En procura de una jornada laboral de ocho horas, salario básico, estabilidad laboral y abolición del «depósito de garantía», el Sindicato Nacional de Choferes y Unimotor aprobaron un paro conjunto en el que tomarán parte más de 60.000 asalariados del transporte urbano e intermunicipal. La anterior decisión se hará efectiva en caso de que fracasen las actuales negociaciones que se adelantan con los principales monopolios del sector.
Los conductores deben laborar hoy sin interrupción en turnos de 18 horas, sin extras ni porcentajes nocturnos. Aunque el decreto 1393 y 1974 fijó en diez horas el límite de su jornada laboral, las empresas han hecho caso omiso de la disposición, con el beneplácito del Ministerio del Trabajo.
Sometidos a la llamada _guerra del centavo_, los choferes tienen que arrebatarse entre sí cada pasajero, con grave peligro para su propia vida y la de los usuarios. El único salario que devengan se limita a 17 centavos por persona recogida. Por añadidura, cuando una avería los obliga a trasladar el bus a algún taller, las empresas les suspenden la remuneración aunque les exigen estar presentes en las reparaciones.
Los sindicatos de choferes protestan igualmente contra el llamado «depósito de garantía», que es en resumen una retención ilegal del salario. En el momento de firmar el contrato de trabajo, los conductores están obligados a entregar $2.000 como prenda de seguridad, pero cuando se desvinculan las empresas se quedan con el dinero.
Las organizaciones reclaman igualmente un salario básico de $7.000. Ante la totalidad de toda intransigencia patronal, los directivos nacionales acordaron declarar el estado de alerta.