Agobiada por la ruina del agro que ha generado la política aperturista; asfixiada por la falta de recapitalizaciones del Estado que, según el propio minagricultura, Antonio Hernández, desde 1958 se han quedado en el papel; disminuida con el recorte de 50% de su nómina; desangrada por el financiamiento a los damnificados por desastres naturales y obligada a cuantiosos gastos por los acuerdos de paz, y por la proliferación de asesores con jugosos sueldos; restringidos los créditos y elevados los intereses; despojada del manejo de los seguros; acabada la asistencia técnica y clausurados los Agropuntos y Cresemillas, a la Caja Agraria, banco rural por antonomasia, pretenden darle el puntillazo final.
En el proceso de su destrucción, el Banco Mundial impone las condiciones y el régimen hace su oficio entregándolo al capital privado. Según proyecto de ley a presentarse, se propone fragmentarla en varios bancos regionales con 49% de capital privado (que hoy tiene 1%). A la única presencia estatal en zonas apartadas de la República se le cerrarán más de cuatrocientas oficinas, indican estimativos del ministerio y del presidente de la entidad, Gustavo Castro Guerrero.
Más que nunca los trabajadores están vigilantes, con su sindicato a la cabeza. En Cumaca, Cundinamarca, y Salónica, Valle, los trabajadores se aprestan a defender lo suyo. El Sintracreditario, unido con los usuarios, los campesinos, los gremios agrícolas y la población en general, aplicará consecuentemente la línea de resistencia civil en procura de la soberanía económica. La aleccionadora experiencia de Apulo es una prueba al canto.