Con diversos actos conmemorativos celebró sus cinco años de fundación la Ocidec, Organización Campesina Intendencial de Casanare, el pasado 1 y 2 de noviembre. En Yopal se congregó más de un centenar de delgados campesinos, sindicalistas y grupos artísticos, quienes exaltaron el primer lustro de luchas de dicha organización.
Desde apartadas veredas, sumidas en la profundidad del Llano, algunos de los colonos caminaron cinco días con tal de poder asistir a la celebración. Desde Bogotá llegó una delegación encabezada por el concejal del FUP, Avelino Niño; por dirigentes de los sindicatos de Fecode, Sintracreditario, Aceb, Sindillantas, Sintrateléfonos, Sintraicasa, Sinucom, Sintrabancaldas y por el Teatro Libre y el Conjunto Son del Pueblo.
De Boyacá arribaron representantes del Movimiento de Renovación Sindical, de Sindimaestros, de la Seccional del Sindicato de Trabajadores de Acerías Paz del Río y de Aceb de Sogamoso.
El domingo 2 de noviembre, al mediodía, la Ocidec realizó una nutrida manifestación en la Esquina del Transporte, en Yopal. Los oradores recordaron cómo doce años después de la falaz amnistía de 1953, el campesinado llanero se sintió traicionado y más perseguido y oprimido que nunca. Sobreponiéndose al desconcierto sufrido por la entrega y el asesinato de varios de sus dirigentes, los agricultores decidieron organizarse para defender sus vidas y sus tierras. Rompieron entonces con los partidos de los mandamases y principiaron a realizar sus primeros contactos con los sectores más avanzados de la clase obrera colombiana.
Fue este proceso de búsqueda de nuevos caminos el que cristalizó hace cinco años con la conformación de la nueva Organización Campesina Intendencial de Casanare.
Durante la asamblea general de Ocidec, la delegación del municipio de Maní denunció los atropellos de que vienen siendo víctimas más de ocho familias de la vereda Las Brisas, con la tolerancia del alcalde, quien defiende el acaparamiento de baldíos por un terrateniente. Los labriegos del Comité Veredal de Huerta Vieja, del municipio de Pajarito, relataron cómo un escuadrón de policías, enviado por el gobernador de Boyacá, incendió sus viviendas, arrasó los cultivos y confiscó sus papeles de identificación, para también respaldar la concentración de tierras en la región. Los campesinos de Orocué, después de caminar durante cinco días para asistir a la reunión conmemorativa, informaron sobre las componendas de las autoridades con los terratenientes para disponer de más de 50 mil hectáreas de terrenos baldíos y ociosos, y de las intimidaciones contra una veintena de familias que allí laboran la tierra.
El ultraje que mayor repudio suscitó entre la asistencia, fue el cometido contra moradores de la vereda El Caucho, del municipio de Nunchía. Allí los «campovolantes» y los funcionarios han desatado una feroz persecución contra los líderes agrarios y los habitantes de aquella vereda, hasta el punto de prohibir la pesca en las tomas del río Pauto. El 29 de septiembre pasado, por ejemplo, una cuadrilla de sicarios asaltó al dirigente de Ocidec, compañero Gregorio Moreno. Gracias a su coraje, Moreno pudo escapar con vida del cobarde atentado. El 13 de julio, el mismo grupo de matones torturó a uno de los trabajadores de la fundación La Bonanza. A mediados de 1980 fueron arbitrariamente encarcelados Reinaldo Teatín, Angelberto Murillo, José del Carmen Cruz y Neftalí Arias. El 3 de octubre del mismo año agentes del DAS apresaron a Plutarco Urbano en su propio sembrado, luego de haber propalado rumores sobre su muerte con el fin de amedrentarlo. Todos estos actos de terrorismo obedecen a un plan con el cual un minúsculo grupo de terratenientes quiere desalojar a 186 familias de las posesiones que, tras largos y duros años de trabajo, han civilizado en las 26.500 hectáreas del latifundio El Desecho-Quitebe. Sin embargo, en defensa de sus fundos, los habitantes de El Caucho se fundieron como un solo puño, bajo la orientación de la Ocidec, y tres veces se han lanzado a derribar las cercas tendidas por los latifundistas.
La asamblea congregada en Yopal condenó, finalmente, esta oleada de violencia orientada por los déspotas del campo con la anuencia del gobierno, y procedió a elegir nueva junta directiva. Resultaron señalados José Alberto Molina, como presidente; Plutarco Urbano, como vicepresidente; Alfredo Reyes, como secretario; Roberto Chaparro como tesorero y Reinaldo Teatín como fiscal.