Al declarar ilegal el cese de actividades que adelantaban 640 trabajadores de la Singer y autorizar despidos colectivos, el gobierno de López consumó el 2 de marzo otra turbia maniobra contra la clase obrera colombiana. En menos de una semana, la compañía norteamericana destituyó, amparada en la resolución del Ministerio del Trabajo, a más de 30 directivos sindicales, incluidos los integrantes de la junta seccional de Barranquilla.
La medida oficial no sólo conminó a los huelguistas a levantar el movimiento, sino que les cerró la posibilidad de continuar negociando el pliego petitorio. Forzado a presentarlo de nuevo, el sindicato se encontró el 6 de abril con que la empresa se negaba a discutir, argumentando que la actual convención colectiva tiene vigencia hasta 1980.
José Vicente Segura, presidente de la organización, indicó que «la Singer pretende enredarnos en un pleito jurídico, a fin de evadir las negociaciones», y llamó a los trabajadores a permanecer firmes en la defensa del derecho a la contratación colectiva.