(Carta abierta al presidente de la República, aprobada por unanimidad, a manera de conclusiones, en el Congreso Nacional de Unidad Agropecuaria, realizado en Pereira el 10 de abril de 1997)
Congreso Nacional de Unidad Agropecuaria.
Muchas cosas han pasado en Colombia desde cuando se decidió someter el país al modelo neoliberal. Ya no es posible decir, como se dijo hace siete años, que la apertura y la privatización recomendadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional generarían progreso entre los que laboramos en el campo. Nuestra dolorosa experiencia ya dio su veredicto: quienes defendieron la apertura y la privatización se equivocaron en materia grave, como lo demuestran hechos que no pueden ser negados con retórica.
Es tal el desastre de la producción campesina y son tantos los problemas del sector empresarial, que las bajas rentabilidades se convirtieron en la norma y son ya muchos los que perdieron sus tierras, en tanto que más todavía transitan por el mismo camino. Hasta el café y la ganadería sufren como no se recuerda en la larga historia de padecimientos del sector agropecuario. De ahí que el empobrecimiento y la miseria hayan generado una cifra que resume lo que ocurre y que debiera avergonzar al gobierno: más de 70 de cada 100 habitantes de las áreas rurales sobreviven por debajo de la llamada «línea de pobreza».
Esto no ocurre porque los productores agropecuarios del país sean «ineficientes», como con cinismo afirman los neoliberales. Esta catástrofe -que es tan grave que hasta corroe los cimientos mismos de la nacionalidad, porque tiende a eliminar la seguridad alimentaria del país- se explica por la actual orientación que agrava el viejo sesgo antiagrario de la economía nacional. Las importaciones agropecuarias, que ya superan los cuatro millones de toneladas al año, golpean de manera directa la producción interna de esos productos y lesionan, de forma indirecta, a los que no se importan porque los empujan hacia su producción excesiva. Los precios de sustentación prácticamente desaparecieron en los pocos renglones que los tuvieron y los intermediarios compran a como se les antoja. El crédito es escaso e inoportuno, y las altas tasas de interés convierten a los deudores en siervos del capital financiero. Las débiles instituciones oficiales que en algo respaldaban al sector, vienen siendo sistemáticamente eliminadas. Y el gobierno no sólo no controla los costos de los insumos que proveen los monopolios privados, sino que eleva los impuestos y las tarifas de los servicios públicos. Hasta la política cambiaria azota a los que producen para exportar y a los que padecen por las importaciones. En conclusión, sostenerse en el agro nacional es cada vez más imposible.
Al fracaso de la teoría y de la práctica aperturistas hay que sumarle un conocimiento que descalifica de plano a quienes insisten en defender el dogma neoliberal: con el pretexto de hacer lo que se hace en Estados Unidos y en las otras potencias, en Colombia se orienta el agro exactamente al revés de como se orienta en esos países. Todo el mundo sabe que en esas naciones se trabaja en medio de las facilidades de unos Estados que aseguran abundantes tierras, potente maquinaria, ciencia e investigación en grande, formidable asistencia técnica, leves inflaciones, créditos abundantes y baratísimos, amplios mercados y, como si fuera poco, más de 300 mil millones de dólares en subsidios al año, así como todo tipo de medidas que protegen contra los pocos productos extranjeros que así y todo pueden competirles.
En estas circunstancias, señor presidente, es obvio que la política de salvación que requiere el sector agropecuario exige un profundo cambio en la orientación que su gobierno viene aplicando, empezando por el desmonte de la apertura y la privatización impuestas por el modelo neoliberal. Así, la garantía de la seguridad alimentaria nacional requiere de, por lo menos, las siguientes medidas:
1. Precios de sustentación remunerativos, estables y garantizados por el Estado.
2. Créditos suficientes, oportunos y baratos. Adecuadas soluciones al problema de las deudas.
3. Control al incremento de los costos de producción y, especialmente, a los precios de los insumos y a los pagos de impuestos, gravámenes y servicios.
4. Mantenimiento y fortalecimiento de las instituciones estatales de crédito, comercialización, investigación y demás que requiere el sector agropecuario.
5. Modificación de los acuerdos y políticas que facilitan las importaciones agropecuarias y diseño de una estrategia de protección que garantice el autoabastecimiento nacional.
Atentamente,
Congreso Nacional de Unidad Agropecuaria.