(Intervención de Yezid García Abello en el Encuentro de Organizaciones Sindicales y Populares del 16 y 17 de abril de 1997).
Con su airoso parte de victoria, el pasado paro nacional de los trabajadores estatales trajo un refrescante viento de confianza en las fuerzas propias y renovados bríos a las filas del movimiento obrero. Ahora corresponde descifrar con tino el curso actual de los acontecimientos y deducir la más apropiada línea de acción para el conjunto de la clase.
La intervención yanqui es el problema principal
Bajo el ultimátum de Washington, Colombia marcha trabajosamente hacia el mes de agosto. Se agotará en esa fecha el más reciente y perentorio plazo fijado por el imperio norteamericano al gobierno de Samper para que satisfaga las demandas en turno, especialmente las de carácter antinarcóticos. Es decir, extradición retroactiva, reforma carcelaria y mayor penalización al lavado de dólares. Desde el revuelo producido por el reportaje de Frechette de comienzos de año, dos de sus nuevas intromisiones en los asuntos internos del país se tradujeron en sendos reveses para el gobierno: el ministro de Defensa González se cayó y la reforma política naufragó. En el ínterin, en el marco del repudio nacional a la colonial «descertificación» gringa a Colombia, el gobierno dijo que se había «envenenado el ambiente para la aprobación de la extradición». Mas pronto quedó claro el rumbo real por el que marchaban las cosas. El ministro de Justicia, esforzado servidor de la Casa Blanca, volvió a desgañitarse con su «sí, y 20 mil veces sí» al restablecimiento de la extradición de colombianos, encontró «doctrina» legal para tan oscura causa y presentó ante el Consejo de Política Criminal la propuesta de derogar el artículo 35 de la Constitución que la prohíbe. Se anticipó que una vez removido por el Congreso dicho obstáculo principal, quedaría allanado el camino para establecer por vía legal la monstruosidad exigida por Estados Unidos: la retroactividad de dicha medida. Lejos de constituir una iniciativa aislada, la del ministro Medellín refleja a cabalidad la política del gobierno de Samper. Los sectores patriotas y democráticos del país han presenciado con ira la aprobación de la extinción del dominio que arrasó la presunción de inocencia, del aumento de penas votado en un santiamén, la inspección de cárceles colombianas por comisiones del gobierno estadounidense y la firma del convenio que le permite a la marina gringa abordar barcos en las aguas territoriales colombianas de nuestra zona económica exclusiva. De consumarse la infamia en curso, con el restablecimiento de la extradición de colombianos, plato fuerte de las imposiciones norteamericanas, la agenda Frechette quedaría prácticamente satisfecha. Cumplidos casi dos años del inicio de la actual crisis política, desatada y ahondada de modo principal por la injerencia sin precedentes de Estados Unidos, los hechos dan paso a una constatación irrebatible: que la postración del gobierno de Samper ante el imperio yanqui configura una degradación en materia de lacayismo y entreguismo, sin parangón en la historia nacional.
Todos los males se agudizan
La combinación de un agudo deterioro de la situación económica y social, con la crisis política y el recrudecimiento de la violencia a escala nacional, confieren al cuadro de conjunto un clima altamente explosivo. De la agudización de la violencia actual sólo pueden derivarse más pérdidas para el país, el deterioro total de la democracia política, mayores atrocidades contra el pueblo y, sobre todo, el incremento del alarmante fenómeno de balcanización interna, más peligroso cuanto mayor es la necesidad de la unidad nacional para enfrentar la agresión del imperialismo. El país reclama una salida negociada que ponga fin a los enfrentamientos y al derramamiento de sangre, que civilice la contienda política y traiga una paz basada en la igualdad de los partidos y particulares ante la ley.
En el terreno político, el hundimiento del proyecto sobre cambio de fecha de las elecciones -que ni siquiera se atrevió a apoyar el gobierno-, y la caída de la emergencia económica mediante fallo de la Corte Constitucional, hacen manifiesta la debilidad de la actual administración. Gobierno, gremios económicos y críticos progringos yerran del todo cuando cierran los ojos ante la raíz de los males patrios: la continuidad y ahondamiento de la apertura económica y el modelo neoliberal, verdadera causa de las afugias de la economía. La revaluación, la restricción del gasto público, la congelación salarial y las altas tasas de interés, las privatizaciones y la desaparición de entidades del Estado, más el mantenimiento de la apertura comercial, cambiaria y financiera, todo ello, entrelazado, condujo a la recesión actual de la economía.
Lejos de corregir el rumbo, el gobierno ha preferido enfrentarse al descontento creciente del pueblo y el movimiento obrero, en aras de la observancia del dictado fondomonetarista. Promete mayores entregas de nuestros hidrocarburos a las multinacionales petroleras gringas en Cartagena. Proyecta descargar sobre la canasta familiar del pueblo llano el detestado impuesto del IVA. Y se obstina en proseguir su obtusa política privatizadora en Telecom, Ecopetrol y una larga lista de empresas y entidades estatales. De manera simultánea, «el tiempo de la gente» se traduce en un desempleo rampante que subió de 9.5 a 12.7%, en el peor año de la industria en los noventas, en la dramática crisis del agro y la angustiosa situación de los productores endeudados, en los desalojos brutales de vendedores ambulantes y de los ocupantes de predios urbanos y en la entrega de las cárceles a la policía.
La lucha obrera, guía del país
En el maremágnum de enfoques y opiniones respecto de la crisis política y la situación general del país, el movimiento obrero ha respondido a las exigencias del momento. Con sus movilizaciones, los trabajadores han dado un mentís rotundo a la vergonzosa opinión colonial que aprecia la intrusión gringa como un percance inevitable y hasta constructivo. El escandaloso grado de intervención alcanzado por el gobierno norteamericano en los asuntos internos de Colombia hace prever nuevas, prontas y más graves coyunturas críticas. Por todo ello es imperativo que la clase obrera, al tiempo que redobla su lucha de resistencia contra la embestida neoliberal, adopte una política que permita aglutinar y acrecer las fuerzas patrióticas en una gran coalición antimperialista para librar el combate por el cese definitivo de la injerencia y la dominación gringas sobre el país.
Debe denunciarse al gobierno Samper por colaboracionista y lacayo. Se entiende que la acumulación de fuerzas para enfrentar batallas de mayor envergadura está al orden del día. Debe reforzarse el Comando Nacional Unitario surgido de la lucha, comenzando por las labores preparatorias de una nueva protesta obrera nacional que movilice al conjunto de los trabajadores y que desate la protesta multitudinaria de los demás sectores del pueblo. Para los trabajadores colombianos, en el horizonte se perfila con claridad la irrupción de las luchas obreras y populares contra la apertura y el neoliberalismo, en defensa de los derechos y por un mejor nivel de vida de los asalariados, en rechazo a la represión de las protestas y movilizaciones y, sobre todo, por la soberanía de Colombia.