La realización en Bogotá del Foro Nacional por la Defensa de la Universidad Pública, los días 30 de septiembre y 1° de octubre, con la presencia de 500 delegados de los principales centros de educación superior del país, significó un importante avance en la brega por consolidar un amplio frente que impida la privatización que se les quiere imponer a las universidades del Estado, y por rescatar su papel como palancas del desarrollo independiente de Colombia.
El evento fue convocado por los directivos de las universidades de Antioquia, Atlántico, Llanos, Tecnológica de Pereira y Valle, la Asociación de Profesores universitarios, Aspu, la Federación de Profesores Universitarios, Sintraunicol, Sinties y el Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia, Consec, organización que agrupa a la mayoría de los representantes a consejos superiores y académicos y a cientos de consejos estudiantiles.
En su declaración final se afirma que la recurrente crisis financiera de la universidad, se ha agravado con «la política de ajuste fiscal dictaminada y monitoreada por el FMI», y que ésta es «parte integral del modelo neoliberal de apertura económica impuesto por la banca mundial y el gobierno norteamericano para recolonizar la América Latina y a Colombia».
Se denuncia la pretensión contemplada en el proyecto de ley 89 de 1996, de subordinar el desarrollo académico al Ministerio de Hacienda, v cómo la «búsqueda de fuentes alternas de financiación (…) distorsiona el papel educativo de las instituciones».
El documento plantea que cada vez es más restringida la posibilidad de acceso de la población a la universidad, pues los niveles de cobertura han disminuido y las matriculas han aumentado. Se advierte sobre el descenso en la calidad de la educación y la imposibilidad de emprender «programas de investigación que sirvan de soporte a al desarrollo del país».
Mientras en la planta de personal aumenta el número de profesores de cátedra, disminuyen los profesores de tiempo completo; no hay recursos para capacitación y los docentes ven desmejorarse día a día sus ingresos.
«La universidad misma está desapareciendo», dice la declaración. Tras denunciar el deterioro físico de los enseres, señala que las carreras semipresenciales y a distancia se están generalizando, “sin que garantice la necesaria calidad de sus programas”
Finalmente recalca que la solución de los problemas del desarrollo nacional «pasa por la financiación total de la educación por parte del Estado», y concluye con los seis puntos que resumimos a continuación:
1. Rechazo a las políticas de congelamiento o recorte de los aportes estatales a las instituciones de educación superior. Impedir que se endose a las universidades el pago del pasivo prestacional y que el rumbo académico quede subordinado a las determinaciones del Ministerio de Hacienda.
2. La comunidad educativa no concibe una reforma de la educación superior sin que el Estado asuma la responsabilidad financiera. La autonomía universitaria no puede entenderse como la habilidad institucional para generar recursos. El estatuto financiero propuesto por el gobierno no garantiza la existencia de la universidad pública, ni de una comunidad científica, ni los elementos para mejorar la calidad de la educación, y menos aún si los recursos públicos pretenden destinarse a la educación privada.
3. Exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y las organizaciones de profesores y trabajadores con el propósito de fortalecer la Universidad Pública.
4. Compromiso de dar a conocer la declaración a los miembros de la Comisión para el Desarrollo de la Educación Superior, el CESU, al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a los trabajadores del sector estatal y a la opinión pública.
5. Se considera inaceptable una reforma de las instituciones de educación superior sin el concurso decisorio de los estamentos de-la universidad.
6. Manifiestan el más vivo interés en seguir consolidando el frente por la salvación de la educación pública en pos de la defensa de esta estratégica actividad, soporte del desarrollo y la soberanía nacionales en el campo de la cultura.