Como complemento a su nefasta obra, López Michelsen, usando las facultades que le confiere el ya permanente estado de sitio, dictó el decreto 70 del presente año, que adiciona el articulo 25 del código penal y con el que se “justifica” el homicidio y las lesiones inferidas por parte de los miembros de la fuerza pública, cuando intervengan en operaciones planeadas para prevenir y reprimir los delitos de extorsión y secuestro, y producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes”. Según la nueva disposición, los miembros de los organismos represivos no tendrán que responder ante nadie por los desafueros cometidos, ni aun en el caso de privar de la vida a las personas. Esta es una forma velada de instituir la pena capital, contraviniendo incluso la Constitución nacional, que prohíbe taxativamente al legislador imponerla.
El decreto contó inmediatamente con ambiente favorable en la gran prensa liberal-conservadora y entre los elementos más recalcitrantes del país. Álvaro Gómez, en un editorial de El Siglo, lo apoyó sin reparos y propuso la supresión del resto de libertades ciudadanas. Además, personajes del alto clero y de la rama judicial, como el arzobispo de Medellín, Tulio Botero Salazar y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Romero Soto, respectivamente, promueven un plebiscito para consagrar la pena de muerte.
Lo insólito del hecho es que mientras el gobierno autoriza a los cuerpos armados para proceder a su arbitrio, se supo recientemente, por medio de un informe especial presentado al Senado de los Estados Unidos, que son los mismos funcionarios del Estado colombiano quienes propician y protegen a las bandas de narcotraficantes que dicen perseguir. Entre los objetivos del decreto 70 está el de establecer un régimen de terror contra las masas y sectores patrióticos y revolucionarios. La norma mencionada será la excusa perfecta para atropellar al pueblo inerme y luego exonerar la barbarie con el alegato de la prevención de supuestos delitos. Pero el pueblo combatirá esta amenaza con el mismo valor con que ha enfrentado el “mandato de hambre”.