La edad de jubilación fue elevada a 60 y 65 años, al tenor de una ley puesta en vigencia a fines de enero.
El tope único de 60 años quedará como obligatorio para los empleados inscritos en las Cajas de Previsión Social, en tanto que el de 65, presentado como «voluntario», afectará especialmente a quienes en la fecha no hayan cumplido aún los 15 años al servicio de la Nación.
Aunque el gobierno se quejó de la creciente «uruguayización» del país para justificar la medida, la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC, desmintió que sea ésta una «república de jubilados» por el estilo de Uruguay. Según datos del Comité Nacional de Pensionados, Conalpen, de los casi dos millones y medio de compatriotas que hoy superan los 50 años de edad, sólo 320 mil reciben protección del Estado por intermedio de las Cajas y el ISS. Y de estos últimos, «el 70 por ciento percibe una retribución igual al salario mínimo». En otras palabras, campesinos, artesanos y un buen número de proletarios pasan el final de sus días prácticamente sin apoyo estatal. Y los pocos que de él disfrutan se ven a diario _atrapados en una telaraña legal y sometidos a un tratamiento muchas veces indigno_, según lo concluyó el periodista de El Tiempo, Hugo Sabogal, en su informa sobre «el drama de los pensionados».
El porvenir se advierte sombrío hasta para los 320 mil afiliados de Cajanal y el ISS. Conforme lo señaló Hernando Zuleta Holguín, director del Seguro Social, en 1986 se echará mano de las reservas con las que el instituto viene cubriendo los riesgos de invalidez, vejez y muerte, con el objeto de saldar el creciente déficit de la entidad. Los faltantes totales de la Caja y el ISS para el presente año se calculan en 30 mil millones de pesos, en cifras de la directora de Cajanal, Olga Duque de Ospina. La salida propuesta por Betancur a semejante quiebra ha consistido en acrecer las cuotas y en retardar la edad de jubilación, sobre todo para el inmenso porcentaje de mujeres trabajadoras.
Ofensiva contra las cesantías
Un proyecto acariciado por Betancur desde 1963, cuando se hallaba al frente del Ministerio de Trabajo, podría ser expedido este año por el Congreso: el que suprimirá la retroactividad de las cesantías a la totalidad de los trabajadores estatales.
«Cuando un empleado oficial (…) solicite y obtenga un pago parcial de su cesantía -dice el texto del proyecto-, esta prestación se considerará liquidada definitivamente hasta esa fecha. Para cualquier liquidación posterior, se tomará esa fecha como si hubiere sido la de ingreso a la entidad»
Al presente la retroactividad no existe para el considerable sector de los trabajadores estatales adscritos a entidades del orden nacional, tales como departamentos administrativos, ministerios y superintendencias, que se ven sometidos desde 1968 al viacrucis del Fondo Nacional del Ahorro. Si el proyecto en mención fuere aprobado, el resto de los funcionarios caerá también bajo la férula del establecimiento liquidador. Como lo denunció el Comité Regional de Solidaridad de Cundinamarca, el paso siguiente consistirá en cortar de raíz dicha conquista a los obreros de la industria privada.
Entre tanto, la quimérica Reforma Laboral presentada en la Cámara por algunos parlamentarios del PC, dentro del espíritu de la denominada apertura democrática -«nuestra apertura», como la llama Betancur-, continúa durmiendo el sueño de los justos. Tal como lo anotó Agustín González, dirigente del Comité Nacional Sindical de Solidaridad, «de este régimen no hay que esperar medidas en defensa del derecho de huelga, ni en contra de los tribunales y contrapliegos, y mucho menos aumentos salariales y prestacionales acordes con el costo de vida, sino recortes y más recortes a los derechos democráticos y reivindicaciones laborales».
Los obreros no pueden permitir que «en aras de falsas soluciones para la crisis actual se aumente su explotación», concluyó Cedetrabajo en reciente estudio. Coincidente con tal planteamiento, el Comité Nacional Sindical de Solidaridad llamó al movimiento obrero, sin excluir a la UTC y a la CTC, a desatar una gran batalla en defensa de la retroactividad de las cesantías y la jubilación.