Cuando aún no se han logrado acuerdos sobre ningún punto del pliego, más de sesenta días después de presentado, los 10.500 trabajadores de Ecopetrol enfrentan la imposición del 10 por ciento, planteada por la empresa en arreglo directo. La etapa de conciliación se inició el 15 de febrero, y como representante de la USO fue nombrado el trabajador de Refinería, Jorge Quijano. La asamblea general ha resuelto que el punto de salarios sólo podrá ser acordado al referendo de los trabajadores.
Con el objeto de probar la justicia de sus demandas, el sindicato ha señalado que en 1983 los salarios y prestaciones, incluida la jubilación, cubrieron tan sólo el 13.43 por ciento de los egresos totales de la empresa. En contraste, el 77.38 por ciento del valor agregado producido por los obreros -es decir, 73.036 millones de pesos- quedó en las arcas del gobierno, las multinacionales y la banca. La USO ha planteado reiteradamente como única salida la nacionalización sin indemnización del petróleo y demás recursos naturales.
El capital financiero recibió ese año de Ecopetrol la suma de 20.862 millones de pesos por concepto de abonos e intereses a los cuantiosos préstamos, cifra mayor que la percibida por los miles de obreros y jubilados. Al terminar 1983 la empresa de petróleos continuaba adeudando a la banca 899 millones de pesos.
Contra el terrorismo
A fines del pasado año los directivos sindicales Oscar Palomino y Carlos Zapata y el obrero de base José Penagos fueron víctimas del boleteo. El dirigente de la USO y Fedepetrol, Rodolfo Gutiérrez, se vio asimismo amenazado de muerte a comienzos de 1985. El 19 de enero, el operario Carlos García resultó herido por un agente de la fuerza pública al servicio de Ecopetrol, que abrió fuego sin motivo alguno desde un carro de la empresa cuando aquél se encontraba en un lugar céntrico de Barrancabermeja. Días después, efectivos de la Armada interceptaron a un grupo de activistas de la USO- Cantagallo, a quienes incautaron numerosos boletines de carácter gremial.
En forma enérgica la USO condenó el. hostigamiento al sindicato y a los trabajadores, y se manifestó contraria a toda forma de terrorismo. El 5 de febrero, el sindicato rechazó expresamente el atentado cometido en Refinería contra vehículos de la empresa y declaró: “Siempre hemos censurado esos actos. Y por principio hemos cifrado el éxito de nuestra política en la lucha de masas”.
El próximo 21 de febrero la USO participará en la Jornada Nacional de Protesta de los trabajadores estatales.
Desde el 21 de diciembre, los 1.100 obreros de Croydon adelantan un cese, el cuarto en la historia del sindicato. La empresa, cuyo mayor accionista es la West Rubber de Estados Unidos, opuso un contrapliego de 14 puntos que pretende borrar la estabilidad, la prima de asistencia y el sistema vigente de ingeniería industrial, como también subir los precios del transporte interno y los casinos. La organización enfrenta la amenaza de un tribunal de arbitramento. El gobierno ya ha instalado sendos tribunales en Conalvidrios -Soacha y Buga-, Industrias Metálicas de Palmira y Futec, de Medellín, subsidiaria de Coltejer. Otro conflicto de envergadura se desarrolla en Ericsson, firma de capital sueco, cuyo sindicato pertenece a Fetramecol.