Bogotá, 31 de agosto de 1995
Desde la elección del actual presidente se ha intensificado la descarada intervención norteamericana en los asuntos internos de Colombia. Esta injerencia, materializada en chantajes, amenazas, presiones y presencia de agentes de las oficinas de seguridad de Washington, tiene por objeto incrementar, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, el control sobre los aspectos centrales de la vida nacional y garantizar plenamente la continuidad y profundización del programa neoliberal de apertura económica. He allí, de cuerpo entero, la verdadera causa de la crisis política nacional más aguda e intensa de los últimos años.
El más diligente instrumento de los intereses norteamericanos en esta crisis es la Fiscalía General de la Nación. Como lo señalara la declaración de la CGTD el 24 de agosto, «el Fiscal se ha convertido en la fiel caja de resonancia de las orientaciones del Departamento de Estado norteamericano y del embajador Myles Frechette». Con la mampara de la «moralización» se ha desplegado una cruzada que condena a través de los medios de comunicación, que desconoce elementales criterios de defensa como la presunción de inocencia y la reserva sumarial, que mantiene la fascistoide justicia sin rostro y aspira a revivir la extradición de nacionales. La doble moral se evidencia, entre muchas otras manifestaciones, cuando se rasgan las vestiduras ante la presencia de «dineros calientes» en las campañas electorales y guardan silencio cómplice frente a los jugosos aportes recibidos de las compañías extranjeras y de los monopolios nacionales.
Frente a la gravedad de la situación, el gobierno de Samper ha mantenido una actitud sumisa hacia la intervención norteamericana que indigna a la nación y motiva el rechazo de los colombianos. Lo central, su política económica, es la consolidación de la apertura y la ejecución de un voluminoso programa de privatizaciones, tal como lo ordena la metrópoli a través del FMI, el BM y el BID, con sus graves consecuencias sobre la soberanía, la producción y los trabajadores. No sólo ha respaldado la cacería de brujas desatada desde la Fiscalía, sino que permite, sin rechistar, las ilegales operaciones de la DEA, la CIA y el FBI en nuestro territorio sin control de autoridad nacional alguna y el tráfico aéreo y marítimo de aviones y buques militares extranjeros en nuestros suelos y mares.
Para los trabajadores, la crisis es aleccionadora en la medida en que desentrañen sus verdaderas causas, ubiquen el papel real de los diferentes protagonistas y clarifiquen qué intereses de clase confrontan en ella. Por eso consideramos que omitir la calificación de la conducta de Samper y «apoyar al presidente de la República en el liderazgo y la ejecución de los planes y programas dirigidos a alcanzar y satisfacer los intereses nacionales», como se expresó recientemente, contradice la vertical posición de condena que la Confederación ha aprobado, una y otra vez, sobre las ejecutorias del gobierno de «el tiempo de la gente» y debilita el papel esclarecedor que bien ganado tiene la CGTD frente al movimiento sindical colombiano.
Tal como se desenvuelven los hechos, la suerte del presidente depende de una definición en Washington. La crisis puede desembocar tanto en la caída del actual gobierno, para dar paso a la formación de uno nuevo que llevaría en sus ancas la marca del dominio gringo, como en la permanencia del actual, a costa de llevar a su sometimiento a extremos aún más aberrantes que los presentes. Ambas eventualidades serían funestas para la nación y merecen el repudio de los trabajadores y del pueblo.
La única solución favorable a los intereses de la nación es la supresión total de la intervención norteamericana en los asuntos internos de Colombia y el logro de la plena autodeterminación nacional. Para alcanzarla, se impone una gran movilización patriótica, que empiece por exigir la salida de Myles Frechette y el retiro inmediato de las agencias y efectivos gringos de nuestro territorio. No hay duda de que los trabajadores responderán positivamente y se colocarán a la cabeza de un movimiento de estas proporciones.
Fraternalmente,
Miembros del Comité Ejecutivo de la CGTD:
Yezid García A., secretario general adjunto; Iván Toro L., secretario de asuntos políticos y parlamentarios; Luis Sánchez R., secretario del sector financiero: Eberto López M., secretario del sector de las comunicaciones; Aldo Cadena R., secretario del sector de la salud.