Por Aurelio Suárez Montoya
La producción agraria también quedó incluida en el proceso de la globalización de la economía mundial puesto en pleno vigor a finales de los años ochenta. Eso lleva a la competencia entre los agricultores de todos los países por los mercados, tanto de alimentos como de los demás géneros agropecuarios.
La globalización se ha desarrollado en Colombia a través de la llamada apertura económica, aplicada a los distintos sectores productivos, incluido el campo.
Con el pretexto de que los campesinos y productores agrarios de Colombia iban a competir con los demás países teniendo ciertas ventajas adicionales, se han adelantado las siguientes medidas:
a) Eliminación de aranceles y tarifas e impuestos de aduana para los productos extranjeros dejando, por tanto, desprotegidos a los nacionales. b) Eliminación de los precios de sustentación o precio mínimo de compra, los que ahora se fijan dizque por la oferta y la demanda. c) Eliminación de subsidios y estímulos para exportadores. d) Eliminación de la garantía de compra de las cosechas. e) Eliminación de todo tipo de subsidios, por ejemplo, para compra de fertilizantes e insumos, para asistencia técnica y otros. f) Eliminación del crédito de fomento agropecuario y su transformación en crédito comercial. g) Eliminación de las instituciones de apoyo: ICA, Idema, Flota Mercante, DRI y, en no pocas oportunidades, se han manifestado similares intenciones con el Fondo Nacional del Café. h) Privatización de la investigación científica y de la tecnología agrícola y biológica. i) Clasificación del campesinado como un sector vulnerable sujeto sólo a limosnas y a programas asistenciales y no a políticas productivas y de apoyo económico. j) Persecución a la agricultura moderna y empresarial con nuevas cargas y tributos, estratificación rural, impuestos prediales confiscatorios, peajes y otros. Así como su inclusión en las zonas rurales especiales, sujetas a expropiación.
Tan nefasta política tuvo sus primeras aplicaciones desde 1985, con la monitoría del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Belisario Betancur. Luego se amplió en 1989 con la reducción arancelaria a las importaciones, en el gobierno de Barco, y se profundizó en el gobierno de Gaviria y Hommes. En el de Samper se ha continuado llevando a la ruina a miles y miles de productores.
Resultados de la apertura
Mencionamos algunos de ellos:
• En 1988 había en las áreas rurales del país 6.612.000 personas bajo la línea de pobreza. En 1995 ya eran 7.581.000, 72% de toda la población campesina.
• Mientras el crecimiento de la economía de Colombia entre 1990 y 1995 suma 30.4%, el de la agricultura, para esos mismos años, sólo alcanza a 21.8%. El agro se ha rezagado 2% por cada año.
• Los cultivos de cereales y oleaginosas han visto disminuida su área sembrada en 600 mil hectáreas. De 2.500.00 hectáreas en 1990 a 1.900.000 en 1995.
• La producción de maíz, sorgo, cebada, trigo y soya ha disminuido 36.3% entre 1992 y 1996.
• La producción de cacao ha descendido en 15 % y la de café en
25%, de 1992 a 1996.
• La exportación de cacao se redujo en 95% entre 1990 y 1995.
• El área de producción de arroz descendió de 365 mil hectáreas en 1990 a menos de 200 mil en 1995.
• En el mismo período hemos pasado de exportadores a importadores de arroz.
• Las tierras de uso ganadero aumentaron, entre 1990 y 1995, en 13%, como refugio de los agricultores, presentando como consecuencia el deterioro de la rentabilidad en la producción pecuaria
• En El Cesar se cultivaban 90 mil hectáreas de algodón en 1990 y en 1996 se cultivaron sólo 5.796 hectáreas.
• La comercialización de la panela de caña cada vez pierde terreno ante los «derretideros de azúcar».
• Los ingresos de los productores agrícolas han disminuido 30% en promedio (Cuadro 1).
• Las tasas de interés efectivo anual del crédito agropecuario, de 1974 a 1996, se han multiplicado por dos y hasta por tres (Cuadro 2)
• Entre 1990 y 1995, las importaciones de cereales (maíz, sorgo, cebada, trigo y soya) sumaron 10.879.000 toneladas.
• Las importaciones de alimentos y productos agrícolas totales superan, entre 1990 y 1996, los 16 millones de toneladas (Gráfica 1).
• Las importaciones de plátano, en 1995, fueron de 53.500 toneladas, sin contar el contrabando.
• Las importaciones de frutas y hortalizas en 1996 fueron de 190 mil toneladas.
• Las importaciones de arroz fueron de 218 milton en 1995.
• En 1996 se importaron 17.488 toneladas de carne en canal. Si una res en canal equivale a 243 kilos, porcada tonelada son cuatro reses. Por tanto, para 17.488 toneladas, da un total de 70 mil cabezas, el consumo semestral de una ciudad del tamaño de Pereira.
• Las importaciones de leche en polvo llegaron a 22.600 toneladas en el período 1991-1996 (Gráfica 2).
• 52.6% de los minifundios colombianos, casi un millón de predios, tienen uso pecuario. Por tanto las importaciones de carne y leche los afectan en grado sumo. En Córdoba, Atlántico, Sucre y Bolívar, son más de 75% de los minifundios.
Los gringos, únicos beneficiarios
Las exportaciones de alimentos de Estados Unidos hacia los países en desarrollo (19861993) suman 127.500 millones de dólares (Gráfica 3). Por ejemplo, el consorcio Cargill tuvo ingresos por 60 mil millones de dólares en 1996. Esta trasnacional procesa algodón en Tanzania, produce casi la mitad del jugo de naranja que se consume en Moscú y compra café en Colombia. Tiene activos en 65 países y comercia con cien naciones. Se llama a sí misma «el supermercado del mundo». Controla 25% de las exportaciones estadounidenses de granos. Es la novena empresa de Estados Unidos y tiene 79 mil empleados.
Contra pulpos de esta categoría tienen que enfrentarse nuestros desprotegidos productores. Es la relación del caballo y el jinete, impuesta por la apertura. El único camino para enfrentar tamaña agresión es impulsar el proceso organizativo de nuestros campesinos y empresarios agrícolas.
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* Ponencia ante el Primer Congreso de Unidad Agropecuaria. Pereira. 10 de abril. Aurelio Suárez es el coordinador departamental de Unidad Cafetera y diputado a la asamblea de Risaralda.
Ponencia de la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta, Agameta
«EXIGIMOS PRECIOS DE SUSTENTACIÓN»
(Aspectos de la ponencia presentada en el Congreso por Eudoro Álvarez C., en nombre de Agameta).
El precio de sustentación es un mecanismo mediante el cual, si ningún agente del comercio o la industria compra sus productos, el Estado le garantiza al productor la venta de sus cosechas y un precio adecuado para ellas, que en parte redima lo invertido, más una justa rentabilidad por el esfuerzo económico efectuado. Es la garantía de que su actividad no será ruinosa. Asegura además la permanencia de esa población en el cumplimiento de la tarea asignada dentro de la sociedad.
El Estado en Colombia nunca ha cumplido esta función. Y ahora, la política neoliberal anula la escasa intervención que se efectuaba a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema.
Varios males le impidieron al Idema cumplir el encargo: uno, la carencia de recursos permanentes y crecientes que le permitieran comprar a los precios previamente establecidos y de una manera rápida los productos; otro, la carencia de criterios administrativos ágiles y modernos y la injerencia de las prácticas clientelistas que ocasionaron en muchas ocasiones despilfarros y desfalcos de los escasos recursos. Y, lo más importante, la injerencia norteamericana en la política agraria del país.
Hubo etapas en que al Idema se le transfirieron los recursos provenientes del diferencial de precios entre el mercado nacional y el externo, ingresos que hubiesen podido significar una fuente sólida de capital para la compra de los productos cultivados por nuestros agricultores. Esfuerzo que se echó a perder por la desastrosa política oficial. Es la manera como se ha conformado el Fondo Nacional de Café, institución que ha jugado su papel en la supervivencia del grano como primer renglón nacional, a pesar del rompimiento del Pacto Mundial de Cuotas y del establecimiento del «libre mercado».
El grueso de los agricultores, como resultado de la política aperturista de los tres últimos gobiernos, hemos sido privados hasta del más mínimo apoyo institucional. Este abandono constituye un componente de ese conjunto de medidas que han golpeado la agricultura, llevándola al estado de postración que ya nadie se atreve a negar.
El mecanismo fue reemplazado por los precios mínimos de garantía, que no están referidos a los costos internos de producción, sino a los precios de los productos importados. Este nuevo sistema, hijo de la apertura, no tiene en cuenta que los precios de los productos agrícolas foráneos están preñados de subvenciones y subsidios, abiertos o encubiertos, que los distorsionan y los separan de la realidad de sus verdaderos costos. Como ocurre con todo en la apertura, la pelea del producto nacional con el extranjero «es de tigre con burro amarrado».
Resultante de la presión de los productores rurales y sus organizaciones, se crearon los acuerdos de absorción de productos entre industriales y productores, mecanismo que equivale a «un mejoral para curar un cáncer». Paralelamente, el gobierno impulsa convenios regionales de comercio, que lo que han permitido es la triangulación, por la cual entran productos de países diferentes a los firmantes, con lo cual simultáneamente se hicieron el convenio y su violación. Además, los acuerdos de absorción no tienen los dientes necesarios que obliguen a la industria a cumplirlos y sí, paralelamente, se les da la posibilidad de abastecerse ventajosamente en el mercado externo, pues buscarán, y encontrarán, las formas de ponerles conejo y dejar a los agricultores sin compradores oportunos y efectivos para sus productos.
La Ley 101 de 1993 introdujo el concepto de precios de intervención, que contemplan solamente costos de producción sin rentabilidad y sólo operan en casos de graves distorsiones del mercado, es decir, coyunturalmente.
El golpe de gracia a esta tímida política estatal de intervención en el mercado de productos rurales se da con el anuncio de la liquidación del organismo ejecutor de la misma, el Idema.
El mascarón de proa con que se defiende esta decisión es el de la lucha contra la corrupción, cínico argumento si lo esgrime el propio Ministerio de Agricultura, responsable de que esos desafueros no ocurran.
La alternativa, que más parece una burla que una solución, es el otorgamiento de subsidios directos al productor. Los cuales se van a convertir en otra rapiña por las migajas sobrantes de la mesa del rico Epulón.
La reactivación del campo tiene que contemplar una política integral de apoyo a la producción, uno de cuyos componentes debe ser la intervención del Estado en la compra de cosechas a través de precios remunerativos de sustentación. Ése será un puntal para crear una producción agropecuaria fuerte, que sirva de sustento al desarrollo nacional.