Superado el conflicto laboral del año anterior, los trabajadores de la Caja Agraria enfrentan una arremetida patronal sin precedentes. El régimen belisarista – por medio de su agente Ospina Hernández- escudado en una supuesta política de «reestructuración», pretende cercenar derechos adquiridos por los trabajadores, desmembrando la empresa y entregándola maniatada a la voracidad del clientelismo y los latifundistas.
Tan lesiva política abarca el conjunto de las entidades agropecuarias, tales como el Ica, Inderena, Himat, Incora, Banco Ganadero, Sena, Banco Cafetero, Agustín Codazzi e Idema. En el Ica se contabilizan más de 300 despidos luego del convenio con el Banco Mundial, y entre los que se cuentan seis miembros de la Junta Directiva Nacional del sindicato encabezados por su presidente, Manuel Santos.
La ofensiva contra la Caja Agraria, por medio del Decreto 1599 de 1984, implica la creación de dos sociedades de economía mixta, Proagrícolas S.A. y Fiduagraria S.A., que significará la entrega de los almacenes agrícolas y bienes de la Caja a los gremios privados para que los exploten comercialmente con evidente perjuicio para el campesinado, y además, la sustitución patronal, con onerosas consecuencias para los intereses de los trabajadores.
La nefasta «reestructuración» apunta hacia el predominio del clientelismo, pues las 26 gerencias regionales se han agrupado en seis grandes entes. Las gerencias quedan en capacidad de contratar o despedir personal, fijar regionalmente las líneas de crédito y suprimir sucursales. Para citar un solo ejemplo, en los siete departamentos de la Costa, se han nombrado siete gerentes de departamento y un sólo gerente regional que maneja a su antojo los hilos claves de la institución. Es de anotar que cinco de ellos pertenecen a la corriente del ospinismo gustavista.
El viernes 15 de febrero el sintracreditario realizó una jornada de nacional de protesta contra el régimen de Belisario Betancur. Con mítines, marchas denuncias públicas, los valerosos trabajadores se unieron alrededor de un sindicato para luchar, no solo por el derecho al trabajo, sino para apoyar el clamor de los campesinos pobres y medios en demanda de un crédito barato, oportuno y suficiente, y para denunciar la siniestra “reestructuración”, como una patraña que beneficiará a los terratenientes y al clientelismo.