Más de 150.000 institutores de primaria y secundaria comenzaron los preparativos de un paro nacional, ante la negativa del gobierno a darle curso en el Parlamento a un proyecto de Estatuto Docente presentado por FECODE.
La presión de las bases magisteriales ha impedido hasta ahora la aplicación del antidemocrático decreto 128, de nuevo en vigencia. Sin embargo, el gobierno no ha ofrecido ninguna alternativa. Según Edgar Dussán, presidente del comité Ejecutivo “López se limitó a manifestar, durante las conversaciones que con él mantuvimos a mediados de febrero, que el problema debía dejarse a la consideración del nuevo gobierno, buscando con ello desmovilizar nuestra lucha. De ahí que el XXVI Pleno Nacional, del 4, 5 y 6 de marzo, enfatizara en la necesidad de poner en tensión nuestras fuerzas dando pasos en firme hacia un nuevo paro nacional”.
Motivos de conflicto
Miles de maestros con derecho a ascenso ven obstaculizadas sus legítimas aspiraciones debido a la ausencia de escalafón. FECODE ha insistido en que la antigüedad debe ser el principal mérito para mejorar en la tabla de salarios, pero el Ministerio de Educación está empeñado en exigir absurdos requisitos. Estos abarcan desde “certificados de buena conducta” expedidos por las autoridades, hasta diplomas de carreras inexistentes; además, la clasificación como “empleados públicos” de la totalidad de los educadores constituye una enorme traba para el ejercicio de sus más elementales derechos y una permanente amenaza contra la Federación, de cuyos directivos gran número sigue destituido.
Como lo ratificó el XXVI Pleno, “tales hechos constituyen una provocación insostenible y a FECODE sólo le queda el camino de la acción de masas, la organización de la huelga”. Por tal motivo, miles de institutores realizaron el 17 de marzo combativas movilizaciones en todo el país y preparan otras para los próximos días.
Derrotado el divisionismo
Dijo Edgar Dussán que la unidad del magisterio quedó consolidada en el XXVI Pleno, al ser aplastadas las posiciones divisionistas del PC, que pretendía “ilegalizar” las decisiones democráticas del X Congreso de Cúcuta, en manguala con el Ministerio del Trabajo.
El Pleno desbarató, por 93 votos contra 13, las maquinaciones del oportunismo tradicional contra la citación del XI Congreso, a realizarse en Neiva el próximo mes de octubre. La abrumadora mayoría de los delegados rechazó también las calumnias del semanario Voz Proletaria contra la Federación y aprobó en todas sus partes el informe presentado por Edgar Dussán, que criticaba enérgicamente la violación de anteriores acuerdos suscritos entre el actual comité ejecutivo y los voceros del Partido Comunista.
Los militantes del PC, que pretendían llevar la vocería de la antigua junta sufrieron otro rotundo fracaso cuando nuevos componentes de este organismo, de los trece que concurrieron al Pleno, apoyaron las decisiones mayoritarias.