El gobierno de Betancur declaró ilegal un paro que llevaron a cabo los siete mil quinientos trabajadores de Colpuertos en Buenaventura Barranquilla, Cartagena y Santa Marta el pasado 18 de enero, militarizo los terminales marítimos y autorizó a la empresa para que despidiera al día siguiente a 18 activistas del sindicato. La discusión del pliego se reanudo sin embargo a fines de enero, no sin que al mismo tiempo el periodismo de la reacción montara una mendaz campaña para mostrar a los trabajadores como lo responsables de la quiebra a que perece esta abocada Colpuertos. La gerencia ha esgrimido como argumento los salarios relativamente altos que devengan unas cuantas personas, buscando hacer creer a la opinión pública que todos los obreros portuarios perciben sueldos multimillonarios. Estos han demostrado, por el contrario, que la crisis de Colpuertos se origina en la corrupción administrativa y en la política entreguista de los sucesivos regimenes, que no han vacilado en poner a la entidad estatal bajo el dominio de los monopolios privados.
Sittelecom adhiere al decreto del gobierno
Con la única salvedad del compañero Rafael Baldovino, la comisión negociadora de Sittelecom adhirió a fines de enero el aumento salarial decretado por el gobierno, actitud que mereció el cerrado aplauso de Betancur y de la prensa oficialista pero que ha despertado grande inconformidad entre las bases sindicales. El arreglo no solo va en perjuicio del resto de organizaciones obreras en conflicto, a la vez que el régimen quiere imponer el mismo tope salarial aceptado por Sittelecom, sino que implica también una renuncia al derecho de contratación colectiva.
Supresión de casinos en Indupalma
Al anunciar en plena etapa de arreglo directo que serán suprimidos 13 de los 14 casinos actualmente en servicio, la empresa Indupalma de San Alberto, Cesar, ha provocado en forma deliberada el empantanamiento de las negociaciones. La amenaza comenzó a ser puesta en práctica el 3 de enero con el cierre de dos restaurantes.
Los 2.600 obreros, de los cuales el 30% labora al servicio de contratistas particulares, exigen mejoras sustanciales en el servicio médico y, de nuevo, la total asimilación del personal de contratistas.
Conflictos en gestación
Sin solución continúan las negociaciones en el magisterio, Ferrocarriles Nacionales, Acerías Paz del Río y Ecopetrol. La Federación colombiana de Educadores, FECODE, reclama la total nacionalización de la instrucción pública, asistencia médica, aumento de salarios y, en especial, pago de cesantías, jubilación y primas de servicios, ya que, en materia de prestaciones, los maestros se encuentran muy por debajo del resto de trabajadores. En la Empresa Colombiana de Petróleos, una asamblea conjunta de la USO que se cumplió en Barranca el 29 de enero rechazo como calumniosas las acusaciones de sabotaje propaladas por la empresa, las cuales sólo pretenden «justificar la militarización de los campos».
Declarada huelga en Amagá
Los 400 obreros de Industrial Hullera votaron la huelga en una asamblea realizada en Amagá el 31 de enero, después de resultar infructuosa la negociación del petitorio. El principal obstáculo que impidió llegar a un acuerdo fue el contrapliego presentado por la empresa.