Más de mil muertos, alrededor de 80.000 damnificados, miles de viviendas abiertas por el agua y destrozos incalculables en la agricultura y en la ganadería, es el saldo trágico que dejaron en todo el país los desastres naturales y la imprevisión y desidia del gobierno.
La calamidad ocurrida en El Playón (departamento de Santander) el domingo 25 de noviembre, ocasionó la muerte a más de 200 personas, la desaparición de otras y la destrucción por completo de todo el poblado bajo toneladas de lodo.
Ya para los primeros días del mes de noviembre, los daños producidos por el invierno eran considerables. El desbordamiento del río Otún, en Pereira, había originado diez víctimas mortales y averiado seriamente las casas de numerosas familias de campesinos pobres de las veredas de San José y El Cedral, lo mismo que de los barrios humildes de San Judas y Santa Helena. Miles de hectáreas de la Costa Atlántica se encontraban inundadas, causando la pérdida de los cultivos. En Bogotá, 50.000 habitantes de los barrios populares de Patio Bonito, Saucedal, Tocarema, Tunjuelito, Tayrona, Meissen, y otros más, veían impotentes cómo las aguas sucias y contaminadas de los ríos Bogotá y Tunjuelito penetraban en sus moradas, obligándolos a abandonarlas junto con sus pertenencias. A los residentes de modestas construcciones en muchas otras ciudades y municipios en todo el país, les ocurría otro tanto. La mayoría de las carreteras presentaron grandes derrumbes, y el río Magdalena repetía los estragos de años anteriores, destruyendo poblados, arrasando con animales y cultivos y dejando en la miseria a miles de pobladores de sus riberas.
A mediados de ese mismo mes, las pérdidas de vidas humanas llegaban a varias decenas y la situación se iba agravando con el correr de los días, mientras se intensificaban las lluvias. En la región del bajo Magdalena y Cauca las inundaciones habían afectado a Cantagallo, San Pablo, Sitio Nuevo, Bijagual, Tamalameque y demás pueblos de esa vasta zona. Magangué volvía a sufrir los enormes perjuicios de los inviernos de 1973 a 1977, pese a que los gobiernos de turno, junto con una misión holandesa, habían prometido en varias ocasiones darles solución definitiva a los problemas que causaba el río Magdalena. Sin embargo, sólo construyeron una débil red de jarillones de escaso espesor. Además de poner en peligro a la población por su debilidad, estos muros, dada su construcción anti-técnica, impiden que las aguas que caen sobre las ciénagas puedan salir al río, represándolas y anegando con cada aguacero los barrios y corregimientos de los alrededores.
La irresponsabilidad del gobierno
Pese a las amargas experiencias de años anteriores, y a que desde hace tiempo se ha solicitado insistentemente el dragado de los ríos, la corrección de sus cauces y la construcción de obras de defensa para evitar los desbordamientos de las aguas, el gobierno poco o nada ha hecho al respecto. Fue necesario que pasara mes y medio de invierno, que cientos de miles de damnificados padecieran los rigores de la falta de techo, sufrieran hambre y frío y fueran víctimas de enfermedades de origen hídrico, que el río Playón arrasara por completo con el poblado que lleva su nombre, y que el número de muertos llegara a las centenas, para que el señor Turbay se atreviera, ¡Oh irrisión!, a crear un inoperante nido burocrático más con el nombre de “Comité Nacional de Emergencia”.
Los insuficientes fondos que maneja este Comité solo han servido para que ciertos gamonales, como el representante Escrucería, de Nariño, retengan las cédulas de algunos beneficiados, cambiando chucherías por votos, y para que doña Nidia de Turbay haga una gira demagógica por las zonas de desastre haciéndose retratar de vez en cuando con un niño famélico entre sus brazos.
La desidia mostrada por el gobierno nacional, ante la tragedia del pueblo, también se hizo presente en el Distrito Especial de Bogotá. Mientras miles de familias son amontonadas en escuelas y padecen toda clase de incomodidades, y otros cientos de miles se debaten entre las aguas fétidas de los desbordados ríos Bogotá y Tunjuelito, que mezcladas con las de las alcantarillas producen brotes de epidemias de tifo, sarampión, hepatitis, gastroenteritis y disentería, el señor Durán Dussán, alcalde de Bogotá, hace las siguientes declaraciones: “No todo es malo por las lluvias. Se puede observar ahora una ciudad inundada pero más limpia”. (El Tiempo, octubre 30 de 1979).
Terremoto en el sur-occidente
Pero los desastres no habían terminado para el pueblo. El 12 de diciembre, un maremoto asoló la costa sur-occidental del país, dejando medio millar de muertos, alrededor de 150.000 damnificados y muchos pueblos en ruinas.
Los poblados de El Charro y San Juan, habitados por pescadores, campesinos y trabajadores de aserríos, desaparecieron barridos por la onda sísmica y las gigantescas olas provocadas por el maremoto. Tumaco, segundo puerto en importancia de Colombia sobre el Pacífico, fue devastado en gran parte, e Iscuandé y Guapi sufrieron inmensos daños.
Los 200.000 habitantes de esta región que tradicionalmente han vivido en la mayor indigencia, olvidados por todos los gobiernos, se ven en la actualidad enfrentados a peores contingencias. Además de la carencia de los más elementales servicios de educación, salud, agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y vías de comunicaciones a que están sometidos, se les ha agregado la pérdida de sus míseros techos, la escasez de alimentos y la falta de drogas para contrarrestar las epidemias.
El pueblo colombiano, que año tras año se ve abocado a toda clase de calamidades, abandonado por quienes detentan el Poder, sabe que sus padecimientos sólo tendrán alivio cuando el gobierno esté en sus manos. Mientras tanto, las localidades afectadas serán escenario de las protestas de las masas que exigirán remedio a sus males y pondrán en la picota la desidia oficial.