Por obra y gracia de la reestructuración del ICSS, aprobada el 18 de julio, más de diez mil personas, a quienes el decreto 1651 llamó “funcionarios de seguridad social”, perdieron sus garantías de organización, estabilidad y contratación colectiva. Además, continúan despojados del derecho de huelga y verán desmejorados sus salarios. Trabajadores con sueldos de $2.500 y $3.500 antes vinculados por contrato de trabajo individual, deberán posesionarse en adelante por medio de acta y juramento solemne, según la recién desempacada reglamentación del gobierno.
El nuevo gigantismo
Con el pretexto del llamado “gigantismo del ICSS”, López Michelsen resolvió que ahora, en lugar de un organismo único encargado de dirigir y financiar la seguridad social, habrá nueve. Si antes los pensionados hacían una cola interminable para ser atendidos, ahora tendrán que hacer varias. El duplicado y el triplicado de los documentos pasarán indefinidamente de unas manos a otras, y los trabajadores enfermos no sabrán por último a quien acudir.
En resumidas cuentas, cinco entidades, entre juntas, superintendencias y consejos, atenderán lo que el gobierno denominó “prestaciones económicas” (invalidez, vejez, muerte, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) y “prestaciones de salud” (enfermedad general y maternidad). Otras cuatro, los llamados Fondos, tendrán que ver con la financiación del ICSS.
El Estado no aportará
Las nuevas medidas lesionan gravemente la seguridad social. La administración de los aportes y el pago de los riesgos profesionales correrán a cargo de la Compañía de Seguros La Previsora S.A., cuyo principal accionista es la Caja Nacional de Previsión, pero ésta a su vez podrá contratar con aseguradoras privadas el cubrimiento parcial de aquellas obligaciones.
Se eliminó legalmente, porque ya en la práctica no existía, el compromiso que tenía el Estado de cotizarle al Instituto de Seguros Sociales. Serán los trabajadores quienes continuarán manteniéndolo. Y un alto porcentaje de los aportes irá, como hoy, a través del IFI y del BCH, a las arcas de las empresas imperialistas y de los monopolios financieros.
Habla Asmedas
Como lo señaló Eduardo Arévalo Burgos, presidente de Asmedas, la reforma ataca directamente el sistema de seguridad social, en perjuicio de más de un millón de trabajadores. Pero también menoscaba los derechos de los asalariados del ICSS. “Nos declararon empleados públicos, aunque nos llaman funcionarios de seguridad social. La contratación colectiva se redujo a la mera discusión de aumentos salariales, cuya aprobación dependerá del gobierno. ¿En qué se diferencia esto de los actuales memoriales respetuosos? Pesará sobre nosotros, además, un régimen de sanciones de tipo carcelario. De unos cien artículos que tiene el decreto 1651, 45 están dedicados a amontonar prohibiciones y sanciones, unas sobre otras”.
Las nuevas medidas no remedian, sino que agravan, la situación ruinosa del Instituto. En las actuales condiciones, sostuvo el dirigente sindical, “la descapitalización del ICSS será inevitable en seis años. Al término de ese lapso, presumimos que a la entidad le será imposible el pago de las pensiones de invalidez, vejez y muerte”. Arévalo Burgos concluyó: “Los nuevos decretos son claramente reaccionarios. Unificadamente, los sindicatos del ICSS echaremos mano a todos los recursos con el fin de derrotarlos”.
El Comité Intersindical
El Comité Intersindical, con la firma de Asmedas, Asdoas, Amda, Asomeva y ocho organizaciones más, repudió enérgicamente las reformas lopistas del ICSS. El pronunciamiento, del 7 de agosto, señala: 1º.). Rechazamos la categoría de funcionarios de seguridad social tal como ha sido decretada por el gobierno, por cuanto ella conculca derechos irrenunciables de los trabajadores, como el ejercicio pleno de organización sindical, expresión y contratación colectiva. 2º.) Los trabajadores de la salud somos conscientes de la necesidad de un mejoramiento de los Servicios Asistenciales para los usuarios del ICSS, aspecto éste que los Decretos mencionados no tocan en sus puntos centrales”.
Otras fuerzas sindicales
Exhortando a sus afiliados a “no dejarse modificar el contrato de trabajo”, el Sindicato Nacional del ICSS y los Sindicatos de Antioquia, Risaralda y Valle ratificaron el 2 de agosto su condena a los decretos que reestructuran los Seguros Sociales. El comunicado afirma en algunos de sus apartes: “Con sólo leer el decreto 1653 y compararlo con las actuales convenciones, se puede establecer el sinnúmero de prestaciones que fueron totalmente desconocidas”.
Al referirse a las normas que en la práctica clasifican a los trabajadores como empleados públicos, los sindicatos denuncian que “son un estatuto sólo adecuado para aplicarse en un régimen de dictadura”. El comunicado alerta por último a los trabajadores para la lucha que se avecina “en defensa de nuestros intereses burlados por el gobierno y abusivamente desconocidos”.