Mientras el gobierno se desgañita ofreciendo garantías en esta campaña electoral, hemos afrontado innumerables persecuciones y apresamientos, y hasta el asesinato de un querido y destacado representante de la Juventud Patriótica en el Magdalena Medio.
A finales del pasado mes de enero, y por sexta vez en menos de tres años, el compañero Juan Simón Rico, dirigente del MOIR y candidato del Frente por la Unidad del pueblo al Concejo de Tame, Arauca, fue arrestado en esta población por el ejército y conducido luego a la cárcel de Yopal, Casanare, donde aún sigue recluido. Al camarada Juan Simón, jefe de debate electoral del FUP en la zona y secretario de la Organización Campesina Intendencial de Arauca, Ocida, se le dictó auto de detención y se le acusa en forma premeditadamente falsa de haber participado en asaltos guerrilleros. Sus captores quieren aplicarle el Código Penal Militar y varios artículos del Estatuto de Seguridad.
Igualmente, la gobernación del Cesar vienen ejecutando una campaña de sabotaje contra las actividades proselitistas del MOIR; Aldo cadena, militante de nuestro Partido, pagó hace pocas semanas tres días de prisión, sin ningún motivo, y ahora es objeto de continuos hostigamientos por parte de las autoridades. Contra el coordinador del Frente por la Unidad del Pueblo en el mismo departamento, Luis Cadena, candidato de Fecode, se expidió recientemente una orden de captura, y los alcaldes de Valledupar, Codazzi, Aguachica, San Alberto y otros municipios han prohibido numerosos actos públicos del FUP y han interferido de manera sistemática sus labores de agitación y propaganda electoral.
Atropellos similares también han sucedido en otras regiones del país. Pedro Nel Camargo, activista del MOIR en Barbosa, Santander, fue detenido el pasado 27 de enero, frente al Palacio Municipal, porque anunciaba con un equipo de perifoneo una manifestación que iba a realizarse pocas horas después. El 17 de julio de 1981 el ejército arrestó en San Pedro de Urabá al camarada Sixto Negrete, trabajador de la electrificadora de Antioquia, cuando regresaba a su casa luego de haber asistido a una reunión con Consuelo de Montejo en una población vecina, y desde entonces lleva nueve meses preso en la cárcel de Chigorodó. La compañera Carmen Elvira Ricaurte, esposa del secretario regional del MOIR en Risaralda, estuvo recluida durante más de 3 semanas en Pereira, a mediados del año anterior, por el delito de transportar hojas volantes del FUP en su automóvil.
Los hechos mencionados son apenas un reflejo de la forma como se aplican en Colombia las “garantías electorales” que tanto pregona el gobierno. Mientras los candidatos oficiales y semioficiales reciben toda clase de franquicias y el Ejecutivo hace burdos despliegues de supuesta imparcialidad, a los partidos políticos auténticamente revolucionarios les toca batallar en medio de las arbitrariedades, los encarcelamientos y las persecuciones de un régimen antipopular, antidemocrático y despótico por excelencia.