(Entrevista concedida en octubre por el doctor Carlos Gaviria Díaz al equipo de redacción de TRIBUNA ROJA y en que hace referencia a los problemas principales de la actualidad política y del país)
Tribuna Roja: ¿Cómo ve la situación de los sectores populares?
Carlos Gaviria: Se encuentran en una situación cada vez más precaria, más pobres, con mayores y más numerosas necesidades insatisfechas, porque no hay duda de que atenderlas no es una prioridad del Gobierno ni de lo que pudiéramos llamar «el establecimiento».
TR: ¿Qué nos dice de la pretensión del gobierno de aplicar el IVA de 4% a una nueva cantidad de productos de consumo popular y a los servicios públicos? ¿Y los golpes que se preparan contra los pensionados? Impuestos a las pensiones, aumentar los años para acceder a ellas, eliminar la mesada 14 y los regímenes especiales.
CG: El impuesto al consumo es un símbolo de la distribución inequitativa de los gravámenes: que los ricos y los pobres paguen lo mismo. Con las pensiones lo que se pretende reducir es su monto, aumentar la edad y el número y la cuantía de las cuotas, para que quienes han tenido que trabajar toda una vida no tengan posibilidad de un justo reposo cuando su ciclo vital ya concluye. Se pretende que la pensión de vejez no es un asunto de justicia retributiva sino de generosa beneficencia.
TR: Mientras esto ocurre con los sectores populares, el gobierno de Uribe Vélez hace aprobar en el Congreso nuevas garantías para las inversiones extranjeras y, además, rebajarles 7% de los impuestos. ¿Qué opina sobre eso, doctor Gaviria?
CG: La ley de garantías a las inversiones, recientemente aprobada, implica una vergonzosa renuncia del Estado a lo que hasta ahora se pensaba que era irrenunciable: a legislar y a interpretar su legislación. Hay una curiosa aceptación unilateral de las leyes de mercado: los países pobres necesitan inversiones que presuntamente generarán empleo, pero los inversionistas no necesitan invertir y en consecuencia son ellos los que ponen las condiciones cuando se deciden a hacerlo. El llamado que se nos hace parece ser a que compitamos con los países vecinos en mano de obra barata y en laxitud de la soberanía.
TR: Existe también un proceso muy grave de deterioro de los servicios públicos de salud y educación y hasta las promesas del gobierno en cuanto a la vivienda de interés social han sido incumplidas. ¿Qué se debería hacer?
CG: El proceso de deterioro de los servicios públicos es uniformemente acelerado porque el Gobierno, que ha aceptado la política económica neoliberal hasta las últimas consecuencias, no tiene interés en detenerlo. Así pretende imponer su tesis de que la privatización es el único camino.
TR: El gobierno insiste en firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el TLC. ¿Cuál es su posición?
CG: Si el país tiene que celebrar tratados comerciales, porque la autosuficiencia no es ni siquiera pensable, debe hacerlo en condiciones de equidad y mutuo beneficio. Las primeras rondas en torno al TLC les han mostrado, aun a los más optimistas, que la primera potencia económica del mundo no está animada precisamente de propósitos altruistas.
TR: ¿Qué opinión tiene usted sobre la política de unilateralidad que introdujo Estados Unidos en las relaciones internacionales, bien marcada en los hechos de la invasión a Irak?
CG: El supuesto en el que descansa la democracia consiste en que la fuerza no crea derecho, éste sólo es creado por el consentimiento; pero el país que pretende erigirse en ejemplo de democracia desdeña olímpicamente el derecho internacional y en su lugar coloca su voluntad omnímoda. Creo que ninguna persona decente puede aceptar esa actitud prepotente, arrogante y definitivamente imperial.
TR: Doctor Gaviria, ¿qué nos puede comentar sobre la reforma a la Justicia?
CG: No conozco el proyecto final. Lo que hasta ahora se ha conocido no hace más que ratificar el propósito del Gobierno de echar al olvido las cosas buenas de la Carta Constitucional de 1991: debilitar la tutela, que es la única forma de justicia que funciona, en beneficio de las que no funcionan, y quitarle facultades de control a la Corte Constitucional, que se ha erigido en un incómodo símbolo del Estado de derecho y del Estado social de derecho.
TR: Uno de los temas de mayor discusión en la política colombiana hoy es el proyecto que se tramita en el Congreso sobre la reelección presidencial y que está a punto de ser aprobado por la Plenaria de la Cámara. ¿Qué opina al respecto?
CG: No sé si la palabra adecuada para calificarlo sea vergüenza o desvergüenza. Que un presidente propicie un cambio constitucional en su propio beneficio, así arguya que es en aras del bien del país, implica un mesianismo impúdico: «La salvación de la patria la encarno yo». Y si para lograrlo seduce congresistas (compra conciencias), contradiciendo su propio eslogan de «Contra la politiquería y la corrupción», su conducta desvergonzada es vergonzosa. En un país con conciencia política madura, esa actitud sería suficiente para salir derrotado. Pero su habilidad mediática es tal, que ha obrado el efecto nocivo de anestesiar amplios sectores de la opinión.
TR: ¿Cree usted que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez lesiona las libertades democráticas?
CG: Este Gobierno repite una parábola bien conocida: hay que salvar la democracia suprimiéndola y hay que salvar las libertades pasando por encima de ellas. Dígalo si no el estatuto antiterrorista que tiene disposiciones tan peligrosas como las facultades judiciales a las Fuerzas Armadas, y otras medidas restrictivas ya ensayadas entre nosotros por más de cincuenta años, con resultados desastrosos, devastadores de los Derechos Humanos.
TR: ¿Qué representa Alternativa Democrática para la nación?
CG: Alternativa Democrática aspira a hacer honor a su nombre. Nacida de una coalición de congresistas demócratas, de izquierda y alérgicos al terrorismo, cualquiera sea su origen, pretende constituirse en una opción popular, buscando acercamiento con sectores políticos afines que deseen contraponer a la política autoritaria una política de democracia moderna, deliberativa, y una política económica que rescate la necesidad de que el Estado controle los efectos perversos que inevitablemente siguen al «libre juego de las leyes del mercado», cuyos efectos devastadores para los sectores pobres y de ingresos medios, están a la vista.