En el auditorio de las Empresas Públicas de Manizales se creó el pasado 10 de mayo la Asociación de Ligas, Comités y Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios de Caldas. Al evento asistieron setenta delegados de Manizales, La Dorada, Chinchiná, Riosucio, Anserma, Risaralda, Palestina, Aranzazu y Neira. También tomaron parte los sindicatos de las empresas locales de servicios y el Comité Departamental de Defensa de las Empresas Públicas de Medellín.
La nueva Asociación, que se erige en modelo organizativo para todo el país, aprobó un programa de lucha de trece puntos y denunció las gravísimas implicaciones que para el pueblo tiene la Ley 142, cuya derogatoria se exigió de manera inmediata. Fue unánime el rechazo a las imposiciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
El encuentro eligió al comité ejecutivo de la nueva organización, integrado por Beatriz Helena López, de Chinchiná, como presidente: Orlando Gallego, de Manizales, como tesorero: Álvaro Dávila, de Manizales, como secretario: Germán Ocampo, de Risaralda, como fiscal: Gilberto Alzate, de Neira. Gustavo Adolfo Villada, de Riosucio, Álvaro Bedoya, de La Dorada, y Nelson Castaño, del Sindicato de Empresas Públicas, como vocales.
Oscar Gutiérrez, de Chinchiná, y Jorge Enrique Robledo Castillo, fueron nombrados coordinador departamental y asesor de la Asociación.
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Asociación de Ligas y Comités de Usuarios
Programa de lucha
1. Por la defensa de la propiedad y el carácter estatal de las empresas de servicios públicos y contra la privatización parcial o total de las mismas. Porque cese de manera inmediata el proceso de desmembración de las empresas de servicios públicos.
2. Contra las altas tarifas de los servicios públicos y por el mantenimiento y desarrollo de fuertes subsidios oficiales para su sostenimiento, ampliación y mejoramiento.
3. Contra la estratificación aprobada por el Departamento Nacional de Planeación para los sectores residenciales urbanos y rurales, y por la elaboración de una política tarifaria acorde con la realidad socio-económica de las gentes.
4. Por un sistema tarifario que proteja a los usuarios comerciales, industriales y agropecuarios, diferenciando entre pequeños, medianos y grandes.
5. Por tarifas que protejan a las instituciones sin ánimo de lucro, tales como escuelas, hospitales, acción comunal, sindicatos, restaurantes comunitarios, ancianatos, etcétera.
6. Por la eliminación del Consumo Básico Obligatorio y del Cargo Fijo para todos los usuarios, limitando los cobros a lo estrictamente consumido.
7. Porque el gobierno nacional asuma la prestación del servicio de alumbrado público, sin costo para los pobladores y los municipios.
8. Por el mantenimiento del monopolio estatal en las telecomunicaciones de larga distancia nacional e internacional que hoy presta Telecom.
9. Porque no se utilice la estratificación como un pretexto para elevar los cobros en salud, educación e impuesto predial.
10. Porque los comercios e industrias que funcionan en las viviendas paguen tarifas de sector residencial, según el estrato en que se encuentren.
11. Porque no se haga ninguna nueva estratificación en el sector rural.
12. Por la eliminación de los pagos mínimos en los beneficiaderos de café, trapiches paneleros y demás actitivades agroindustriales, limitando el cobro a lo estrictamente consumido.
13. Por la derogatoria de la Ley 142 de 1994 y porque la política estatal de servicios públicos se defina de manera soberana, libre de las imposiciones del FMI.