El compañero José Fernando Ocampo forma parte del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores. Terminado el paro nacional, el 26 de junio pasado, la federación convocó numerosas reuniones de base con el objeto de evaluar las experiencias del aguerrido movimiento. Los aspectos generales de tales discusiones fueron resumidos por José Fernando Ocampo para los lectores de TRIBUNA ROJA.
TR: ¿Existían condiciones favorables para lanzar el paro a comienzos de mayo?
José Fernando Ocampo: Las condiciones políticas del país eran buenas para el desarrollo del movimiento. La imagen de Betancur iba en franco deterioro e importantes sectores comenzaban a presentar fuerte oposición a sus medidas. La muerte de Lara Bonilla y el estado de sitio, sin embargo, plantearon la duda de si se llevaba a cabo el cese de actividades. Se decidió que sí, pues la pelea se venía postergando desde 1981 y, además, porque el crimen del ministro contribuía a debilitar al gobierno de Betancur. De tal manera que la orden de paro se dio cuatro días después del asesinato de Lara, con una respuesta casi total del magisterio.
La dificultad mayor estribaba en sacar el Distrito al cese. Recuérdese que en agosto de 1977, en la batalla contra el Acuerdo 128 de Durán Dussán, el Distrito no secundó la huelga de Fecode. En cambio ahora la movilización de los maestros bogotanos llegó a ser de un 80%. Ello nos permitió realizar dos tomas inmensas de la Plaza de Bolívar, con lleno completo y con la participación de alumnos y padres de familia. Paralelamente, en el resto del país se efectuaron desfiles y protestas para crear conciencia entre la gente sobre la crisis de la educación pública.
TR: ¿El objetivo del movimiento no era sólo económico, entonces?
José Fernando Ocampo: El Paro no estuvo encaminado tan sólo a reclamar las prestaciones atrasadas, sino que se luchó también por rescatar la educación pública, abandonada financiera y administrativamente por el régimen actual. Una muestra disiente del caos de la educación pública es la deuda de 75 mil millones de pesos contraída por el gobierno con el magisterio por concepto de retroactividad salarial, cesantías, prestaciones sociales, etc.
TR: ¿Cuál fue la respuesta del gobierno al cese indefinido?
José Fernando Ocampo: En la segunda toma de la Plaza de Bolívar, el 23 de mayo, la consigna impartida a los educadores venidos de todo el país, consistía en permanecer allí hasta tanto el gobierno accediera a negociar con Fecode, como en efecto se vio obligado a hacerlo.
Durante las conversaciones pareció abrirse la posibilidad de discutir la creación de un Fondo Nacional de Prestaciones para saldar las acreencias más urgentes. Sin embargo, esa misma noche el gobierno decreto las vacaciones del Magisterio. Fue una abierta provocación y una burla, agravada por el anuncio de que no se cancelarían los días atrasados del sueldo, amenaza que finalmente tuvo que echar atrás la ministra de Educación. De todos modos, la actitud del gobierno radicalizó aún más a las bases.
¿Qué pasó en el transcurso de éstas vacaciones decretadas?
José Fernando Ocampo: Aunque no se habían obtenido reivindicaciones concretas, nuestras fuerzas seguían intactas. Y cuando en el transcurso de las conversaciones posteriores, el gobierno condicionó el pago de los salarios atrasados a la normalidad académica a partir del 26 de junio, nosotros respondimos que como requisito indispensable para tal normalización exigíamos un acuerdo global sobre los puntos más inmediatos.
TR: ¿Sobre cuáles, en concreto?
José Fernando Ocampo: Las fórmulas de Fecode llegaron a resumirse en lo siguiente: pago de las deudas que no dieran plazo y cuyo monto ascendía a 20 mil millones de pesos, que el gobierno podría cancelar en varios contados antes de fin de año, mediante las respectivas adiciones presupuestales, pues no entendemos cómo el presidente Betancur no ha tenido para pagar al magisterio, pero se mostró generoso para refinanciar a los empresarios de la industria textil, al Banco del Estado y al Banco de Bogotá; ello comprendía el reconocimiento del subsidio familiar pendiente desde 1982, que suma en total unos tres mil millones de pesos, el cubrimiento del auxilio de transporte y de alimentación, de la retroactividad salarial, de los ascensos y bonificaciones y de una parte de las cesantías. Solicitamos también que se definiera el significado de las palabras «áreas rurales y poblaciones apartadas» para efecto del doble tiempo en el escalafón; pedimos que se aceptara el tiempo de servicio no utilizado para efectos de ascenso en el escalafón, como también que se aboliera el sistema de educación contratada por el Concordato con el Vaticano y, finalmente, demandamos que se garantizara la capacitación.
TR: en ese conjunto de prestaciones, ¿cuál era la fundamental para el magisterio?
José Fernando Ocampo: Las cesantías y la jubilación son el aspecto central. Frente a la posición del gobierno, empeñado en congelar las cesantías, nosotros hemos propuesto que sean liquidadas por el último, sueldo y retroactivamente, como siempre se le han reconocido al magisterio. El proyecto de ley 38 consagraba estos puntos, pero fue echado atrás: uno de los objetivos, del paro radicó justamente en la defensa del proyecto de ley 38, positivo en muchos aspectos por haber sido fruto de un acuerdo entre el gobierno y Fecode. Para materializar lo anterior le planteamos al gobierno la creación de un Fondo Nacional de Prestaciones, que se encargara en adelante de cancelar las cesantías y la jubilación y contratara la asistencia médica con entidades públicas o privadas.
TR: ¿Tiene que ver todo esto con la nacionalización de la educación?
José Fernando Ocampo: La nacionalización de la educación pública es un punto trascendental, sobre el cual el MOIR siempre ha mostrado una posición consecuente; a diferencia de López Michelsen que en la Ley 43 de 1975 nacionalizó apenas los pagos, pero no la administración ni las prestaciones mismas. De ahí que en Colombia administra el FER, administra el Ministerio y administran los departamentos. Tampoco el gobierno de Betancur ha exhibido una postura definida, oscilando entre la «departamentalización» del ministro Arias Ramírez y la posición romanticona de «ir a las veredas» formulada por Escobar Navia, tras la cual se esconde la sujeción del magisterio a las acciones comunales, vieja ambición del imperialismo. En la misma línea, la actual ministra de Educación planteó a mediados de junio en Cimitarra que fuera la comunidad la que pagara a los maestros y la que construyera las escuelas. Es curioso que el gobierno hable de «racionalizar» la educación y al mismo tiempo salga con desatinos como los anteriores.
TR: ¿Qué alternativa presenta Fecode?
José Fernando Ocampo: Hasta 1975, financiaban y administraban la educación los municipios y los departamentos. En la actualidad financia la nación, pero siguen administrando los departamentos. Ninguno de los dos sistemas ha dado resultado. Fecode se inclina por la financiación nacional y la administración en las entidades territoriales mediante organismos autónomos, dependientes del Ministerio de Educación y con representantes de los gobiernos seccionales, del gobierno nacional y del magisterio.
TR: Volviendo al paro ¿cuál fue el desenlace?
José Fernando Ocampo: Ante la negativa del gobierno de presentar fórmulas de arreglo, Fecode convocó de nuevo al combate el 26 de junio, día en que terminaron las vacaciones forzosas. El criterio de Fecode consistió en radicalizar el movimiento, no para presionar como objetivo inmediato la nacionalización ni la totalidad de los 15 puntos del pliego, pero sí aspectos asequibles a corto plazo, como el pago de las deudas más; apremiantes, meta que finalmente se obtuvo el 26 de junio, mediante la firma de un acuerdo con el gobierno. Por fuera de los acuerdos, el gobierno está tratando de imponer mediante proyectos de ley, medidas que atentan contra conquistas muy sentidas de los educadores, tales como el escalafón y otros aspectos del estatuto docente. En estas condiciones lo que se coloca en el orden del día en Fecode, es preservar la unidad de acción con miras a una lucha nacional para defender los acuerdos. Dicha tarea está siendo puesta en peligro por el ilusionismo del «diálogo nacional» propuesto por el Partido Comunista y sus acólitos, cuando el gobierno ya ha anunciado que seguirá golpeando a los trabajadores colombianos y, en particular, a los educadores.
TR: Finalmente, compañero Ocampo, un balance de la batalla librada.
José Fernando Ocampo: El paro fue exitoso: derrotó el estado de sitio, forzó al gobierno a negociar y pactar ciertos puntos que representan un avance, logró la movilización nacional de los institutores, puso en actividad después de mucho tiempo al magisterio bogotano, imprimió en los huelguistas una conciencia clara sobre los objetivos del combate, aclaró la cuestión de la nacionalización y, sobre todo, respondió en forma unificada las provocaciones del gobierno. De los 180 mil maestros, calculamos en Fecode que alrededor de 140 mil estuvieron presentes. Para Fecode fue importante esta lucha, además, porque enterró las conclusiones del Congreso de Bucaramanga. El belisarismo, que impregnó las ponencias aprobadas en este Congreso, se vio derrotado en el reciente movimiento. Una de las consignas principales, la de que el magisterio debía cambiar sus formas de pelea -«en vez de paros, lucha pedagógica»-, quedó hecha pedazos. El PC no pudo levantarse ahora en Fecode a gritar «viva la apertura democrática», ni logró comprometer a los institutores con el llamado desfile de la paz del 28 de mayo.
¿Cómo iba a propiciar Fecode la avenencia con el gobierno si el magisterio estaba enfrentado radicalmente contra él? ¿Y cómo iba a apoyar la «apertura democrática» agitada por el Partido Comunista, si los maestros venían sufriendo en carne propia las medidas antidemocráticas del régimen? En resumen, el paro fue el entierro de las tesis de Bucaramanga, donde el MOIR tuvo que batirse en minoría.