Está viviendo Colombia una de las etapas más procelosas de su historia y una de sus peores crisis políticas y económicas. En medio de ella se ha celebrado el Encuentro de Organizaciones Sindicales y Sociales. Nunca antes el país se había visto tan agredido, tan sometido y tan intervenido por la política de Estados Unidos como en este momento. Chantajes, amenazas, presiones, presencia de agentes, firma de tratados como el de interdicción marítima, órdenes directas, fórmulas de justicia, recetas constitucionales, descertificación y toda clase de acciones dirigidas a someter a la nación y violentar la soberanía. Ahí está la agenda Frechette con un plazo fijo para el mes de agosto, cuando el gobierno debe cumplir las demandas del imperio, la más acuciosa de las cuales es la extradición de nacionales, repudiada por el pueblo colombiano que, sin embargo, rechaza sin ambages el delito del narcotráfico. El país del Norte se ha propuesto imponerle a Colombia su política antinarcóticos, así como la ampliación y profundización del programa neoliberal. Es allí donde radica la verdadera esencia de los males que hoy sufre la nación.
Samper se ha postrado a los dictámenes de Washington como ningún otro mandatario en la historia nacional, apresurándose a obedecer sus órdenes para mantenerse en el gobierno. No sólo en materia judicial, en política antinarcóticos, en reformas constitucionales, sino especialmente en las medidas económicas y sociales de la apertura económica y del modelo neoliberal. Se amplían las privatizaciones por doquier, dos de las cuales, las de Ecopetrol y Telecom, adquieren especial gravedad, por operarse en el campo de los recursos naturales y de las comunicaciones como sectores estratégicos. Se está preparando una mayor entrega de los hidrocarburos a las multinacionales. Pero la crisis de la industria está tocando fondo, en medio de quiebras, concordatos, liquidaciones y deterioro general. Es ya una desindustrialización, es la aniquilación de la producción nacional para dejarles el campo libre a las multinacionales y reducir la actividad económica de la nación al mero intercambio. La postración de la agricultura y la ganadería, con el deterioro de la industria cafetera, la disminución progresiva de hectáreas sembradas en los principales productos, la miseria acelerada de los campesinos sin tierra y crédito adecuado, no resiste más. Ésta es la consecuencia dramática de la sumisión de este gobierno y de los anteriores al dominio económico de los Estados Unidos, del Fondo Monetario y del Banco Mundial.
La crisis lo abarca todo. El Estado abandona la salud y la educación; entrega los servicios públicos domiciliarios para encarecerlos: generaliza la reestratificación para exprimir a los ciudadanos; privatiza la educación pública mediante la asfixia y los subsidios a la educación cooperativa y privada; liquida la salud pública y la entrega al capital privado en detrimento del servicio; abandona la universidad a la autofinanciación; permite aumentos exagerados en la educación privada y la sobreexplotación de sus profesores; prepara más aumentos de impuestos; y lleva la corrupción tan inherente al sistema capitalista a niveles inimaginados como consecuencia lógica de toda la marca neoliberal.
Se han agudizado los problemas sociales en esta situación de deterioro generalizado. Ha aumentado el desempleo; la informalidad se ha generalizado con el deterioro de la industria y la falta de puestos de trabajo: la regla consiste en la flexibilización laboral que genera subempleo y subcontratación con el propósito de destruir el movimiento sindical; los salarios han sufrido menoscabo progresivo; las mesadas de los pensionados, al no permitirse su actualización, han disminuido su poder adquisitivo; en todas las ciudades se desaloja a los vendedores ambulantes. Y la respuesta del Estado es la de apretar más a la población, recortar sus derechos, violentar la democracia, imponer una legislación retardataria de justicia, violentar las normas sobre la propiedad, establecer regulaciones arbitrarias para el funcionamiento de los partidos políticos, tratar de manipular las elecciones y, en unión con el Congreso de la República, desarrollar un régimen antidemocrático de corte fascista.
Entre tanto, el país se ve envuelto como nunca en toda clase de violencia: terrorismo, asesinatos, amenazas, atentados, exilios, migraciones forzadas, éxodos campesinos obligados que el Encuentro condena. Pero, sobre todo, la penalización de la lucha popular y sindical mediante toda clase de componendas y trampas jurídicas para perseguir y condenar a los dirigentes, parapetándose en la justicia sin rostro y en las maniobras de la Fiscalía. Así están en las cárceles muchos luchadores sociales y sindicales. Y como si fuera poco, el Estado multiplica las cooperativas Convivir que agudizan el conflicto y exacerban la violencia. Todo ello hace más urgente la búsqueda de una solución política negociada que ponga fin a la confrontación y al derramamiento de sangre. Es la necesidad de que se civilice la contienda política, basada en la igualdad de los partidos y de los particulares ante la ley, con garantías democráticas y reglas de juego claras para todos. En esta situación de violencia altamente explosiva, la defensa de los derechos humanos protege la sociedad civil, a los luchadores y a los dirigentes populares, de la agresión estatal.
El pueblo colombiano y el movimiento obrero no se han quedado quietos. Los campesinos, los indígenas, los vendedores ambulantes, los obreros, los camioneros, los chanceros, los maestros, los pensionados, los empleados, han salido a la lucha, a la huelga, a las marchas, a las movilizaciones. Pero, sobre todo, el paro estatal, que constituyó un triunfo del movimiento sindical, de la unidad de los trabajadores, de la movilización combativa, de la dirección de las tres centrales sindicales y la confederación de pensionados. Hacía dos décadas no se daba una unidad combativa de semejante envergadura. Y esa unidad, esa combatividad, esa fuerza de movilización crea el ambiente para este gran Encuentro de Organizaciones Sindicales y Sociales. Es la demostración de que avanza la oposición al modelo neoliberal, a la política del gobierno y a la injerencia norteamericana. Por todo el mundo, también, el movimiento obrero se levanta contra el neoliberalismo que, como una plaga del capitalismo, se ensañó contra los trabajadores, las clases medias y el campesinado, en favor de los grandes pulpos monopolistas y financieros.
A las grandes crisis hay que dar grandes respuestas. Corresponde al movimiento obrero y al movimiento social colombiano en este momento dramático de la historia nacional, enfrentar la agresión estadounidense contra la patria, movilizarse contra la entrega de Samper y derrotar la política neoliberal y sus medidas antiobreras y antipopulares. Con el paro estatal y con este Encuentro se están acumulando fuerzas, se está fortaleciendo la unidad, se están clarificando los objetivos, se está preparando una acción de mayor envergadura. Así van dándose las condiciones para una nueva protesta obrera nacional que movilice al conjunto de los trabajadores y de los demás sectores sociales. Y en medio de la lucha, hay que practicar la solidaridad con los sectores en conflicto, con los presos políticos, apoyándose en la defensa de los derechos humanos.
En este momento histórico se impone la unidad de acción en todos los niveles, en las ciudades, en las pequeñas poblaciones, en el campo, en los sindicatos, en las organizaciones de masas, coordinando los conflictos y estimulando las movilizaciones. El compromiso es con el plan de acción aprobado por el Encuentro con miras a un Primero de Mayo unitario, a una gran jornada de protesta y a acciones de mayor alcance nacional. Este Encuentro está por el combate al modelo neoliberal, en pro de uno auténticamente democrático y autónomo, por una salida negociada al conflicto armado, por la recuperación y preservación de las garantías democráticas y por la defensa de la soberanía nacional.