Con una nutrida manifestación, los vendedores ambulantes de Bogotá expresaron el 3 de febrero su repudio al decreto 020 de Bernardo Gaitán Mahecha que, de imponerse, lanzaría al desempleo total a más de 45.000 personas. La Alcaldía exige ahora, como condición para expedir licencia de funcionamiento, que el ventero sea propietario de un kiosco, el cual a su vez, deberá alcanzar determinadas medidas. El decreto del gobierno establece, además, un arbitrario código de sanciones: las dos primeras llamadas de atención se castigarán con multa; de ahí en adelante, con cárcel. El dirigente del FUP, Avelino Niño, denunció los violentos desalojos practicados en la última semana contra pequeños comerciantes de San Victoriano y llamó a derrotar el decreto oficial. En el acto hicieron también uso de la palabra Jorge Andrés Pedraza, Manuel Alfredo Rubiano y Arcadio Torres, en representación del sindicato único de Pequeños Comerciantes (Sinucom), y Carlos Bula Camacho, en nombre del MOIR.