“Al defender lo acordado en 30 años de negociaciones, protegemos la existencia misma de Ecopetrol, amenazada por sus actuales ejecutivos, reconocidos agentes de la Texas Petroleum Company”, comentaron dirigentes de la USO.
Violaciones sistemáticas
A mediados de julio, el comité paritario de despidos que funciona en Barranca, por tres votos a favor, uno en blanco y una abstención, acordó el reintegro de una trabajadora a quien la empresa, días antes, había sancionado injustamente. La decisión debía ser acatada sin demora, según las normas vigentes. Ecopetrol se negó, sin alegar razón valedera que justificara su conducta. El 26 de julio, 4.500 obreros se lanzaron a una huelga de 24 horas, exigiendo la restitución de la sancionada al puesto de trabajo.
Sucesivas asambleas examinaron la difícil situación creada por la empresa. En realidad, muy pocas cláusulas convencionales salían ilesas de la arremetida patronal. Ecopetrol generalizó el sistema de contratistas para evadir las prestaciones, entregó costosas maquinarias a los pulpos norteamericanos, recortó el servicio médico, desconoció sistemáticamente las decisiones de los comités paritarios, limitó los beneficios del casino y desmejoró el transporte.
Se agoto la paciencia
Por otra parte, Ecopetrol echó mano de refinadas tácticas para impedir la actividad propia de los directivos de la USO. A los médicos afiliados a la organización les bloqueó los aumentos salariales y negó la especialización. Y, con el apoyo del gobierno, militarizó los campos petroleros.
La prolongada cadena de atropellos agotó finalmente la paciencia de los trabajadores que decretaron nuevos ceses escalonados. El Ministerio del Trabajo respondió con la suspensión, por dos meses, de la personería jurídica del sindicato. Más tarde, con los primeros encarcelamientos, el conflicto adquirió mayores proporciones. Los trabajadores sin otra disyuntiva aceptaron el desafío. Como un solo hombre, desde el 25 de agosto, miles de petroleros pararon en Barranca, El Centro, Casabe, Cicuco, Cantagallo y Tibú.
Hipocresía gubernamental
El 2 de septiembre, nueve días después de iniciada la huelga, López llamó a negociaciones a los representantes de la USO. El presidente se comprometió a cesar la persecución y tuvo que reconocer las violaciones convencionales. Pese a ello, a la semana siguiente se supo de la destitución de 19 trabajadores más en Barrancabermeja.
La cifra de despidos ascendió a 38. Entonces, el jefe del “mandato de hambre” se excusó hipócritamente ante los negociadores obreros, alegando que “el asunto no estaba en sus manos”.
Viaja comisión de parlamentarios
El sábado 24 de septiembre una comisión del Congreso se hizo presente en Barrancabermeja. Integraron la delegación entre otros, Armando Yepes, Gilberto Zapata Isaza, Germán Gutiérrez, Carlos Toledo Plata, Gustavo Duque Ramírez, David Aljure y Hernando Hurtado. Los parlamentarios contaron con la valiosa colaboración del camarada. Diego Montaña Cuéllar, asesor y viejo amigo de luchas del proletariado petrolero. También los acompañó Jorge Regueros Peralta.
Ese día se efectuó una asamblea de la USO, a las 3 de la tarde en el club Infantas. Miles de entusiastas petroleros y barranqueños de todas las condiciones atiborraron los salones del club y sus alrededores. Intervinieron en esta ocasión Diego Montaña Cuéllar, los representantes Gilberto Zapata, Germán Gutiérrez, el senador David Aljure y los dirigentes de la USO. La reunión reiteró la decisión de llevar a cabo un nuevo Paro Cívico en Barrancabermeja. Luego los asistentes desfilaron por las calles de la ciudad.