Por Nelson Osorio Ramírez
Con marchas, mítines y bloqueos, la clase obrera boliviana desafió en los últimos meses la receta neoliberal impuesta por el presidente Carlos Sánchez de Lozada. Las privatizaciones, los despidos masivos de trabajadores, la desmejora en las condiciones laborales y la persecución a los campesinos fueron, entre otros, los motivos de la protesta.
Una huelga de maestros, a comienzos de marzo, desató el amplio movimiento de masas que puso en jaque durante dos meses al gobierno aperturista. Los educadores rechazaron una ley contraria a sus intereses y exigieron mejor salario. Las reivindicaciones de los campesinos y de los cocaleros, que por siglos han comerciado con la hoja, entraron a hacer parte del conflicto, y junto con las de otros sectores de la producción fueron peticiones agitadas por los obreros.
Campesinos por la dignidad nacional
En la zona tropical del Chapare, el 13 de julio de 1994, la DEA adelantó la operación «Nuevo Amanecer» para erradicar los sembrados. Miles de bolivianos ripostaron con marchas reclamando créditos y ayuda estatal para la sustitución de cultivos. Algunos recorrieron cientos de kilómetros desde Santa Cruz de la Sierra hasta el Palacio Quemado, sede del régimen, pidiendo respeto para su trabajo y sus tradiciones. Denunciaron hasta la saciedad que, so pretexto de combatir la droga, la invasión de los organismos secretos, la aviación y los mandos militares gringos, que pululan por la geografía de Bolivia, responde al plan de colonización económica, política y militar diseñado por la Casa Blanca.
Aquéllas fueron movilizaciones de un definido carácter antiimperialista. Se presentaron choques con la policía y los funcionarios, y los arrestos y detenciones se multiplicaron. Pero ni la persecución ni las amenazas lograron detenerlos.
En este marco rebelde la Central Obrera Boliviana, COB, decretó el pasado mes de abril la huelga general indefinida en apoyo a la lucha del magisterio y al pliego presentado al gobierno.
El asalto a la sede de los sindicalistas
La represión se desató. El 18 de abril, en las horas de la noche, las autoridades decretaron el estado de sitio que, según la Constitución, puede prolongarse durante 90 días. Los esbirros de Sánchez rodearon el edificio donde se adelantaba una asamblea popular y apresaron a los dirigentes, a quienes trasladaron al aeropuerto, confinaron y aislaron en distintas guarniciones militares, a miles de kilómetros de sus hogares y en sitios inhóspitos. Fueron casi cuatrocientos líderes obreros, comunales, campesinos, educadores, estudiantes, tras quienes se abatió la furia del enemigo. Sellaron las sedes, prohibieron las marchas y «todas las reuniones de grupos políticos, sindicales, sociales y cívicos del país».
La medida tenía el mismo amargo sabor de las dictaduras militares que ha padecido Bolivia, apoyadas y financiadas por los Estados Unidos.
Iglesia y gremios rechazan intervención extranjera
Las reacciones nacionales e internacionales fueron inmediatas. La Iglesia boliviana, luego de condenar los atropellos, afirmó que «el estado de sitio no puede ocultar las lacerantes situaciones inhumanas que tocamos por doquier. Sólo atacando las causas de estos fenómenos, con el concurso de todos, seremos fuertes para impedir que Bolivia se sumerja cada vez más en imposiciones foráneas, ideológicas y económicas».
En abierto desafío a las medidas, los periodistas agrupados en la Federación de Trabajadores de la Prensa, FTPB, decretaron una jornada nacional de lucha, coordinada por los sindicatos de los nueve departamentos, con bloqueos y movilizaciones. Varios periodistas fueron detenidos.
La Confederación de Trabajadores Fabriles, por su parte, decretó el 24 una huelga en apoyo de la COB. En la región del Chapare, un centenar de campesinos resultaron arrestados En Cochabamba y otras ciudades, los estudiantes salieron a las calles.
Sólo hasta el 29 de abril se firmó el levantamiento del paro, que durante siete semanas había conmocionado a Bolivia.
En Colombia, la CGTD respalda al pueblo boliviano
En acto de solidaridad de clara estirpe internacionalista, la Confederación General de Trabajadores Democráticos de Colombia, CGTD, llevó a cabo el martes 24 de abril, ante la Embajada de Bolivia en Bogotá, un combativo mitin que exigió la inmediata liberación de los patriotas encarcelados y repudió las medidas fascistas que aplicó el gobierno de Sánchez de Lozada. Decenas de telegramas condenando la represión fueron enviados por los sindicatos del país.
La Junta Nacional del Sindicato de la Caja Agraria afirmó en comunicado el 21 de abril: (…) «Solidarizarnos con la Central Obrera Boliviana, COB, respaldar su enérgica lucha contra la dominación imperialista, y contra el gobierno de Carlos Sánchez de Lozada. Saludar el aguerrido ejemplo de nuestros hermanos de Bolivia y enaltecerlo como el camino de resistencia que los proletarios de América Latina debemos emular contra la recolonización imperialista gringa».
Como parte inconfundible que es del combate continental por su liberación definitiva y contra la apertura económica impuesta por el enemigo común de la humanidad, la erguida protesta de las masas bolivianas ha recibido del pueblo de Colombia y de sus destacamentos proletarios la más cálida voz de aliento de respaldo.