De los 29.5 billones de pesos proyectados como Presupuesto General para 1997, el gobierno indicó no hace mucho un faltante que pasaba de dos billones. Esto le dio el pretexto al FMI para saltar al ruedo sin tardanza: en una prueba más de intervencionismo, no sólo le enmendó la plana a Samper sosteniendo que dicho déficit subía a 3.3 billones, sino que le ha ordenado poner en marcha un plan de ajuste.
El ministro de Hacienda y el director de Planeación han corrido obedientes a anunciar para el año entrante un recorte del gasto público en 1.2 billones de pesos, lo que prácticamente dejará paralizada la inversión estatal; y se proponen privatizar a Carbocol, eliminar los aportes a los fondos de Solidaridad y Garantía en Salud y al de Solidaridad Pensional, disminuir las transferencias a los municipios, debilitar al SENA y a las Cajas de Compensación, e imponerles a los trabajadores un mísero aumento salarial de 13%.
Es tan drástico el menoscabo, que a las Cajas se les dejará de aportar el año entrante 250 mil millones y al SENA 88 mil millones. A los municipios se les girarán 95 mil millones de pesos menos. El raponazo a los Cajas dejaría en la quiebra el 90% de las que se hallan funcionando, mientras que al SENA lo siguen sometiendo a una lenta agonía.
El gobierno busca también acabar con las conquistas que en materia de cesantías rigen hasta la fecha en Ecopetrol, Telecom, la Caja Agraria y el magisterio; desmontar el Fondo Nacional del Ahorro y el Fondo de los Educadores, que serán entregados a la banca privada; y fusionar o suprimir algunas entidades, trasladándoles sus funciones a los ya alicaídos municipios.
El irrisorio 13% de incremento en salario supondrá para los empleados del sector estatal una mengua de 379 mil millones de pesos en sus ingresos. Frente a los índices de inflación, calculados para este año en 20%, la suma ofrecida para 1997 significará el desfalco de otro 7%, adicional al 7.03% ya perdido por los dos pactos sociales anteriores.
El descenso en la producción industrial, estimado en 2.8%, y el bajón en las ventas de 2.3%, aparejados a un creciente desempleo, están indicando a las claras las consecuencias de la apertura.
El FMI le exige al gobierno privatizar las actividades más productivas como la petrolera y la telefonía de larga distancia, bajar los aranceles y todo tipo de impuestos a las multinacionales, a la vez que lo conmina a reducir el déficit fiscal. Por ello al pueblo, como también a la agobiada industria y la quebrada agricultura, se les recarga con crecientes gravámenes. Lo que pretende el organismo multilateral es que el Estado no juegue ningún papel favorable en la producción.
Las medidas adoptadas por Samper sólo buscan entonces satisfacer las exigencias del FMI y del gobierno norteamericano para garantizar el pago de la deuda, reforzar la apertura, asegurar la rentabilidad para sus inversiones y preservar una mano de obra barata y abundante.
Los males del país, que se han vuelto crónicos, sólo se remediarán suprimiendo el modelo neoliberal y aplicando una política soberana.