Más de medio centenar de buses y vehículos oficiales incendiados y miles apedreados es el balance de la masiva cadena de protesta, suscitada en todo el país desde la misma noche del pasado 3 de mayo, cuando el gobierno decretó, por segunda vez en menos de un mes, alzas en el transporte urbano. Trabajadores y estudiantes se lanzaron a la calle a expresar su condena a la arbitraria medida y han convulsionado los últimos días del gobierno de López Michelsen.
Durante la primera semana de vigencia de las nuevas tarifas, las labores nocturnas de la capital del país se vieron prácticamente suspendidas por las manifestaciones. En Calí, donde la lucha ha sido muy enconada, hasta bombas molotov estallaron en el propio despacho de la Alcaldía. En Medellín, un estudiante fue muerto y otros dos heridos a bala, cuando participaban en las demostraciones de descontento popular. Acciones similares se han desarrollado en Neiva, Valledupar, Sincelejo, Bucaramanga, Ipiales y otras poblaciones.
El 15 de mayo, Unimotor y el Sindicato Nacional de Choferes, realizaron un paro, reclamando jornada de ocho horas, salario fijo, pago triple para trabajo dominical y nocturno, y eliminación de fianzas y cauciones impuestas por los empresarios. Mientras el gobierno responde solícito a las exigencias de los pulpos del transporte, no han sido atendidas las principales aspiraciones de los conductores.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades para darle a la capital, el día del paro, apariencia de normalidad, les resultó imposible contener las múltiples expresiones de rebeldía.