En los dos años que lleva de gobierno Belisario Betancur ha demostrado una vez más su índole antinacional, al levantarles a los monopolios imperialistas las escasas restricciones que pesaban, sobre sus inversiones en Colombia y otorgarles al mismo tiempo máximas garantías.
El foro sobre inversiones extranjeras que se realizó en Bogotá, en los primeros días del mes de julio pasado, significó la culminación de una extensa campaña oficial orientada a demostrarles a los capitalistas foráneos las enormes ventajas que les ofrecen, tanto el país como las autoridades, en sus actividades de explotación y de saqueo. Durante el mes anterior tres altos funcionarios, el ahora ministro de Hacienda Roberto Junguito, el jefe del Departamento Nacional de Planeación y el director de Proexpo, realizaron una prolongada y costosa correría por Estados Unidos, Alemania, Suiza, España, Japón y otras cinco naciones más, con el objeto de «vender» Colombia a los financistas del exterior.
Ya desde 1982 el primer mandatario había afirmado que «Colombia dejará de hacer sacrificios unilaterales en obsequio a la filosofía integracionista, y aceptará más inversiones extranjeras». (El Tiempo, diciembre 3 de 1982).
Asimismo, en septiembre de 1983, ante la Asociación Colombo-Americana en Nueva York, el anterior ministro de Hacienda, Gutierre Castro, hizo una fervorosa invitación a los capitalistas norteamericanos para que se vincularan al país, prometiéndoles «igualdad de condiciones» a las de los inversionistas domésticos.
La entrega de la nación
Los capitales de fuera estuvieron sometidos, desde inicios de los años setentas, a la reglamentación dispuesta por la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena.
El desmonte de las limitaciones que imponía la legislación del Pacto Andino comienza en agosto del año pasado. Por resolución 36 de 1983 el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aumentó considerablemente el porcentaje de utilidades que pueden girar al exterior las compañías foráneas. Posteriormente, y por medio del Decreto 3548 de diciembre 29 de 1983, se les suspendieron los plazos que tenían para transformarse en empresas mixtas. El mencionado decreto, además autorizó nuevas inversiones directas extranjeras en empresas de transporte turístico y eximió de toda participación nacional, en su capital, a las sociedades que se constituyen para hotelería e infraestructura turística. En enero pasado quedaron eliminados los impedimentos en cuanto a localización de las nuevas inversiones, las cuales estaban prohibidas para Bogotá, Medellín y Cali. Desaparecieron también los impuestos por concepto de remesas por pagos efectuados fuera del país. A los consorcios trasnacionales se les permite, de nuevo, el acceso al crédito externo a largo plazo y la inversión en bancos, seguros y otras compañías financieras.
En mayo se consumó la entrega al autorizar el gobierno a los extranjeros el poder reinvertir los llamados capitales en el limbo». Estos, que superan la cifra de los 15.000 millones de pesos, están conformados por la parte de las utilidades que antes no se podían girar al exterior ni tampoco ser reinvertidas en el país.
Mediante su servil actitud frente a los imperialistas, el régimen colombiano pretende emular con naciones como Chile, Venezuela, Brasil y México por la atracción de los monopolios. Agobiados por la inmensa deuda externa y acosados por la falta de divisas para pagar siquiera los intereses de sus obligaciones, los detentadores del poder de estos Estados han iniciado una desenfrenada competencia por hacerse a los «favores» de quienes saquean los recursos naturales de sus territorios y explotan el trabajo de sus respectivos pueblos. La rebatiña por unos dólares más los lleva cada día a mayores envilecimientos ante el dinero de la metrópolis.
Los hierofantes de la economía colombiana, por su parte, argumentan que es necesario atraer, a como de lugar, a los grandes inversionistas del mundo desarrollado para que las divisas vuelvan a rebosar las arcas del Banco de la República y se reanime la producción.
Resulta pertinente recordar que en los últimos seis años, sin incluir la explotación de hidrocarburos, la inversión extranjera directa se duplicó al pasar de 686 millones de dólares en 1976 a 1.314 millones en 1982. Y fue precisamente durante este período que las actividades productivas del país han registrado sus peores descalabros. De remate, los envíos de dólares al exterior por concepto de remesas de utilidades y pagos por regalías, marcas y patentes de los oligopolios, ha superado año tras año, con creces, el monto que entra a Colombia por la alabada inversión directa.