(E1 29 de enero terminó exitosamente el paro en la Administración de Justicia, en el que tomaron parte 42 mil jueces, fiscales, magistrados y demás funcionarios durante veinte días. Tribuna Roja entrevistó a sus principales dirigentes, Antonio Suárez Niño, presidente de Asonal-Judicial y juez del circuito en la capital de la República; Fabio Hernández Forero, vicepresidente del sindicato y jefe de una Fiscalía seccional, y Humberto López Narváez, secretario general de la organización y auxiliar de magistrado en el Tribunal de Cundinamarca.)
TR. ¿Cuáles fueron las causas que los movieron a lanzarse a un cese tan largo?
Antonio Suárez: Más que nada, la injusta política salarial del gobierno frente a la Rama Judicial. Desde 1992, según estudio del Consejo Nacional de la Judicatura, nuestros ingresos han venido perdiendo el equivalente a 21.16% de su poder adquisitivo. Ello obligó a Asonal a plantear el pasado año un pliego de solicitudes. Con firmeza nos opusimos a la política neoliberal impuesta por Gaviria y Samper, tendiente a recortar los salarios, desmontar el régimen prestacional y liquidar decenas de instituciones del Estado. En el sector de los profesionales se observa una tendencia hacia la pauperización, y ni se diga entre la clase obrera.
T R.: ¿Qué actitud toma el gobierno frente al pliego?
Antonio Suárez: Muy displicente. Para no negociar salarios, el ministro de Hacienda alegó el llamado ajuste fiscal. Finalmente se vio obligado a discutir. El empuje demostrado por los dos paros de veinticuatro horas que hicimos el 10 de octubre y el 14 de noviembre fue un argumento contundente. Logramos que se pagaran las cesantías y que el gobierno presentara un proyecto de ley para que los factores salariales tuvieran incidencia al liquidarse las pensiones. Pero no se resolvió el punto principal. No quedó otra alternativa que llamar de nuevo al paro.
T R.: ¿Cuál fue la respuesta de las bases?
Antonio Suárez: La gente respondió con disciplina y unidad, en un hecho sin precedentes en la historia de nuestro sindicato, aunque debemos recordar el de la época en que Asonal estaba dirigida por Jaime Pardo Leal. La lucha la iniciamos el 2 de diciembre, con carácter indefinido, exigiendo un reajuste de salarios acorde con el alza del costo de la vida. Pero hubimos de suspenderla por las vacaciones colectivas.
La continuamos en enero, ante el anuncio de que a 82% de los funcionarios y empleados se les impondría un aumento de 8%. Seguía en alza el estado de ánimo de las bases. Tanto que por primera vez decidieron sumarse magistrados y tribunales, incluso el de Orden Público, el de los fiscales sin rostro. A casi ciento por ciento llegó la cobertura en el país. Las bases entendieron que había que enfrentar la política neoliberal del gobierno, por encima de cualquier consideración individual.
Un aspecto crucial que debe destacarse es la solidaridad brindada por la CUT, la CGTD, Fecode, USO, Fenaltrase, Sittelecom y el resto de los asalariados del sector oficial. Eso fue muy hermoso. Todos los días nos llenaba de fortaleza.
T. R.: ¿En qué consiste el acuerdo que suscribió Asonal con el gobierno?
Fabio Hernández: Se crean, con carácter permanente, dos nuevas prestaciones. La una, denominada bonificación, es un pago que se le hace al empleado una vez al año y equivale a la tercera parte de su sueldo mensual. La otra consiste en una prima de nivelación, cuyos porcentajes varían según el cargo, pero que oscila entre 1.6 y 7.6% del salario. Lo cual, teniendo en cuenta el aumento decretado por el gobierno, da un total de 18% para los funcionarios de la Administración de Justicia, sin excepción La bonificación constituye sin duda alguna factor salarial; la prima de nivelación, en nuestro criterio, configura por sí misma salario, pues se va a percibir mes a mes, en forma constante. Ese tipo de emolumentos, al tenor de la ley, entra a hacer parte del salario.
En síntesis, el acuerdo significa una derrota de la política neoliberal en materia de salarios.
T R.: ¿Cuál fue el balance del paro en la provincia?
Fabio Hernández: El movimiento, por fortuna, tuvo una contundencia muy grande, tanto entre jueces, magistrados y fiscales, como entre secretarios, citadores y mensajeros. Se trata del paro judicial más vigoroso en la historia del país. El nuestro es un sector muy renuente a este tipo de movilizaciones, pero el nivel de consecuencia ha venido subiendo en los últimos cinco años. El paro no sólo cubrió las ciudades capitales, sino incluso los municipios más lejanos, donde todo el trabajo de agitación corrió por cuenta del juez y el secretario. Hubo sitios donde los jueces y empleados hacían turnos en la noche, como en las carpas que uno ve en las huelgas obreras. La gente cuidaba los despachos para evitar que fueran ocupados por la policía.
T. R.: ¿Cómo funcionó el paro?
Fabio Hernández: El personal llegaba al sitio hacia las ocho de la mañana y allí permanecía hasta el atardecer, gritando las consignas, participando en las tareas de tipo cultural, recreativo y deportivo, en ambiente de entusiasmo y compañerismo. Fueron veinte días: diez en diciembre y diez en enero.
T R.: ¿Qué dificultades enfrentaron?
Humberto López: Encaramos principalmente las amenazas de despido por parte del gobierno, que ante la fuerza del movimiento nunca se aplicaron. Se llegó a hablar de que la policía se tomaría por la fuerza las instalaciones. Samper incluso amenazó con declarar el estado de conmoción interior, medida extrema que los negociadores del gobierno nos machacaban en la mesa en tono compungido: «Señores, nos van a dar en la cabeza. Esto se va a poner muy serio. Quién sabe incluso qué nos puede pasar mañana a todos». Pero tampoco se atrevieron a dar el paso. La gente, con altura ejemplar, señaló que se hallaba lista a asumir cualquier consecuencia. Del gobierno lo esperábamos todo, porque sabemos la catadura del ministro del Trabajo.
T. R.: ¿Cómo resolvieron los problemas de comunicación?
Fabio Hernández: Hubo muchas dificultades, dada la dispersión de los despachos. Los activistas nos teníamos que desplazar a diario de uno a otro lugar, pues tan sólo en la capital hay 28 edificios judiciales. Eso causaba traumatismos, porque la gente exigía información precisa y oportuna, que no siempre podíamos suministrar.
El peligro mayor en este campo era que desmontaran el cese con infundios. Algunas veces se dijo: «Termina paro en la rama judicial». Claro, se le advirtió a la gente que no se guiara sino por los anuncios oficiales del sindicato.
T. R.: ¿Cómo ha sido acogido el acuerdo?
Humberto López: Como a lo largo de las negociaciones cada paso fue consultado con las bases, ha sido muy bien recibido. Cuando las discusiones con el gobierno se encontraban prácticamente finiquitadas, la inmensa mayoría de la gente ya conocía sus alcances y había dado el asentimiento.
T. R.: ¿Qué posición tienen ustedes frente al paro del 11 de febrero?
Antonio Suárez: Apoyamos sin reservas los objetivos planteados por las centrales sindicales y las vamos a respaldar con asambleas de solidaridad, mítines y manifestaciones. Vemos con simpatía, sobre todo, el positivo proceso de unidad que se viene gestando entre la CUT, la CGTD, la CTC y la Confederación de Pensionados en torno a tan histórica jornada.