Durante los últimos meses de 1980 y en lo que va corrido de 1981, el costo de la vida se ha elevado en proporciones alarmantes para la mayoría de los colombianos. En octubre pasado el gobierno decretó un reajuste del 32% en los precios de la gasolina y demás derivados del petróleo, y por quinta vez en el lapso de dos años autorizó un aumento de cincuenta centavos en las tarifas del transporte urbano. Poco tiempo después la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ascendió el valor del servicio en un 45%, estableciendo un sistema de alzas «upaquizadas» que regirá hasta el 31 de octubre próximo. En diciembre de 1980 las autoridades permitieron un incremento en los precios de los arrendamientos, y a principios de 1981 promulgaron una revisión de avalúos catastrales que afecta a millares de familias en los barrios indigentes de Bogotá. Hasta el DANE tuvo que reconocer hace poco que la sal, las gaseosas el azúcar, la carne, la leche, la panela, las frutas, las verduras y muchos otros alimentos habían subido en términos escandalosos. En todo el país se ha desatado un torrente inflacionario que afecta los distintos renglones de la economía y que agrava todavía más la situación de miseria en que se debaten los obreros, los campesinos pobres y los sectores medios de la sociedad.