaje de las cuentas oficiales, hoy en día colocadas en la banca privada.
Ésta sería la solución del conflicto que todos los patriotas debemos apoyar.