Cuando Virgilio Barco decidió lanzar el país por el despeñadero de la apertura económica, Andrés Pastrana iniciaba el proceso de acondicionamiento de la capital al nuevo modelo, privatizando el servicio de la recolección de basuras y expidiendo el Acuerdo 06 de 1990, llamado a regular el ordenamiento físico de la urbe. La estrategia definida por aquellos días fue el desarrollo del borde occidental de la ciudad a lo largo del río Bogotá.
Su sucesor, Juan Martín Caicedo, y el Concejo de esa época, fueron colocados como escarmiento para que la llamada clase política supiera de los alcances de la Constitución recién promulgada como instrumento para aclimatar la política de la nueva era. La espectacularidad del proceso sirvió de preparativo para dictar el antidemocrático Estatuto Orgánico.
En 1992, el Banco Mundial realizó el seminario «Bogotá problemas y soluciones», en el cual formuló la línea para enrumbar la ciudad hacia los destinos que le tienen trazados los organismos de crédito internacional. Jaime Castro sería el encargado de cumplir las órdenes: construcción de la infraestructura para hacer atractiva la ciudad a las inversiones del capital extranjero, y una reforma institucional, condensada en el Decreto 1421, o Estatuto Orgánico, orientada a concentrar el poder en el ejecutivo, reducir las facultades administrativas y legislativas del Concejo, facilitar las privatizaciones y permitir la aplicación de la más regresiva política tributaria.
El alcalde no tardó en utilizarlas nuevas herramientas, sometiendo a la ciudadanía a una sobrecarga fiscal con la valorización por beneficio general, el autoavalúo y el doble cobro del impuesto de industria y comercio. Y para darle continuidad al plan iniciado bajo Pastrana, Castro puso en marcha varios proyectos, la mayoría relacionados con la construcción de la Zona Franca privada en cercanías de Fontibón.