Al pie de las estribaciones de la Sierra Nevada del Cocuy, en el noreste de la Intendencia Nacional de Arauca, se abren hacia los Llanos Orientales las 330 mil hectáreas del Sarare. Se trata de una región que hasta hace 20 años el país prácticamente desconocía pero que ahora conforma una importante colonización agrícola en la cual viven 80 mil colombianos, desplazados de su tierra de origen por la violenta presión de los terratenientes. Son en su mayoría campesinos oriundos de los Santanderes y Boyacá, llegados en crecientes oleadas desde 1965, cuando Saravena que hoy en día tiene 20 mil habitantes y constituye el principal municipio de la zona, era apenas un campamento donde paraban las caravanas de mulas, levantado en medio de la selva insalubre y hostil. Sin embargo, cinco años después, aferrados a la ilusión de hacerse por fin a un pedazo de tierra propio, estos colonos ya habían civilizado 34 mil hectáreas.
Semejante faena la realizaron a costa de su salud, y en decenas de casos, entregaron la vida en la empresa; otros fueron impotentes testigos de la muerte de sus hijos, víctimas de enfermedades fulminantes. Actualmente muchos de aquellos pioneros, ya sin fuerzas para tumbar monte, no poseen más que la miseria que los llevó hasta esos parajes.
“Alternativa a la reforma agraria”
Desde finales del siglo pasado existía la idea de abrir una “trocha del Sarare” que comunicara al Norte de Santander con los Llanos y, en 1902, Juan Obando Estévez se aventuró por la comarca en un intento por establecer una fundación, que a la postre resultó vano. Tampoco lo lograría Benjamín Naranjo, diez años después. En 1945 se creó por iniciativa oficial una “Colonia agrícola y ganadera” en el Sarare, con 50 familias, pero este esfuerzo no dio frutos debido al clima malsano y a la falta de vías de comunicación. Solamente en 1962 llegó a Cobaría una precaria carretera desde Pamplona, que hizo posible el arribo de los primeros pobladores.
A partir de 1965 el gobierno colombiano, acogiendo recomendaciones de los Estados Unidos, que se hallaban alarmados por el auge de las luchas campesinas en América Latina, anunció varios planes de colonización que fueron presentados como una “alternativa a la reforma agraria”.
Para promover dos de ellos, el del Sarare y el del Ariari-Guéjar, en el Fondo de Operaciones Especiales del BID, prestó al Incora más de 600 millones de pesos que el país tendrá que ir amortizando en cuotas semestrales hasta 1994, con altos intereses, comisión de servicios y comisión de compromiso. Según el contrato, con dicha suma se resolverían los problemas de vías, salud, educación, desarrollo de parcelas, explotación forestal, inspección, vigilancia y administración del Proyecto. Con tales ofrecimientos fueron atraídos decenas de miles de campesinos sin tierra, que llegaron incluso de lugares tan distantes como el Valle o Antioquia y se encontraron, no obstante, con una realidad bien diferente.
Embotellamiento económico
Desde un comienzo los colonos del Sarare fueron abandonados a su suerte. La inmensa mayoría gastó sus ahorros en el viaje y llegó sólo con unos cuantos machetes. Proliferaron entonces, ante la falta de planificación, las fundaciones dispersas, de ocupación espontánea, para desarrollar las cuales los agricultores se vieron forzados a endeudarse, aparte de no contar con asesoría ni asistencia técnica alguna. Talaron y quemaron como pudieron, en una tierra apta para pastos, pero que, para la agricultura, requiere de prácticas intensivas de conservación de la capa vegetal. Los títulos de propiedad, cuando no les fueron escamoteados, tardaron varios años y contienen estipulaciones que en cualquier momento pueden invalidarlos pues contemplan, por ejemplo, prioridades para las concesiones madereras y petroleras.
Los campesinos dependían entonces de lo que les reportaba la venta de sus cosechas, teniendo que sobreponerse a las dificultades del mercado. Acometieron personalmente el transporte de los bultos de cacao, plátano, maíz, caraota y la madera hasta Saravena y allí quedaron embotellados, puesto que no hay carreteras ni hacia la capital intendencial, ni hacia el interior. Asimismo entregaron sus reses por lo que les pagaran en Venezuela. En tales condiciones, mientras la propaganda oficial decía que el problema no era de tierras sino de técnica, caminos, créditos e insumos, muchos de ellos abandonaron o malvendieron sus parcelas y de nuevo fueron condenados a trabajar como jornaleros, al igual que los indios tunebos, previamente desplazados a los suelos arenosos de la cordillera. La mayor parte de los que lograron sortear los primeros años se mantienen asfixiados por los intereses y las condiciones de los préstamos. Escasamente alcanzan a producir para el consumo familiar y cubrir las inversiones necesarias, los impuestos y demás gastos. Si acaso venden lo que cultivan, no tienen otra alternativa que la de someterse a los precios arbitrarios fijados por los monopolios compradores. Precisan siempre de nuevos créditos, y la Caja Agraria les subió los intereses, desde hace un año, del 22 al 29%.
Indigencia y represión
Al igual que las demás regiones de los Territorios Nacionales, el Sarare vive olvidado por el gobierno. A la falta de vías se suma la de energía, acueductos, pavimentación, tratamiento de aguas, salud y educación. Tres cuartas partes de los colonos viven en casas muy precarias y son pasto de todo tipo de enfermedades tropicales. Un 60% de la población padece paludismo y abundan la anemia, la desnutrición, la gastroenteritis, el parasitismo y las epidemias de fiebre amarilla, muchas veces mortales.
A tal punto llega la indiferencia oficial que en agosto pasado, pese a las advertencias de los campesinos, una pequeña quebrada se represó en la vereda Calafitas, arrastró consigo miles de toneladas de lodo y tierra que anegaron 3.600 hectáreas y dejaron 50 muertos, mil heridos y más de cien familias en absoluta indigencia.
Casi simultáneamente con el descubrimiento de yacimientos petrolíferos cuya producción potencial se calcula en unos 30 mil barriles diarios, y que serán explotados por varios monopolios imperialistas, el Sarare adquirió el aspecto de una zona de guerra. Desde la base militar de “La Ye”, el ejército manda a su antojo sobre la población so pretexto de combatir las guerrillas. El hostigamiento de la tropa es tan violento que, entre Puerto Miranda y Betoyes, por ejemplo, hay quienes prácticamente están regalando la tierra. El 31 de octubre, el alcalde de Saravena prohibió, a pesar de la demagogia oficial sobre garantías electorales, el acto programado como parte de la campaña del FUP, el cual tuvo que realizarse en un recinto cerrado, en la vereda de El Pescado. Y en diciembre, la Organización Campesina Intendencial de Arauca, Ocida, denunció el asesinato de dos de sus miembros, Domingo Velandia y Justo Pastor Pérez, cerca de la población de Fortul.
Sin embargo, el pueblo sarareño ha aprendido a luchar en pro de sus derechos. No en vano fue a través de combativos paros cívicos, y en especial del de 1972, que se prolongó por varios días, como Saravena logró la construcción del hospital. Por esta razón grupos de jornaleros, cosecheros, aserradores y pequeños y medianos propietarios de esta región se hicieron presentes en la fundación de la Ocida, el 14 de enero de 1981, en Tame, y en su primera asamblea general.
Poco tiempo después nacía en Saravena el Comité Regional de Solidaridad del Sarare, del cual forman parte los sindicatos del magisterio y del Incora, así como vendedores ambulantes, comerciantes menores, trabajadores de la salud, estudiantes y campesinos. Ni las amenazas ni la abierta persecución han impedido que también en Arauca el pueblo se organice y acoja el lema de la Ocida: “Sin derrocar el poder actual, los obreros y campesinos no conquistaremos ni la libertad ni la tierra”.