Utilizando todo el poder y dominio que tienen los monopolios norteamericanos sobre nuestro territorio patrio, la Exxon se apoderó, con la anuencia y servilismo de los gobernantes de turno, del yacimiento de carbón más importante de Colombia.
El país entero, por el debate nacional planteado, pudo conocer todas las intimidades del chanchullo llamado por los ministros “el contrato del siglo”, y comprender como éste es profundamente lesivo para los intereses de la nación.
Burla del ejecutivo
El 5 de septiembre del año pasado el gobierno aprobó la declaración de comercialidad del proyecto de carbón de El Cerrejón – zona norte -, en la Guajira. Mediante el sistema de asociación, Carbones de Colombia S.A., Carbocol, empresa comercial e industrial del Estado, e International Colombia Resources Corporation, Interior, subsidiaria de la Exxon, pusieron en marcha el convenio suscrito en diciembre de 1976.
Los economistas del departamento técnico y financiero de Carbocol, Roberto Forero, Liliana Jaramillo y Cecilia de Sierra, recomendaron a la administración, en memorando del 27 de agosto, no aceptar los términos propuestos por Intercor. Señalaron que “declarar comercialidad con la idea de que si el proyecto es bueno para la Exxon es bueno para Carbocol y el país en materia de ingresos de participación, regalías, tarifas, costos de inversión y operación que le corresponden como socio del proyecto y como dueño inicial del recurso natural”. Ante la mofa que hizo el Ejecutivo de los argumentos expuestos por los técnicos, éstos, en actitud patriótica, renunciaron, dando a conocer la entrega de tan importante recurso energético.
Al abrirse el debate en el parlamento, el representante a la Cámara por el FUP, Álvaro Bernal Segura, denunció la complicidad de López y Turbay con la empresa extranjera. En su intervención indicó: “He venido a plantear hoy aquí un tema que compromete los intereses de la patria. A demostrar cómo el carbón ha caído en manos de uno de los monopolios más grandes del mundo, la Exxon, de propiedad de la familia Rockefeller, que desde hace 65 años tiene hincadas sus garras en nuestro territorio”.
En 1975 se hizo pública una licitación internacional para dar comienzo al desarrollo de los yacimientos de carbón en la Guajira. Con base en las propuestas recibidas, López Michelsen otorgó a la Exxon, a través de su filial Intercor, la exploración y explotación del área B de la cuenca de El Cerrejón. El contrato de asociación se firmó el 17 de diciembre de 1976.
La reserva carbonífera del proyecto comprende una extensión aproximada de 38.000 hectáreas. Se establecieron tres periodos para la puesta en marcha del mismo; el de exploración, el de montaje y el de explotación. Durante el lapso de casi cuatro años, Intercor realizó los estudios técnicos y de factibilidad que correspondían al primer periodo. La etapa de montaje se consideraba iniciada en el momento en que Carbocol aceptara el concepto presentado por el socio sobre la comercialidad del depósito. El periodo de explotación, aún no emprendido, arrancará con el primer embarque, y tendrá una duración de 23 años en total; la vida del proyecto copa 33 años.
Concluido el tiempo de exploración, el tema del Cerrejón cobró nuevamente actualidad. La empresa colombiana y el gobierno aceptaron, sin beneficio de inventario, lo propuesto por la subsidiaria norteamericana cuando ésta varió los términos de la licitación adjudicada. La producción prevista originalmente era de 5 millones de toneladas anuales, pero los estudios para el montaje de explotación, hechos por la compañía extranjera, tuvieron ya como base 15 millones de toneladas año, y en la propuesta de comercialidad se elevó esta cifra a un mínimo de 25 millones.
Lo que no cambió fue el nivel de regalías pactado. Como lo afirman los técnicos de Carbocol en sus objeciones: “Se estarían acordando regalías correspondientes a una producción de 5 millones, mientras se acepta una producción de 25 millones de toneladas año y más”. Para colmo, Intercor sobrefacturó los costos de inversión en un 80% y los de operación en un 100%, con el fin de que el socio nacional pagara una mayor proporción de los mismos. La oligarquía colombiana, en forma sumisa, admitió la justificación insólita dada por los funcionarios estadounidenses, de que los costos se “tendrán que aceptar de buena fe”.
Es tan evidente lo leonino de la propuesta hecha a la nación, que hasta una firma consultora internacional, la Parsons Brinckerhoff, contratada por el gobierno para asesorar a la empresa estatal en el proyecto, recomendó no aceptar la declaratoria de comercialidad, por ser contraria a las conveniencias del país. Profesionales del Departamentos Nacional de Planeación y del Ministerio de Minas y Energía también formularon reparos. Pero pudieron más el poder y control del imperialismo que los conceptos técnicos. El gobierno de Turbay, al aceptar la comercialidad, le dio vía libre al saqueo de sus amos yanquis. El ministro de Minas, Ávila Mora, ante el debate en la Cámara adelantado por Bernal Segura, respondió sin ningún rubor: “Este no es un gobierno de asesores”.
Pérdidas enormes
Los estudios de exploración confirmaron la existencia de 3.000 millones de toneladas. De estas reservas solamente se explotará la primera capa, que comprende de 0 a 200 metros y que cuenta con 1.600 millones de toneladas. Las restantes quedaran sepultadas, sin posibilidad práctica de que se recuperen después de que la Exxon haya descremado el mineral, es decir, extraído los primeros metros por el sistema de tajo abierto. Se estima que a precios de hoy el total de las reservas vale 130.000 millones de dólares. “Esa es la magnitud de las riquezas de que disponía el país en el área norte de El Cerrejón, solo comparable a las pérdidas que sufrirá Colombia por causa de la política de asociación que allí se ha aplicado; y solo comparable con el inmenso volumen de desvergüenza de las clases dirigentes que las han entregado al voraz apetito de los explotadores venidos de fuera”, afirmó en el Congreso el dirigente del FUP, Álvaro Bernal.
Los depredadores le han venido exigiendo al régimen oligárquico mayores prebendas. Además de que Intercor se apropió del 50% del carbón, las autoridades decidieron entregarle el bastón de mando del proyecto al concederle la facultad de ser el operador del mismo. Carbocol sólo será entonces un convidado de piedra. La construcción de la mina, catalogada como la más grande del mundo, del ferrocarril del puerto y demás instalaciones las realizará y administrará el consorcio norteamericano. Como acertadamente lo expresara Bernal Segura: “Durante el término de 33 años una compañía extranjera posa todo su poder y todos sus tentáculos sobre 38.000 hectáreas de tierra y sobre toda la ruta del ferrocarril hasta la Costa Atlántica, en la Bahía Portete, donde controla como un enclave colonial parte vital del territorio guajiro”.
Mientras la producción minera nacional, mediana y pequeña, sufre el trato discriminatorio del Estado, los pulpos norteamericanos gozan de los favores concedidos por sus intermediarios. El ministro de Desarrollo y anterior gerente de Carbocol, Andrés Restrepo Londoño, sirvió de portador oficioso de los intereses de la Exxon, al plantear la exigencia de la compañía extranjera de que se la eximiera de pagar el impuesto del 5% que consagró la Ley 61 de 1979 para los productores de carbón. La obsecuencia del gobierno estuvo atenta al mandato de los explotadores y en la legislación se incluyó la exención del gravamen.
Pero una prueba más de que la oligarquía liberal-conservadora promulga disposiciones especiales para favorecer al imperialismo, la constituye la cláusula 39 del convenio de asociación. En ella se establece que una de las condiciones básicas bajo las cuales se pudo celebrar el contrato fue la expedición, por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), de la resolución 23 de diciembre de 1976, que permitió a las empresas extranjeras del sector de la minería de carbón remitir el 100% de las utilidades obtenidas, así como la repatriación de todo el capital invertido y de las reservas legales. Intercor podrá entonces, cuando haya saqueado toda la riqueza carbonífera del área contratada, dejarnos únicamente la burla y la miseria.
A pesar de lo anterior, la rapacidad de la filial de la Exxon no se detiene. Para evitar la posibilidad de que nuevos tributos vayan a disminuir sus exorbitantes ganancias, los expoliadores impusieron en el numeral 6 del artículo 13 del contrato, que cualquier impuesto futuro, ya sea éste nacional, departamental o municipal, correrá por cuenta de Carbocol.
Los privilegios de Intercor configuran una afrenta. Es el operador del contrato; paga unas regalías ínfimas, aun si se las compara con las del petróleo, que son bajas, define el presupuesto y lleva la contabilidad del proyecto, lo que le permite la sobrefacturación en los costos; descrema y comercializa el mineral; está exenta de los impuestos de la ley del carbón y de aduana; repatria todas las utilidades, incluida la reserva legal, y tiene libertad para determinar las cantidades a producir.
El Cerrejón es un ejemplo patético de a tragedia que representa para Colombia la política de la asociación de capitales, que desde un tiempo para acá demanda el imperialismo de sus colonias. Bajo esta forma neocolonialista de pillaje los monopolios norteamericanos encubren y redoblan el saqueo y la explotación. Aparentemente comparten por igual los mismos derechos y obligaciones del capital nacional, y sin embargo se llevan las ganancias fundamentales sin ningún riesgo económico y político.