El 10 de mayo, horas antes de la iniciación de un paro indefinido en el que se disponían a participar más de 14.000 trabajadores, la Caja Agraria se vio forzada a suscribir con el sindicato una nueva convención colectiva, que solucionó 22 de los 30 puntos del pliego de peticiones. Nueve días antes, la empresa había roto las negociaciones y exigido la convocatoria de un tribunal de arbitramento.
Según Rafael Conde, el Sintracreditario derrotó las pretensiones patronales tras cuatro meses de intensas movilizaciones. Dijo que la Caja Agraria buscaba el levantamiento de los fueros sindicales de varios miembros del comité ejecutivo, y quería la anulación de la asamblea sindical que eligió a la actual directiva. Denunció igualmente el despido de más 1.200 trabajadores en un lapso de cinco meses. Con base en la convención recientemente suscrita, la entidad bancaria desistió de los procesos judiciales y se comprometió a no tomar represalias contra los activistas que apoyaron los ceses de actividades del 13, 25 y 28 de abril, declarados ilegales por el Ministerio de Trabajo.
Informó el Sintracreditario que el acuerdo, firmado el 10 de mayo, estableció también trabas a los despidos masivos y a las destituciones sin justa causa de los trabajadores con más de diez años de servicio. Eliminó, por otra parte, el llamado «término presuntivo del contrato de trabajo», establecido por la ley 6ª de 1945, según el cual los asalariados tenían que renovar cada seis meses su vinculación con la Caja Agraria.
La empresa quedó obligada a pagar el aumento en las tarifas del Instituto de los Seguros Sociales y elevar el monto de otras prestaciones extralegales.