El 6 de junio emprendieron el camino del paro indefinido 1.500 obreros de la planta de Soda de Mamonal, Cartagena, pues la empresa había despedido la víspera a muchos de los marineros que hacen la ruta a las salinas de Manaure, cuando se resistieron a embarcar ante el pésimo estado de las motonaves. El resto de los obreros de la Planta de Soda, al solidarizarse con los tripulantes, condicionó la reanudación de labores al reintegro de los destituidos y al otorgamiento de garantías contra la inseguridad industrial y la contaminación. El paro se levantó el 22 de julio.
Desalojo de los pescadores
El presidente de la Planta de Soda le garantizó al país, a principios de marzo, que no había contaminación en la bahía de Cartagena. El 27 de abril, muestras de laboratorios privados demostraron que una sustancia tóxica, el metil-mercurio, comenzaba a alojarse en los tejidos de los peces. Aprovechando esta revelación, el gobierno dictó un decreto prohibiendo la pesca en las aguas que bordean a Barú, Tierrabomba y Bocachica.
Al mismo tiempo amenazó con la clausura de la empresa productora de materias primas indispensables para la industria química. Directivos sindicales sostuvieron al respecto que de consumarse tal proyecto, millares de hogares se verían abocados a la indigencia. El cierre de la factoría, cuyo principal accionista es el IFI, obligaría al país a importar de los Estados Unidos los mismos productos que hoy son elaborados por la planta de Soda.
En lugar de poner en marcha eficaces medidas contra la contaminación, el gobierno la utiliza para llenar los bolillos de unos cuantos privilegiados y favorecer los intereses imperialistas. López Michelsen, cuyos allegados poseen en las cercanías de Cartagena islas enteras dedicadas al turismo, sí abriga el propósito de limpiar la bahía, pero de pequeños y medianos pescadores, que derivan del mar su diaria subsistencia.