Las clases dominantes explotadoras realizan elecciones o las suspenden, abren sus parlamentos o los cierran, imponen gobiernos civiles mediante votaciones o caudillos militares mediante ‘cuartelazos’, según, donde y cuando les convenga. Esta ha sido la historia hasta hoy de la casi totalidad de las repúblicas latinoamericanas, para no salirnos de nuestro continente, o por lo menos es la experiencia de Colombia. El Estado y sus instituciones representativas tienen su definida naturaleza de clase y son instrumentos de dominación de una determinada clase. Las clases revolucionarias no pueden esperar a que el Estado de las clases reaccionarias y sus instituciones representativas se pongan a su servicio, así aquéllas consigan las mayorías en unos comicios generales. Si aspiran a emanciparse y a transformar la sociedad, las clases trabajadoras oprimidas están obligadas a construir, sobre los escombros del Estado opresor destruido revolucionariamente, su propio Estado con sus instituciones diferentes a las desaparecidas.
(…) Bajo el régimen de explotación y represión, en el cual los grandes potentados internacionales y sus sirvientes criollos se hartan de riquezas a cambio del sudor y la sangre de las mayorías, y mientras continúe el imperialismo controlando los resortes vitales de la economía y por ende se mantenga en lo fundamental intacta su influencia política, bajo este régimen, la mejor democracia del mundo es falsa; que sólo en un Estado de obreros, de campesinos y del resto del pueblo, independiente y soberano, con sus organismos representativos auténticamente democráticos, las masas podrán gozar de todos sus derechos y participar plenamente en la política. Educaremos a las clases revolucionarias en la idea leninista de que ‘la revolución debe consistir no en que la clase nueva mande y gobierne con la vieja máquina del Estado, sino que destruya esa máquina y mande, gobierne con ayuda de otra nueva. (…) La esencia de la cuestión radica en si se mantiene la vieja máquina estatal (enlazada por miles de hilos a la burguesía y empapada hasta el tuétano de rutina e inercia) o si se le destruye, sustituyéndola por otra nueva’”. («Algo más sobre la política de unidad y combate», Tribuna Roja N° 9, septiembre de 1973, en Unidad y combate, op. cit).
«En la historia de la lucha de clases no se ha dado aún el primer caso en que los opresores entreguen pacíficamente a los oprimidos las riendas de la sociedad. E inclusive ejemplo chileno, sobre el que tanto se teorizaba diciendo que había iniciado la época de las revoluciones incruentas, que era el otro experimento latinoamericano después de Cuba, la ‘nueva apertura’ revolucionaria, el modelo viviente de la ‘vía electoral’, ‘un camino para explorar hacia el socialismo’ y demás estulticias, se vino al suelo hecho trizas con el cuartelazo sanguinario de Augusto Pinochet y el sacrificio de Salvador Allende». («Una posición consecuentemente unitaria», Tribuna Roja N° 16, septiembre 12 de 1975, en MOIR: Unidad y combate, op. cit.).
«Los obreros demostrarán ante sí mismos y ante el pueblo, no el respeto, sino la profunda repugnancia que les produce la democracia oligárquica, con sus derechos y libertades para matar de hambre a los desposeídos: con sus leyes y sus jueces para hacer del pillaje un negocio lucrativo y honesto; con sus cárceles y verdugos uniformados para mantener la santa paz social (…). («El congreso de la CSTC». Tribuna Roja No. 13, febrero, 27 de 1975. MOIR: Unidad y combate, op. cit.).
«La legalidad en todos los tiempos en que ha imperado no ha sido más que el instrumento de dominación de unas clases sobre otras, como el Estado, el ejército, la democracia, la libertad, el derecho y la superestructura entera de la sociedad. La legalidad de la organización social neocolonial y semifeudal vigente en Colombia es un elemento de la dictadura del imperialismo norteamericano y de sus agentes colombianos. Nunca esta legalidad se ha visto en armonía con los intereses de la nación y del pueblo. No obstante, la experiencia histórica indica que las clases explotadoras dominantes no tienen el menor estorbo para violar su propia ley, siempre y cuando lo requieran sus mezquinos propósitos. Merced a ello la legalidad como su violación son medios de sojuzgación de clase». («Una posición consecuentemente unitaria». op. cit.)