Por Gabriel Fonnegra
Aun cuando el régimen se empeña en disfrazar la crisis, la situación se ha hecho dramática en las casi 350 fincas que se extienden por 30 mil hectáreas en la hermosa región del Urabá antioqueño.
Hay decenas de predios en completo abandono. El área de cultivos embargados por la banca sigue en franco aumento. Una de las comercializadoras, Banacol, ha entrado en concordato. Numerosas empresas no han podido siquiera consignar cesantías ni cancelar las prestaciones del año pasado. Son cientos los obreros a quienes les han sido devueltos hasta cinco y más cheques de nómina. Están vencidos los aportes al ISS, al SENA y a las Cajas.
Las deudas de los cultivadores ascienden a 56 mil millones de pesos, buena parte de ellas contraídas con bancos oficiales, «tan implacables como los privados a la hora de embargar y estrujar», en opinión de un empresario. Los créditos baratos son un simple recuerdo. El reciente plan samperista de refinanciación no ha hecho más que incrementar las obligaciones.
Las plantaciones, en franco deterioro por la aplicación insuficiente de plaguicidas y fertilizantes, y por la desmejora en las labores culturales y ayudas agronómicas, no rinden como antes. La productividad anual por hectárea, en lugar de crecer, cayó de 2.400 cajas a 1.796 en los últimos años.
Samper se ha limitado a continuar la obra destructora de Gaviria. Con la revaluación oficial, que ha provocado pérdidas por 187 millones de dólares, los empresarios han sido encaminados a una sin salida.
Juan Diego Vélez Maya, presidente de Augura, denunciaba con ironía las secuelas ruinosas de la apertura: «Aunque contáramos con un Ministerio de Agricultura fuerte con claras políticas de fomento y defensa del sector, con claridad sobre el papel social de la agricultura y su importancia para el pueblo, y sin los efectos nefastos de la competencia desigual que resulta de realizar una apertura con países de agriculturas subsidiadas, no es posible desarrollar el campo colombiano».
Subsidios como el CAT y los CERT han caído desde 15%, en los ochenta, hasta 2.5% en los meses recientes, porcentaje que en la práctica se reduce a 1.59%. Acaba de establecerse un CERT de 5% sobre las exportaciones, pero tan sólo por dos meses, lo que no garantiza a nadie la permanencia de la ayuda oficial. La pomposa medida equivale apenas a 5.1 millones de dólares, cuando el problema, como se ha visto, supera los 187 millones.
Ante la ola incontenible de secuestros, la mayoría de los dueños ni siquiera puede hacer acto de presencia en sus fincas, lo que afecta severamente la gestión administrativa.
La guerrilla se adueña de los campos. Nadie revela ya extrañeza cuando a la vera de los ríos aparecen a diario trabajadores ultimados a tiros, o administradores, o dirigentes sindicales. Ante tan asfixiante clima de anarquía, el gobierno se sigue resistiendo a ofrecer garantías serias a la vida y los bienes de las personas.
La iliquidez es absoluta. «El problema de bulto que nos afecta a todos es la carencia de efectivo – sostuvo un empresario-. Antes lo había hasta para atender a la vacuna; hoy no hay plata siquiera para pagar salarios».
En medio de este caos, el país se ha enterado con sorpresa de que varias trasnacionales gringas aparecen ahora como dueñas directas de una porción inmensa del área explotada -que podría abarcar más de 25% del total-, resueltas a barrer con las tres principales comercializadoras nacionales, Uniban, Proban y Banacol.
Adquiriendo las tierras a precio de remate, por conducto de testaferros, ha hecho su irrupción la Chiquita Brands. «¿Por qué se resolvieron a volver en calidad de productores directos y comercializadores -se pregunta Enrique Molinares-, si el orden público continúa alterado? Su táctica, mantenida en reserva desde 1987, la hemos venido a descifrar apenas ahora: es la muy conocida del caballo de Troya. Las compañías gringas preveían desde hace años el acuerdo marco entre Latinoamérica y la Unión Europea. Sucede que en los demás países del área del dólar -Ecuador, Panamá, Honduras y Guatemala-, la Chiquita, la Standard y la Del Monte dominan por completo la producción. En Costa Rica, en cambio, al igual que en Colombia, el capital nacional venía ganando fuerza. De manera que a las transnacionales les faltan Costa Rica y Colombia para armar por completo el rompecabezas. Aquí han llegado, pues, como en tiempos de la United Fruit, a buscar el absoluto predominio. Su objetivo estratégico se ha puesto al descubierto: se proponen ser ellas las mayores beneficiarias de los acuerdos bananeros de América Latina con la Unión Europea».
En contraste con la penosa situación que abate a los finqueros, la de las multinacionales es boyante. «Banadex es la única que está al día en los pagos -señala un empresario-. En Urabá corre la voz de que se encuentra a paz y salvo inclusive con la guerrilla. Hasta en esto le va mejor que a los cultivadores nacionales».
Otros beneficiarios de la crisis han sido los seis o siete grupos financieros. Como en el resto del país, también aquí la banca se ha enriquecido aprovechando las afugias del sector productivo.
Mercado internacional desfavorable
La actual crisis se comenzó a agravar en 1992, cuando los productores del área del dólar, los del Caribe anglo-francés y los de las antiguas colonias africanas, incrementaron fuertemente las siembras pensando en explotar las posibilidades abiertas por la Unión Europea. En sólo dos años, la zona bananera de Urabá se amplió de 18 a 32 mil hectáreas, y la del Magdalena, de 4 a 15 mil.
Al presentarse en 1994 una sobreoferta mundial, la UE resolvió estatuir barreras a las importaciones de la América Hispana, imponiéndoles una cuota anual de 2.2 millones de toneladas. Días más tarde decidió recargarlas con fuertes aranceles y excluyó a Proban, Banacol y Uniban de la comercialización directa en puertos europeos. Dichas disposiciones iban en beneficio de las antiguas colonias, como también de España, Grecia y Portugal, productores directos de la fruta.
Las comercializadoras colombianas se lanzaron entonces a abrir mercados en Europa del Este y a incrementar los de Norteamérica. El fugaz éxito resultó opacado por la caída de los precios y por el pernicioso neoliberalismo de las dos últimas administraciones.
También a Costa Rica la están perjudicando los flujos y reflujos del mercado internacional. La enorme diferencia es que allí los gobiernos se han volcado a apoyar la actividad; aquí los de Gaviria y Samper, en cambio, no han hecho más que causarle daños. Que las medidas oficiales son factor principal de la imparable bancarrota lo revela el siguiente hecho: a partir de 1992, el precio para el productor, por caja de fruta, es en promedio de 4.25 dólares, el más alto en los 110 años de historia bananera en nuestro país. Y aun así, la quiebra del sector es inminente.
Como Uniban, Proban y Banacol habían obtenido, en el marco del acuerdo suscrito con Europa, que de los 2.2 millones de toneladas, el 21 % le correspondiera a Colombia, Clinton salió a apoyar las pretensiones de la Chiquita Brands y otros consorcios, en su exigencia de que a nuestro país le fuera recortado el porcentaje. Las multinacionales nos exigen ceder un monto sustancial, en provecho de Panamá, Ecuador y Centroamérica, donde el negocio se encuentra dominado por ellas.
Clinton amenaza a Colombia con aplicarle la super ley 301 de 1974 si insiste en defender su cuota de 21%. Autoridades gringas han dejado muy claro que podrían tomarse severas represalias contra el café, las flores y las manufacturas. De llevarse a la práctica tal chantaje, la industria bananera de Colombia sufriría un nuevo revés, ya que 51% del total de su producción va destinado a Norteamérica.
La oposición de Estados Unidos al acuerdo firmado por Europa con las naciones de América Latina hace parte de la aguda confrontación que mantienen estos dos grandes bloques mundiales. Costa Rica y Colombia han sido cogidas entre dos fuegos.
Llevando la vocería, no de los empresarios nacionales sino del capital norteamericano, el gobierno ha informado que obligará a Proban, Banacol y Uniban a renunciar a porcentajes de sus ventas en pro de las trasnacionales gringas que operan en Colombia. Samper, en síntesis, está dispuesto a arrodillarse… para variar. Tal es la claudicante fórmula que el ministro de Comercio Exterior le transmitió al representante de Comercio míster Kantor.
Sombríos nubarrones se ciernen sobre la ya maltrecha zona de Urabá. Para salirle al paso a tan nefasta conspiración, un foro reunido no hace mucho en Apartadó propuso un frente amplio y unitario, con participación de todos los estamentos sociales, incluidos los empresarios nacionales, el defensa de la soberanía económica y la producción nacional.
Albeiro Franco, presidente de Utradiban-CGTD, ha señalado: » Si no luchamos, el gobierno de Samper terminará por dejarle la solución de la crisis a las llamada leyes del mercado, que son las de los monopolios. Las tierras comercializadoras colombianas acabarán por cambiar de dueño.
Es la política del ¡sálvese quien pueda! «