Como culminación de una campaña infamante, el 1° de marzo pasado el gobierno de Bill Clinton propuso al Congreso norteamericano «certificar a Colombia por motivos de interés nacional». El altanero imperio, el mayor productor de marihuana y el que consume más cocaína en el mundo, se arroga el derecho de «calificar» el comportamiento de otros Estados en la lucha contra la producción y el tráfico de narcóticos.
La argucia busca justificar incluso una invasión militar a nuestro territorio. Entre las diferentes alternativas, extender certificación plena, negarla o expedirla por razones de interés nacional, a nuestro país se le escogió esta última, la más humillante, ya que lo señala como una nación criminal y, a la vez, le arroja un puñado de dólares para mantener el chantaje. El país entero ha manifestado su indignación, mientras Samper se muestra en un todo obsecuente.
El boletín del consumidor
En el libelo, Clinton se entromete en cuestiones judiciales, de reformas de las leyes y los códigos, operaciones de policía, fumigación de cultivos, en fin, dicta órdenes a las diversas ramas del poder público colombiano.
Sostiene que su propuesta les permitirá seguir imponiendo las políticas antinarcóticos, la protección de los «derechos humanos», promover el libre comercio y la cooperación en foros internacionales. No aconseja la llamada descertificación pues provocaría estridentes llamados nacionalistas. Como se puede ver, se trata de un plan de avasallamiento.
A lo largo del texto se culpa a Colombia por el desaforado apetito de buena parte de los gringos por toda clase de narcóticos, aunque las verdaderas causas de la creciente drogadicción no hay que buscarlas en Colombia ni en Perú, sino en la profunda descomposición de la sociedad norteamericana. Prueba clara de que el coloso está corroído en sus entrañas: unos 30 millones de habitantes consumen regularmente sustancias sicotrópicas. Aumenta la delincuencia juvenil, y en sólo una ciudad, Los Angeles, opera más de un centenar de organizaciones de traficantes. Para la gran masa de inmigrantes el sueño americano se convirtió en pesadilla. Los ingresos de la mayoría de las familias decrecen, mientras que la superexplotación del trabajo aumenta. Las profundas contradicciones sociales asedian el ínfimo grupo de potentados. En la cima, el hartazgo lleva también a la búsqueda de nuevos y Según los jefes republicanos, en la misma Casa Blanca se deleitan a porrillo con los alucinógenos. Tienen en ciudades norteamericanas sus “narcodemocracias” y el cultivo de la marihuana, que hace evocar presidente Clinton sus años juveniles ha alcanzado tal importancia, que el valor de su producción anual duplica el del maíz. La marihuana prácticamente es un emblema nacional.
So pretexto de la persecución al comercio de estupefacientes, los gringos vienen interviniendo abiertamente en los asuntos internos de los demás, fanfarronean de campeones de la lucha contra este delito y calumnian ante la comunidad internacional a repúblicas completas. Ya en diciembre de 1989 las tropas gringas asaltaron bárbaramente a Panamá y secuestraron a Manuel Antonio Noriega. La Corte Suprema de Estados Unidos dio el visto bueno al plagio de ciudadanos en territorio extranjero para ser «juzgados» por tribunales gringos y, por esos mismos días amenazaron con enviar el portaviones John F. Kennedy a requisar todas las embarcaciones que arrimaran a nuestras costas.
Al mando la estrategia gringa
Desde las administraciones de Belisario Betancur y Virgilio Barco han presionado al país para que dé prioridad a la cacería de los barones de la droga. La zozobra padecida y las pérdidas de vidas y bienes son enormes. En el período de Gaviria, una vez impuestas las medidas de apertura económica, la nueva disposición consistió en poner en marcha la llamada política de sometimiento a la justicia que contemplaban la reducción de penas a quienes confesaran sus fechorías, esto es, la versión colombiana de los acuerdos judiciales estadounidense. Tales pasos fueron respaldados incluso financieramente por Estados Unidos. Dicen que la justicia colombiana es una vergüenza. Sin embargo ha sido determinada por ellos.
Las reformas Jurídicas que se nos imponen niegan cada vez más el debido proceso. Con razón el anterior fiscal, Gustavo de Greiff, dijo que se nos exige condenar sin pruebas.
El Tío Sam ha elaborado una suerte de frangolla teórica que consiste en decir que Colombia no puede reclamar soberanía, pues, según sostienen, ya la perdió a manos de las organizaciones de los capos. Dicen que la exportación de alucinógenos, así sea por particulares, es una agresión a su territorio y que, por lo tanto, tienen derecho a invadir. El propio general Barry R. McCaffrey, jefe del Comando Sur en Panamá, afirmó que los narcóticos son un problema de seguridad nacional; por ello son las fuerzas militares gringas las que deben actuar. Y agrega que en jurisdicción del Comando hay 19 países cuyas fronteras «nosotros reconocemos, pero los narcotraficantes no. Si todos juntos no los agarramos van a derrotarnos individualmente». El documento de Clinton al Congreso deja abierta la puerta para una invasión a San Andrés cuando plantea que «continúa existiendo un problema con el control de territorios soberanos por parte de los sindicatos de la droga, como en la isla de San Andrés».
Samper se arrodilla aún más
La tiranía de la superpotencia se hace intolerable. Tiene bases militares y equipos de radar instalados en nuestro suelo. La DEA actúa permanentemente y hasta sus agentes se toman el derecho de descalificar de manera pública a las autoridades y las instituciones nacionales.
Ante la reprobación yanqui, Samper ha respondido con una actitud desvergonzada y sumisa. Ha aceptado todas las imposiciones, cumplido todas las órdenes, soportado todos los atropellos, para lo cual ha contado con el beneplácito de la dirigencia de los partidos tradicionales.
En carta dirigida a varios senadores gringos, mendigando la certificación, alega que ha impulsado la fumigación con glifosato, que la policía y el DAS fueron reformados acatando las instrucciones del Norte y que los directores de esas instituciones y el fiscal se escogieron a gusto de la potencia. Promete erradicar los cultivos de narcóticos en un plazo de dos años y diariamente envía ministros y altos funcionarios a suplicar a la DEA, al Departamento de Estado, a la Casa Blanca y a cada uno de los senadores.
Repudio nacional
Una encuesta publicada recientemente destaca cómo más de 80% de los colombianos exige que se rechace la «ayuda» y se defienda la dignidad nacional. García Márquez señaló que es indigno que Colombia, por 16 millones de dólares, tenga que someterse a una humillante certificación y llama a tomar conciencia de que se trata de un instrumento de intervención de Estados Unidos. Fabio Echeverri señaló que estamos arrodillados ante el consumidor mayor. En el mismo sentido se han pronunciado los prelados de la Iglesia, la CGTD y el Partido Comunista. Hasta personajes caracterizados por su defensa de los intereses norteamericanos, que han negado la existencia del imperialismo y que han ridiculizado a los marxistas y en general a los patriotas, han tenido que reconocer que estamos ante una ofensiva imperialista.
Sólo un grupito de inverecundos neoliberales dice que no importa la afrenta al honor nacional, que lo fundamental es que no se afectaron los intereses económicos. Es decir, que van a seguir recibiendo unos cuantos millones de dólares a cambio del pisoteo de la nación. Y algunos dirigentes políticos y periodistas han servido de altavoces de la campaña difamatoria contra el país. De sujetos así Oscar Wilde decía que conocen el precio de todo, pero ignoran todos los valores.
La experiencia muestra claramente que a cada acto de sumisión sigue una nueva afrenta. Se impone la unidad de todos los patriotas para enfrentar el atropello y desenmascarar a los genuflexos, y para rescatar la soberanía y la altivez nacionales.