Para los cinco millones de habitantes de El Salvador, los primeros veinte días de 1981 fueron un período muy rico en acontecimientos políticos. El 9 de enero, con la consideración de que había que pasar a la insurrección antes del ascenso al Poder del presidente electo de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que se efectuó el 20 del mismo mes, las organizaciones guerrilleras agrupadas alrededor del Frente Democrático Revolucionario (FDR) decretaron el comienzo de la “ofensiva final”. A las pocas horas de haber dado a conocer sus intenciones atacaron un aeropuerto del ejército en las afueras de San Salvador, convocaron a una huelga general contra el gobierno y se apoderaron de algunas poblaciones de provincia. Los principales combates tuvieron lugar en las calles de Santa Ana, la segunda ciudad más grande del país, y en las regiones campesinas de Morazán, Chalatenango y San Vicente.
Mientras los marines que custodian la Embajada de los Estados Unidos eran puestos en estado de alerta, dos asesores norteamericanos del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, junto con el presidente de la misma entidad, cayeron abaleados por grupos paramilitares de extrema derecha en un hotel de la capital.
Mil doscientas personas, entre obreros, trabajadores del campo, dirigentes políticos y sindicales, estudiantes, sacerdotes y periodistas perdieron la vida durante las primeras tres semanas del año que comienza, cuando la fuerza pública inició su contraataque. La violencia cotidiana ejercida contra el pueblo se recrudeció hasta el borde de lo insostenible en un nación que, según palabras de Alexander Haig, el nuevo jefe de la diplomacia yanqui “constituye el mayor desafío para la seguridad de Estados Unidos en el área centroamericana”.
El genocidio
De acuerdo con informes de la Iglesia Católica, en el curso de 1980 fueron asesinados cerca de diez mil salvadoreños por efectivos de la Guardia Nacional y de los escuadrones de la muerte. Estos últimos, como “Orden” y la “Unión Guerrera Blanca”, que se mueven sin ningún impedimento legal, reciben ingentes sumas de dinero por intermedio de la oligarquía criolla exiliada en Miami, actúan con el apoyo sistemático de los altos mandos militares y tienen a su disposición todos los arsenales del gobierno. Por otra parte, estadísticas de las Naciones Unidas señalan que 3.500 presos “desaparecieron” misteriosamente de las cárceles durante el año pasado, y que en el resto de países de América Central hay unos 200 mil refugiados, en su mayoría campesinos, provenientes de El Salvador.
Aunque la represión ha cobrado innumerables víctimas en todos los sectores de la sociedad opuestos a la Junta fascista, son los pobres de las zonas rurales contra quienes la barbarie se enseñorea con mayor crudeza. Uno de los casos más patéticos sucedió el 14 de mayo de 1980, sobre las riberas del río Sumpul, en la frontera con Honduras, cuando catorce camiones del ejército salvadoreño llegaron a la aldea de San Jacinto y los soldados ejecutaron en masa a todos los habitantes, acusados de colaborar con las guerrillas. Un testigo de los hechos afirmó que seiscientos agricultores murieron fusilados contra un viejo paredón de adobe, en una masacre que duró hasta el anochecer, luego de que los militares incendiaran sus viviendas y arrasaran sus cultivos de maíz y de mandioca. Los cadáveres fueron arrojados a las aguas del Sumpul, y los pocos sobrevivientes que lograron huir a territorio hondureño perecieron bajo el fuego de las tropas locales, estacionadas al otro lado de la frontera.
En los cantones de esta región limítrofe entre los dos países, que se extiende a lo largo de 340 kilómetros de terreno agreste y montañoso, la Guardia Nacional de El Salvador ha emprendido verdaderas campañas de exterminio contra la población civil. A pesar de que la zona estuvo bajo control y vigilancia de la OEA desde la llamada “guerra del fútbol”, en 1969, hasta el Tratado de Tegucigalpa, suscrito por ambas naciones en diciembre de 1980, los campesinos que residen en ella han soportado toda clase de vejámenes y han tenido que aprender a defenderse como puedan. La dictadura militar bombardea sus campos de labranza, los persigue hasta en los caseríos más lejanos y los acorrala finalmente en los linderos con Honduras, donde millares de proscritos han sido “reubicados” en paupérrimos refugios, si consiguen escapar con vida. El baño de sangre que se ha desatado contra ellos, y contra el pueblo salvadoreño en su conjunto, sólo es comparable con el que sufrieron sus antepasados en 1932, en tiempos del general Maximiliano Hernández Martínez, cuyo gobierno reprimió un levantamiento agrario en las provincias de Izalco, Sonsonate, Ilopango, Zaragoza y Cabañas con un saldo de 30 mil agricultores muertos.
Los labriegos de ese entonces peleaban por la tierra; por el derecho a sembrar, a trabajar y a organizarse en forma autónoma; por la baja de los arriendos en los latifundios cafeteros, y por el pago de mejores jornales durante los meses de recolección de las cosechas. Hoy, medio siglo después, sus descendientes continúan luchando por la misma causa.
Los amos de la heredad
En 1944, cuando se vino a pique el régimen del general Maximiliano Hernández Martínez, después de varios meses de huelgas, manifestaciones y conflictos callejeros, El Salvador seguía siendo uno de los países más atrasados del mundo. Como en la actualidad, la mayor parte de su economía estaba dedicada a producir café y materias primas con destino a los mercados norteamericanos, y unos cuantos monopolios foráneos controlaban los ferrocarriles, los servicios públicos, los puertos y el comercio exterior. Un número insignificante de grandes terratenientes era dueño del 42 por ciento de la tierra cultivable, y la naciente industria manufacturera había caído en manos de las mismas 14 familias propietarias de los bancos, las empresas de aviación, las firmas importadoras de maquinaria, los almacenes de lujo, los hoteles, los teatros y los cementerios.
El derrocamiento del tirano no significó gran cosa para esta oligarquía voraz, intermediaria y parásita, que ha manejado la vida política de la nación desde la independencia de España hasta nuestros días. Sus adalides de turno exigieron un Consejo de Gobierno que administró sus intereses comunes durante los meses de insubordinación popular, y a partir del término de ésta, en abril de 1944, se las ingeniaron para colocar en el Poder a diferentes mandatarios, civiles y militares “elegidos” o impuestos por las armas, que regentaron el país hasta 1961. El resultado fue que El Salvador inició la década de los años sesentas en condiciones de indigencia aún más alarmantes que las anteriores. Sólo tres de cada diez personas encontraban trabajo permanente en las ciudades; el analfabetismo llegaba al 73% en las zonas rurales; menos del ocho por ciento de la población recibía la mitad del ingreso nacional, y el consumo de calorías por habitante no era muy superior a los niveles registrados en Biafra.
Sin embargo, a raíz del triunfo de la revolución cubana, un acontecimiento que alentó a los inconformes de todos los rincones de América Latina, el dominio absoluto de la oligarquía salvadoreña comenzó a ser impugnado una vez más. Contra la costumbre establecida hasta el momento, algunos sacerdotes de la Iglesia Católica denunciaron el contraste entre la miseria total de la inmensa mayoría y el derroche ostentoso de una pequeña casta de privilegiados. Los estudiantes universitarios señalaron al imperialismo norteamericano como el principal causante de la pobreza material y cultural de El Salvador, y muchos de ellos se vincularon a los paros obreros, a las invasiones campesinas, a los brotes periódicos de descontento. El estruendoso fracaso de la estrategia estadinense de aquel tiempo conocida con el nombre de Alianza para el progreso, contribuyó a gestar un movimiento de rebeldía que puso de manifiesto toda la hondura de la crisis. Surgieron nuevas agrupaciones políticas y otras salieron de la clandestinidad.
El reformismo en acción
En 1970, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática Nacionalista (UDN) conformaron una coalición de fuerzas que se llamó la Unión Nacional Opositora (UNO). El PDC había sido fundado en 1962 por un sector de terratenientes alejados de la burocracia estatal y molestos con algunas medidas del gobierno, el MNR representaba a un núcleo de industriales, intelectuales y comerciantes partidarios de la socialdemocracia europea, y la UDN era la mampara que utilizaba el Partido Comunista pro-soviético de El Salvador para ganar adeptos.
La Unión Nacional Opositora (UNO) se presentó a las elecciones de 1972 con un programa conjunto que prometía “modernizar la sociedad, fomentar un desarrollo independiente de la economía y defender los derechos inalienables del pueblo salvadoreño”. Su plataforma política estipulaba que “dentro de las normas constitucionales bien cumplidas puede lograrse un Estado social, justo, libre y soberano” y, sus declaraciones públicas aseguraban a los trabajadores que unas cuantas reformas conseguidas a través de las urnas, eran suficientes para que el país saliera de su atraso secular y se implantara el imperio de la democracia. El actual jefe de la Junta Cívico-Militar, José Napoleón Duarte, figuraba como candidato a la Presidencia de la República en las islas oficiales de la UNO; Guillermo Manuel Ungo, hoy dirigente máximo del Frente Democrático Revolucionario (FDR), fungía como su compañero de formula.
A pesar de que los dos personajes obtuvieron la mayor cantidad de votos, un escandaloso fraude electoral impuso en el poder al coronel Arturo Molina, quien gobernó hasta 1977 en nombre de los grandes potentados de la tierra y las finanzas y organizó los comicios de este año. La Unión Nacional Opositora resultó victoriosa una vez más, pero diversas artimañas en los escrutinios le dieron el triunfo al general Carlos Humberto Romero quien desempeñó el cargo hasta 1979. Ambos regímenes reprimieron de manera sanguinaria a sindicatos fabriles y asociaciones del campo. Las universidades fueron militarizadas. Una huelga nacional de educadores tuvo que ser levantada a balazos por la policía, y las bandas armadas de los latifundistas e iniciaron los asesinatos en las regiones agrarias.
El Partido Comunista, sin embargo, continuó con su estrategia de buscar “mejoras” en el marco de la Constitución y de las leyes, y su proceder conciliador, claudicante y liberal terminó por desenmascararlo incluso ante su propia militancia. Su dependencia de la Unión Soviética y su bancarrota ideológica y política, junto con el auge las luchas populares de entonces, fueron factores que ayudaron a que los numerosos destacamentos obreros, campesinos y estudiantiles se decidieran a construir nuevas organizaciones. Así, en el curso de la década del 60, aparecieron los principales grupos guerrilleros de la actualidad: las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (FARN).
El cuartelazo
El 15 de octubre de 1979, menos de tres meses después de que cayera Anastasio Somoza en Nicaragua, una Junta Cívico Militar de cinco miembros se hizo cargo del gobierno salvadoreño. El embajador norteamericano se comunicó personalmente con el general Carlos Humberto Romero, vencedor en las elecciones de 1977, y le aconsejó que se exiliara en Guatemala, donde sin duda sería bien recibido. Un vocero del Departamento de Estado declaró al día siguiente que el nuevo régimen de El Salvador significaba una “apertura” de carácter ‘progresista y razonable’. El coronel Adolfo Arnoldo Majano, uno de los promotores de la revuelta, concedió una conferencia de prensa para manifestar que los Derechos Humanos y las reformas moderadas serían los objetivos centrales de su administración. A las pocas horas fue disuelto con tanques un desfile de fuerzas democráticas en las calles de la capital, y en algunas poblaciones rurales se utilizaron bombas incendiarias para sofocar a los rebeldes. La Junta suspendió las garantías constitucionales, instauró la ley marcial y decretó el toque de queda.
El propósito de los golpistas no era destruir la maquinaria del Estado oligárquico sino remozarla; no buscaban abolir los aparatos represivos sino embellecerlos: intentaban realizar algunos cambios menores en el terreno económico y político, pero pretendían que tales cambios no afectaran a las clases dominantes, y que se adelantaran por medio de un ejército con el poderío suficiente para prevenir cualquier desbordamiento revolucionario de las masas. Un trabajador agrícola del departamento de Chalatenango resumió la situación en esta forma: “El golpe lo dio la misma institución que le ha servido de soporte a todas las dictaduras salvadoreñas, y sus cabecillas jamás le pasarán la cuenta de cobro a los responsables de que el país se encuentre al borde de la guerra civil”.
Aunque los hechos posteriores confirmaron la verdad de estas palabras, en el mes de octubre de 1979 casi todo el mundo procuraba ignorarlas. La Organización de Estados Americanos, las naciones del Pacto Andino, gobiernos como el de Nicaragua, Cuba, Granada, Jamaica y Panamá, expresaron su reconocimiento a la Junta y prometieron apoyarla. Una delegación de diplomáticos panameños, que trataba de servir de mediadora entre los militares y las guerrillas, se entrevistó con representantes de Fidel Castro en noviembre de 1979, y de común acuerdo decidieron “influir para bajar el nivel de los enfrentamientos y respaldar la tesis de la tregua”, que en síntesis quería decir dos cosas; darle tiempo al régimen salvadoreño para sacar adelante sus pretendidas reformas, por una parte, y estimular a los sectores “democráticos y progresistas” de las Fuerzas Armadas, por la otra.
Todos los partidos políticos de El Salvador, sin excepción alguna, se sumaron a la “tregua” mencionada. La Democracia Cristiana, el Movimiento Nacional Revolucionario y el Partido Comunista pro-soviético integraron el primer gabinete ministerial. El ex presidente Carter ofreció reanudar la ayuda económica, y la violencia reaccionaria siguió cobrando su cuota inexorable de víctimas.
La intervención foránea
Cuando se hizo evidente que los cambios anunciados no estaban dirigidos a beneficiar al pueblo, y cuando quedó absolutamente claro que los grupos paramilitares de extrema derecha contaban con el visto bueno de la camarilla gobernante, casi todos los ministros renunciaron a sus puestos. Los únicos que se mantuvieron en ellos fueron los del Partido Demócrata Cristiano. No obstante, la Unión Democrática Nacionalista (UDN), o sea el revisionismo, conservó su participación burocrática en Alcaldías y otros organismos menores hasta mayo de 1980, un mes después de que se promulgaran las leyes de Reforma Agraria, de “nacionalización” de la banca y del comercio exterior.
Hasta el día en que se expidieron los decretos, el 6 de abril de 1980, cerca de 1.500 personas habían caído asesinadas por el ejército desde el 15 de octubre de 1979, y más de 1.300 millones de dólares depositados en las cuentas bancarias de la oligarquía habían sido trasladados fuera del país.
Mientras tanto, millares de familias campesinas, que habían invadido latifundios ociosos desde mucho tiempo atrás, fueron desalojadas de sus tierras por la Guardia Nacional. El 5 de junio del año pasado, en el departamento de Cuscatlán, al norte de San Salvador, ochenta agricultores perdieron la vida en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Diversos comentaristas han coincidido en afirmar que, a raíz del anuncio de la reforma agraria, se desató una verdadera campaña de crímenes y deportaciones masivas contra los labriegos salvadoreños.
Empero, lejos de adormecer el espíritu insumiso de la población, las reformas chocaron con la resistencia organizada de los campesinos, los obreros, los estudiantes y sectores medios de la sociedad. La Junta Cívico Militar se vio obligada a incrementar los hechos de terror con el objeto de llevarlas a la práctica, y para ello decidió encumbrar en el Poder a un hombre que gozara de la confianza plena de los Estados Unidos. El coronel Majano fue destituido de todas sus funciones, sin pena ni gloria, y José Napoleón Duarte, miembro del Partido Demócrata Cristiano, pasó a ocupar la Presidencia de la República.
Ronald Reagan, en diciembre de 1980, declaró con respecto a la situación de El Salvador: “No se puede pelear en una guerra civil y establecer reformas al mismo tiempo. Primero hay que salir de la guerra civil, y luego establecer las reformas”. Cuatro presidentes que lo antecedieron en el cargo perpetraron desembozados actos de agresión armada contra América Latina durante los dos primeros años de sus respectivos mandatos: Eisenhower intervino en Guatemala por intermedio de un ejército de mercenarios, para derrocar a Jacobo Arbenz en 1954; Kennedy ordenó la frustrada invasión de Bahía Cochinos, en la isla de Cuba, en 1961; Jhonson patrocinó el abaleo de decenas de estudiantes panameños en enero de 1964 y dispuso el desembarco de 450.000 marines en la República Dominicana, a principios de 1965, y Nixon estuvo al frente de las operaciones que condujeron al asesinato de Salvador Allende y a la posterior masacre de los trabajadores chilenos. No existe ningún motivo de peso para suponer que el nuevo héroe de los monopolios yanquis, Ronald Reagan, vaya a ser una excepción a esta regla.
Por el contrario, una de las primeras medidas de su administración fue la firma de un acuerdo de ayuda económica por 65 millones de dólares que serían otorgados al gobierno de El Salvador junto con fusiles automáticos, municiones, granadas y helicópteros para el transporte de tropas. El material y los empréstitos han sido utilizados por la dictadura demócrata cristiana para combatir con más fiereza al movimiento guerrillero, cuya “ofensiva final” logró desembocar en una insurrección de envergadura nacional pero que aún se mantienen firme en las regiones campesinas de Chalatenango, Morazán, La Unión y San Vicente, donde los rebeldes siguen hostigando al enemigo y recuperando medios de guerra para armarse y continuar la lucha.
El pueblo salvadoreño tendrá que preparar a sus huestes para una batalla prolongada y difícil, sin dejarse intimidar por el despotismo y sin caer en las manos de los reformistas y los demagogos. Sus combatientes habrán de levantar la bandera de la soberanía nacional contra el imperialismo norteamericano, y al mismo tiempo deberán cuidarse de las pretensiones hegemónicas de la Unión Soviética y de sus aliados, que sólo buscan manipular la crisis del país en beneficio de sus propios intereses de expansión. En el camino que les queda por delante, los desheredados de El Salvador contarán con el apoyo entusiasta, generoso y desinteresado de todos los pueblos del mundo.
Marcel Salamín:
Fue Asistente del jefe de Gobierno de Panamá, general Omar Torrijos, de octubre de 1977 a octubre de 1978, y a partir de entonces se desempeñó como asesor político del Comandante en Jefe de la Guardia Nacional panameña. En julio de 1979 fue nombrado embajador de la República de Panamá ante el gobierno de Nicaragua, y en septiembre de ese mismo año asistió a la VI Conferencia Cumbre de Países No Alineados, celebrada en La Habana, Cuba, en calidad de asesor del general Torrijos. A finales de 1979, el señor Salamín presidió la delegación de diplomáticos panameños que intentó servir de mediadora en la crisis de El Salvador.