Aurora Hernández, bogotana raizal de 65 años, sabe muy bien por qué la capital se ha vuelto, con Antanas, una «ciudad coqueta». Damnificada por la bomba del DAS en Paloquemao, debió instalar su ventorrillo sobre la Calle 26. Una aciaga mañana, no más al apearse del bus, vio con indignación cómo la fuerza pública le había levantado su pequeña caseta. Hoy doña Aurora ajusta meses sin que en ninguna parte la dejen laborar; y ésta es la hora en que el Distrito continúa reacio a devolverle sus pobres pertenencias.
Por idéntica situación pasan millares de personas de todas las edades, a quienes Mockus notificó recientemente que los arrojará sin compasión de sus modestos sitios de trabajo para que no le sigan afeando la cara a la ciudad.
«La amenaza de desalojo es general -explica Manuel Alfredo Rubiano, presidente de Sinucom, el sindicato de los venteros-. Mockus ha desafiado que de este año no pasamos, y que él dizque sí va a limpiar a Bogotá de elementos indeseables. Nosotros no pensamos lo mismo; resistiremos a punta de combite. No existe otro camino».
La brutal orden del alcalde pende sobre 365 vendedores del barrio Venecia, asentados desde hace cinco años bajo el puente de la Autopista Sur; sobre los 465 del barrio Restrepo, reubicados en el Centro Comercial Social; sobre los miles de personas que desde el año 1961 derivan su sustento del quehacer mercantil en las hacinadas Galerías Nariño de San Victorino, condenadas a desaparecer para dar sitio a una supertienda de lujo; sobre los vendedores de Kennedy y sobre los del 20 de Julio.
No se trata de simples baladronadas. Cientos y cientos de vendedores, pese a tener vigente el permiso, han sido echados de sus puestos a golpes de bolillo, como ocurrió el año pasado en el mercado de las pulgas de la Avenida Tercera, en Patiobonito y en el barrio Siete de Agosto. En este último sector, Mockus envió contra la gente un pie de fuerza de dos mil policías, apoyados por lanzagases y tanquetas blindadas.
En este hecho represivo cometido contra 250 laboriosos ciudadanos, cuyas casetas siguen decomisadas, el despótico burgomaestre desconoció olímpicamente al Comité de Concertación, integrado por Sinucom, representantes de las Juntas Administradoras Locales, comerciantes, y delegados de la alcaldía menor y la personería.
La misma incertidumbre padecen los venteros de Puente Aranda que laboran sobre la carrera 38. Después de que trescientos de ellos fueran expulsados del sitio, no ha sido posible que la administración les restituya las 150 casetas de metal, arrumadas en un potrero.
Sinucom ha emprendido una intensa campaña de afiliaciones, buscando defender el derecho a la subsistencia. Tal como lo señala el compañero Rubiano, «la actual lucha es básicamente por conservar el puesto y la caseta que cada uno tiene en la calle».
Las movilizaciones han sido permanentes. Así lo confirman el gran desfile de protesta contra Mockus realizado en abril de 1995, el Primero de Mayo, la marcha de los polvoreros, la memorable manifestación del 14 de septiembre en la Plaza de Bolívar y las recientes jornadas patrióticas contra el imperialismo, en las que se quemaron numerosas banderas de Estados Unidos.
Sinucom ha impartido también la consigna de hacer concentraciones frente a las alcaldías menores que ordenen desalojos, como la acometida con éxito, el 30 de enero, frente a la de Los Mártires, donde se condenó además el descarado intervencionismo yanqui en los asuntos internos de Colombia.
Miles de vendedores se encuentran todavía sin organizarse y el gremio se halla dividido. Pero esta dispersión tiende a superarse. El comité intersindical, creado hace unos meses, está luchando por compactar al sector y ha llamado a enfrentar como un solo hombre la arremetida infame del alcalde payaso.
La gente, aunque le quiten la caseta, no puede dejar de laborar, porque la alternativa sería el hambre. Jugando al gato y al ratón con la fuerza pública, y en medio de la diaria zozobra que significa el decomiso de las exiguas mercancías, cientos de mujeres y hombres se las ingenian sin descanso para ganarse el pan. «Somos un gremio -dijo una compañera- que tiene en contra suya la Constitución, la ley, el presidente, el alcalde y la policía. Y sin embargo, véanos aquí: nadie va a lograr impedirnos que trabajemos en las calles, sin licencia o con licencia.
«Cuando Mockus venga a decirme a mí que le respete el espacio público, yo voy a contestarle: ¡Y usted, señor, respete la comida de mis hijos!»