(Comunicado difundido por la CUT, la CGTD, la CTC y la Confederación de Pensionados, enviado al presidente de la República en enero de 1997).
Las organizaciones sindicales del sector informal de la economía, en cuyas filas se asocian decenas de miles de humildes trabajadores colombianos, dedicados a las ventas en las calles y plazas, han solicitado a la CUT, CGTD, CTC y CPC servir como sus voceros ante el gobierno, dada la gravedad de la situación por la que atraviesan.
Su situación debe analizarse en el marco de la economía de un país pobre, cuyas tasas de generación de empleo son lánguidas frente al crecimiento de la fuerza laboral, tendencia que se ha acentuado con la implantación del modelo económico neoliberal y de apertura, con todas sus secuelas sobre el crecimiento, la producción nacional y el desempleo.
Los colombianos que recurren a las ventas callejeras no encuentran empleo en el sector formal. El suyo es sustancialmente un trabajo de subsistencia, sin seguridad social, ni prestaciones, ni derecho a incapacidad por enfermedad. Responde a la ley inexorable de que día que no se trabaje, independientemente de las condiciones de salud o climáticas, no hay comida que llevar a la familia. No es un trabajo que se busque con esperanza. Se llega a él cuando la sociedad no incorpora su población laboral por ausencia de puestos de trabajo. Allí llega también en proporción creciente la masa laboral despedida, la indemnizada e incluso la pensional, que después de una vida de trabajo no puede sobrevivir con la pensión mínima.
Desalojar brutalmente de las calles y sumir en el hambre a miles de ciudadanos, con el peregrino argumento de la «recuperación del espacio público», es un exabrupto similar al de destruir un bosque para capturar una mirla.
Además, si sólo se trata de ceñirse a preceptos constitucionales haciendo abstracción de la dura realidad, allí en la Carta también está consagrado el derecho al trabajo para todos los colombianos.
Las organizaciones del sector informal siempre han estado dispuestas al diálogo y la concertación con las autoridades municipales, pero no entienden, ni ellas, ni las centrales obreras, el lenguaje del atropello oficial, el desalojo brutal, el tratamiento despótico, el robo de sus mercancías, el hambre de los hogares de los vendedores y el despilfarro de recursos humanos y presupuestales en una guerra sin sentido, para obtener como trofeo una calle o una plaza sin vendedores, cuando la nación se consume en problemas de mayor importancia y trascendencia.
Por lo anterior, expresamos a usted algunos criterios de las organizaciones sindicales del sector informal que pueden ser base de un proceso serio de diálogo y concertación hacia soluciones razonables para un grueso número de trabajadores de las calles:
1. Expedición de una ley que desarrolle el artículo 82 de la Constitución, en el sentido de la prevalencia del derecho al trabajo, que goza de la especial protección del Estado (artículo 25).
2. Suspender los procesos y órdenes de desalojo de vendedores, e instalar mesas de concertación entre gobierno y sindicatos.
3. Suspender los decomisos de mercancías y las detenciones, y devolver las mercancías decomisadas, único patrimonio de estos trabajadores.
4. Análisis de los organismos judiciales superiores de los fallos y resoluciones emitidos en relación con este problema por las alcaldías, secretarías de gobierno y oficinas jurídicas de las autoridades municipales.
Solicitamos, finalmente, una audiencia con las centrales obreras y las organizaciones del sector informal, para ampliar estos conceptos y buscar conjuntamente una salida a la grave situación planteada.
Por la CUT, Luis E. Garzón, presidente; Héctor Fajardo, secretario general. Por la CGTD, Mario de J. Valderrama, presidente; Julio Roberto Gómez E., secretario general; por la CTC, Apecides Alvis, presidente; Miguel Morantes, secretario general; por la CPC, Rafael Gómez Quiroga, presidente; Fortunato Lozano, secretario general.