Jorge Santos Núñez, senador del MOIR, preside manifestación antiyanqui en la isla, con organizaciones políticas y sociales
Con creciente alarma e indignación los colombianos venimos registrando cómo el gobierno norteamericano se prepara para intervenir militarmente en nuestra nación y ocupar el archipiélago de San Andrés y Providencia. Tales preparativos se adelantan con ocasión de la llamada ‘certificación’ condicionada de Estados Unidos sobre Colombia. Una cadena de hechos, públicos y secretos, confluye en la infame campaña de desprestigio mundial que busca presentarnos como país de pandilleros y narcotraficantes. Se persigue así lograr la aceptación internacional de una eventual intervención militar yanqui, arguyendo que el actual gobierno es incapaz de reprimir el comercio de estupefacientes tanto en la isla de San Andrés como en nuestro territorio continental.
¿En qué basa Estados Unidos su derecho a calificar el desempeño y a tomar represalias contra los países flagelados por la producción y el tráfico de narcóticos? En su poderío económico y, en últimas, en sus fuerzas militares y expedicionarias que amedrentan, ocupan y arrasan naciones atrasadas y débiles. Tamaña práctica imperialista se ejerce bajo el camuflaje de la lucha contra el narcotráfico. El ‘argumento’ funcionó en la invasión en regla contra Panamá, y en los secuestros de nacionales acusados de tráfico ilegal de drogas en México y Honduras. ¿Qué significa la ‘certificación’ gringa a los países subdesarrollados? Nada menos que la indignante situación neocolonial de las naciones del Tercer Mundo en el nuevo «orden mundial» del superpolicía del planeta. El gobierno de Ernesto Samper no repudió ni cuestionó siquiera, como debía hacerlo, la humillante ‘certificación’. Desesperado por obtenerla, movilizó hacia la capital del imperio, en vano, una plañidera romería de funcionarios. Tampoco sirvió que sus ministros rindieran cuentas y esmerados informes, como a un incontestable superior, al embajador Frechette. (…)
Desde el oscuro episodio de los narcocasetes, del que aún no se han descartado manos gringas, dijimos y lo reiteramos ahora: la necesaria represión al delito y la cooperación internacional que ello demanda no pueden convertirse en instrumento de intervención y de sujeción económica foránea, como viene ocurriendo con la anuencia del gobierno. Por ello es inadmisible la presencia -consentida por la anterior y la actual administración -de bases militares norteamericanas regadas por nuestra geografía, así como de tránsito y los operativos de tropas, naves y aeronaves, de la DEA y otras agencias estadinenses en nuestro suelo. El periódico El Nuevo Siglo consignó, con razón: «La embajada norteamericana tiene infiltrada en las dependencias del gobierno colombiano una cantidad de agentes, unos oficiales y otros secretos, que reportan directamente a las oficinas de Washington». (…)
Si el gobierno de Clinton se decide por la invasión militar sobre Colombia desencadenaría una explosiva situación, una verdadera crisis de alcances revolucionarios. Los patriotas de todas las clases, sectores, fuerzas y partidos, incluyendo los de las Fuerzas Armadas, nos uniremos y lucharemos sin cuartel contra el invasor en defensa de la soberanía y la independencia de la nación.