El 5 de noviembre, los trabajadores del Ministerio de Hacienda levantaron el cese de actividades, que concentró la atención del país durante tres semanas, mantuvo en jaque al régimen y se ganó la simpatía de las fuerzas populares. Las asambleas sindicales celebradas el 3 de noviembre en las 24 seccionales concluyeron que algunos importantes objetivos del paro se habían conseguido, pero acordaron reanudarlo si en 30 días el gobierno no había resuelto definitivamente el pliego de peticiones, cuyo trámite se inició en la segunda semana de noviembre.
Origen del conflicto
El 23 de septiembre, cuando estaba a punto de viajar a Washington el ministro Espinosa Valderrama para asistir a la asamblea del Fondo Monetario Internacional, el sindicato denunció en carta abierta que aún estaba pendiente la discusión del pliego de peticiones presentado desde agosto. Espinosa, por toda respuesta, afirmó que ningún empleado público podía apelar a la contratación colectiva, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia, el gobierno no se creía obligado a negociar. Propuso en cambio que los trabajadores se contentaran con un 8% de aumento salarial, y remató así su esquela: “Deseo resaltar que las medidas económicas adoptadas en el curso del año han permitido bajar el ritmo de crecimiento de los precios, de suerte que hoy y hacia el futuro se ha superado lo que podría haberse considerado como una tendencia inflacionaria”.
Tan cínica actitud provocó en el acto la airada reacción del sindicato. El 6 de octubre, centenares de empleados iniciaron en Antioquia una huelga de brazos caídos. El 17, con base en las decisiones de la Asamblea Delegataria, la Directiva Nacional extendió la consigna a todo el país. Resueltamente, 15.000 trabajadores adhirieron al paro.
El movimiento interrumpió la expedición de paz y salvos y demás servicios en la Administración de Impuestos, las Aduanas y la Tesorería Nacional, con la consiguiente suspensión de muchos gastos públicos y el entrabamiento del presupuesto. Más de $100 millones dejaron de recaudarse diariamente. De esta forma, la huelga afectó por completo una de las actividades esenciales del Estado.
Vencida la represión
Luego de que el Ministerio de Trabajo ilegalizó el paro y suspendió la personería jurídica del sindicato, comenzaron los despidos y detenciones masivos. Juan Botero, presidente de la subdirectiva de Medellín, fue conducido, junto con cinco de sus compañeros, a los calabozos de la Cuarta Brigada, en donde tuvo que enfrentar intensos interrogatorios. El 19 de octubre la policía arrestó a 25 trabajadores cuando realizaban un mitin frente a las oficinas del edificio Urano de Bogotá. El Ministerio de Hacienda declaró insubsistente a la casi totalidad del comité ejecutivo, incluido el presidente, Alfredo Morales.
La actitud del nuevo almojarife, Palacio Rudas, no fue diferente a la del anterior. Dos días después de posesionado exigió la suspensión del movimiento como condición para iniciar conversaciones con los directivos del sindicato. La beligerancia de las acciones, en las que participaron millares de asalariados, obligó al gobierno a dar comienzo a las negociaciones del pliego, a reintegrar los 87 destituidos y a derogar las sanciones contra el sindicato.