El Ministerio de Trabajo suspendió el 11 de agosto por dos meses la personería jurídica de la USO, congeló sus fondos y autorizó a Ecopetrol para despedir a directivos sindicales y activistas. Con el pretexto de la “perturbación del orden público”, la providencia ilegalizó dos paros de una hora, adelantados el 26 de julio y el 5 de agosto en Barrancabermeja para responder la ofensiva patronal contra la convención. Al conocer la arbitraria medida, una concurrida asamblea decidió el 12 de agosto realizar un nuevo cese de actividades, cuya hora cero será fijada oportunamente.
La USO denunció que la empresa está incrementando sin cortapisas el personal de contratistas, contrariamente a lo que el régimen convencional estipula, y obstaculiza en forma sistemática la actividad de los dirigentes sindicales. Pasan de 1.500 los obreros enganchados por individuos aparentemente ajenos a la administración de Ecopetrol para ser sometidos a las contingencias del contrato a término fijo. Informó también el sindicato que no se cumplen las cláusulas relativas a servicio médico, transporte, comisariato y seguridad industrial.
La arremetida contra los derechos sindicales corre pareja con la desnacionalización de Ecopetrol, señaló un comunicado de la Unión Sindical Obrera. Ya López ferió los más valiosos equipos de perforación de Ecopetrol, entregándolos a la Anson Drilling. Igualmente, a cambio de la construcción de unos ensanches, la Dow Chemical se embolsará el 51% de las acciones de Policolsa, empresa estatal del complejo petroquímico, productora de polietileno. El gobierno anunció hace unos meses la atomización de Ecopetrol en cinco entidades diferentes. Paralelamente, la Texas prosigue su ofensiva contra el sindicato, recién salido de las garras utecistas, y prepara el despido de dos de sus directivos, Rogerio Moya y Cecilio Guerrero, miembros del comité ejecutivo de Fedepetrol.