Por Violeta Osorno
En el número anterior de Tribuna Roja hicimos un balance de la situación económica y social de Chile desde los inicios de la aplicación de la apertura con la Dictadura Militar y su profundización durante los gobiernos de la «concertación» en los últimos siete años. Como quedó demostrado, lejos de haber traído desarrollo, en el país austral se ha agudizado la crisis de la producción nacional y ha empeorado la miseria del pueblo. Pinochet, Aylwin y Frei han cumplido con las imposiciones del Banco Mundial y del FMI, para colocar la economía al servicio del capital financiero.
Si bien estas imposiciones han tenido un efecto siniestro sobre la industria y sobre las condiciones de vida de los asalariados, han vapuleado también y de manera violenta al sector agrario.
Dos décadas de penuria
Como consecuencia de las medidas neoliberales, la producción alimentaria básica de Chile fue desplazada por la siembra de manzanas, uvas, albaricoques y árboles para la exportación. Mientras el área de cultivos de frutas se duplicó entre 1968 y 1985 y ha seguido aumentando cada año, y los bosques de plantación alcanzan ya dos millones de hectáreas, se redujo la cantidad de tierras destinadas a los cultivos esenciales, los cuales, entre 1958 y 1972, ocupaban 1.263.000 hectáreas. Para 1983 esta superficie había disminuido a 877 mil hectáreas y la tendencia se ha profundizado en los últimos años : en el período 19861993, el área total cultivada mermó en 10%, debido a la brusca caída en 32.6% de la tierra dedicada a los productos alimenticios. El cambio más dramático se registró en el trigo. Pese a ello, y debido a la reducción de la demanda interna que trajo el empobrecimiento general de la población, y a la competencia generada por las importaciones, los precios de algunos cultivos básicos, particularmente los cereales, sufrieron una disminución considerable: de 1987 a 1993 los precios reales recibidos por los agricultores se redujeron 25% en el caso del trigo, 18% en el del maíz, 30% en el de semilla de colza y 29% en la remolacha.
A lo anterior se agrega la progresiva quiebra de la ganadería bovina. Este sector sufrió pérdidas de 21 % en 1996 con respecto al año anterior y, lo ha denunciado el Servicio Agrícola y Ganadero adscrito a Minagricultura, por tipificación fraudulenta de las carnes importadas, obligando a los productores a bajar precios. Se espera que las importaciones de carne aumenten pues esta actividad está siendo abandonada por poco rentable. La crisis se ha extendido a los avicultores por la caída vertiginosa del precio del huevo y por los altos costos de los insumos, en su mayoría extranjeros.
Como lo han expresado técnicos del mismo gobierno, quienes critican las medidas aperturistas, la seguridad alimentaria dependerá de las importaciones, y estará sometida a la variabilidad de los precios y los excedentes internacionales, haciendo a Chile más vulnerable ante cualquier contingencia política.
Para corroborar la tesis de que la economía de mercado abierto no deja piedra sobre piedra, las dificultades se han extendido a los productores de bienes de exportación. Los precios de la harina de pescado y el salmón, que representan 69% de las exportaciones pesqueras, están estancados y se prevé que el volumen de ventas al exterior será menor. Aunque las frutas aumentaron su precio así como el volumen de envíos, han sido objeto de mayores exigencias de calidad y presentación y de aranceles discriminatorios, debido entre otros a la competencia alentada por los capitales extranjeros en países de Latinoamérica, Asia, y África, e incluso Estados Unidos. Es por ello que el sector exportador ha presionado a los productores para que rebajen los precios, lo cual ha ocasionado fuertes controversias entre sus agremiaciones. El Kiwi, uno de los promocionados frutos exóticos para la diversificación, no fue recibido en 1996 por Estados Unidos alegando deficiencias de calidad. Irónico caso, cuando de ese país proviene 29% del total de las importaciones. El sector forestal vio reducido tanto el volumen como los precios de exportación. Sólo se salvaron los vinos y las manzanas, a causa de las sequías presentadas en California, lo cual hace incierto el panorama si este fenómeno se controla.
Tal como lo denunció el presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío, José Miguel Steigmeyer, 1996 fue el peor año para la agricultura en la historia de Chile. El dirigente denunció el desamparo al que el Estado tiene sometido al agro y el verdadero sentido de las medidas aplicadas, pues “están orientadas a que el sector productivo desaparezca sin tanto escándalo y a desembarcarnos de nuestra actividad sin un costo social demasiado alto”. Estás declaraciones, hechas frente al ministro de agricultura en exposocabío-1996, recibieron el respaldo de las agremiaciones de otras regiones y de algunos parlamentarios.
Las dificultades han derivado en un mayor desempleo y condiciones desventajosas para los trabajadores rurales: en 1996 se registraron cerca de 550 mil temporeros, sin ningún tipo de seguridad social ni régimen prestacional. A ellos se suman 260 mil pequeños productores, quienes, con sus familias, están en un proceso acelerado de migración a la ciudad. Es de resaltar que 19% de la fuerza laboral chilena trabaja en el campo, y de ella, más de la mitad es asalariada. Cerca de la mitad de la población rural vive en la pobreza. La debilidad organizativa de los trabajadores rurales es un obstáculo para sus reclamos: en 1993, la agricultura, silvicultura y pesca reportaban una sindicalización de sólo 7.5% de los trabajadores, en sindicatos independientes con muy poca capacidad de negociación. En 1995, se creó el sindicato nacional Esperanza de los Temporeros, con la expectativa de conseguir mejores condiciones de vida.
El ingreso de Chile a Mercosur agravará la crisis. Los estudios demuestran que la desgravación para productos importados esenciales será más rápida que para otros renglones, por lo cual habrá una caída acelerada de la producción doméstica de arroz, maíz, carne bovina, trigo, oleaginosas y remolacha, lo que en quince años significará una reducción de 25% de tierras empleadas y pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares. Lamentablemente todavía existen sectores como el cooperativo que se hacen ilusiones con un mercado de 200 millones de personas, cuando en la realidad éste es férreamente controlado por el imperialismo.
La actitud arrodillada del gobierno ante las imposiciones aperturistas ha provocado una airada protesta de la Sociedad Nacional de. Agricultores, cuyo presidente, Ernesto Correa, ha demandado en repetidas ocasiones políticas proteccionistas para que el sector pueda sobrevivir. Frente a la vinculación de Chile a Mercosur, contra la cual se realizaron amplias movilizaciones de campesinos, Correa expresó: “La crisis que enfrentan ciertos rubros de nuestra producción sectorial, por su profundidad y prolongación, no registra precedentes en los anales de la agricultura nacional…desde hace años, la agricultura viene acusando un sostenido deterioro de su rentabilidad…nuestra vinculación con Mercosur amagará seriamente rubros de relevancia de nuestra producción agraria, como son ciertos cultivos anuales y la ganadería bovina. Varias regiones verán seriamente comprometido su devenir productivo”.
Tal como ha sucedido ya en varios países de Latinoamérica, en Chile irrumpió la práctica’ de los grandes monopolios extranjeros de no solamente expoliar sus riquezas, sino de apoderarse de sus tierras. Douglas Tompkins, dueño de la cadena de tiendas de ropa Esprit, compró el año pasado 260mil hectáreas para el llamado Proyecto Ecológico Parque Pumalín. Para el 2000 habrá hecho inversiones por más de 17 millones de dólares. Y tal será la desvergüenza del gobierno, que ante la protesta de diferentes sectores por permitir esta venta con fines tan poco claros, incluso para la seguridad nacional, la ministra de Bienes Nacionales, Adriana Delpiano, dijo: «No estamos acostumbrados a la filantropía». Esta zona, de bosques lluviosos se considera uno de los ecosistemas más productivos del planeta. Tompkins es dueño de una cantidad similar en Argentina, y en ambos casos hubo denuncias de los colonos sobre las presiones a que se vieron sometidos para vender. Como en Chile no hay límite para la propiedad de la tierra, excepto para los habitantes de países limítrofes, en enero otro inversionista norteamericano, Jeremías Henderson, compró 120 mil hectáreas en la isla de Chiloé, zona que posee 10 millones de metros cúbicos de recursos madereros explotables. En plena Tierra del Fuego, la compañía estadounidense Trillium Corporation, cuyo presidente y único dueño es David Sires, quien también posee grandes extensiones y un consorcio forestal en Argentina denominado lenga patagonia, compró una cantidad de hectáreas similares a la Tompkins y ha comenzado a talar unas 100 mil de bosque nativo. Este proyecto forestal, denominado Río Cóndor, contempla 97.000 hectáreas de explotación comercial de lenga, de un patrimonio total de 257.000 hectáreas. Ante los recursos interpuestos por varias agremiaciones y parlamentarios, el embajador de Estados Unidos salió en su defensa aduciendo que «el proyecto no debe preocupar, pues existe un adecuado equilibrio entre el desarrollo y la protección del ambiente».
La respuesta del Ministerio de Agricultura al descalabro rural ha sido ofrecer apoyo especial a quienes introduzcan proyectos innovativos para cultivar productos no tradicionales, mejoren el sistema de riego, mejoren los suelos o quieran exportar, con la promesa de incentivar al sector privado para que dinamite la agricultura, y mejorar la infraestructura de vías y transportes que requiere el sector exportador, lo que no es otra cosa que engaños para los productores nacionales y una mayor entrega a los monopolios foráneos.
No se puede concluir esta denuncia sobre las falacias con que se nos ha querido vender el «milagro chileno» sin traer a colación las declaraciones de la FAO en cabeza de su mayor ideólogo Polan Lacki, publicadas en El Mercurio el pasado 7 de Enero y en las que se evidencia su política neoliberal. Aunque el mismo organismo reconoció que para 1992, los países industrializados otorgaron 356 mil millones de dólares en subsidios, casi equivalentes a la deuda externa de Latinoamérica (418 mil millones de dólares), la salida que señala para estos países es el total desamparo frente a la depredación imperialista: “La agricultura latinoamericana presenta una profunda contradicción…que se mantendrá debido a tres razones: los países desarrollados seguirán prestando apoyo en forma de subsidio a sus agricultores. Segundo, los gobiernos latinoamericanos carecen de recursos para subsidiar a sus productores aunque quisieran. Y tercero, si subsidiaran, protegerían a una minoría y perjudicarían a la mayoría (consumidores) que tendrían que pagar precios altos por el producto protegido…Es un planteamiento utópico y perjudicial pedir a los gobiernos que contrarresten las distorsiones con proteccionismo y subsidio… y si no se corrigen tales distorsiones los cada vez más remotos artificialismos paternalistas seguirán siendo ineficientes e ineficaces”. Corresponde a la clase obrera chilena despejar el camino y orientar la lucha revolucionaria contra esta nueva forma de dominación.