A partir del 22 de agosto, el magisterio inició el paro nacional acordado por la Federación Colombiana de Educadores FECODE, y allí donde las condiciones no permitieron un cese total de actividades, llevó a cabo jornadas de apoyo al movimiento. Sus objetivos fueron la derogatoria del decreto 128 o Estatuto Docente, y de los artículos 2º. y 3º. del decreto 2132, en los que se faculta a gobernadores, intendentes, comisarios y al alcalde mayor de Bogotá para destituir maestros, y se suspenden las garantías del escalafón. Se luchó, además, por un régimen salarial justo, el reintegro de los educadores sancionados, la libertad de los detenidos y la reapertura de las universidades cerradas por el gobierno. El gremio no se amedrentó por la salvaje represión lanzada sobre sus movilizaciones, ni por la cárcel y despido que padecieron decenas de sus más destacados activistas, ni aun por la amenaza de descuentos salariales.
Acrecentando la insubordinación del pueblo
La lucha de FECODE engrosó el gran torrente de rebeldía popular contra el actual régimen, y coincidió con las valerosas huelgas de los trabajadores del petróleo, el cemento e Indupalma, y con el Paro Cívico Nacional, en cuya preparación y desarrollo el movimiento magisterial estuvo en primera línea. El 22 de agosto, quince departamentos iniciaron la contienda de los servidores de la educación, que a los pocos días cubría casi todo el país. El cese de actividades se inició con desfiles, asambleas y campañas de agitación, contra las cuales desplegó el gobierno toda su brutalidad. Así, en Medellín, cuando más de 6.000 afiliados a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, estaban reunidos en asamblea, la Fuerza Disponible allanó su sede y detuvo a 266 maestros.
El 31 de agosto, una marcha pacífica de educadores que se dirigía de Armenia a Calarcá, bárbaramente interceptada en el puente de La Florida por la caballería, se convirtió en una verdadera batalla campal. En Neiva, el 3 de septiembre más de 4.000 educadores se tomaron la Plaza Santander, hicieron un mitin y la evacuaron antes de que la policía tuviera tiempo de intervenir.
Cientos de sancionados y detenidos
En Antioquia ha sido sentenciado a 120 días de cárcel Francisco Monsalve, del Comité Ejecutivo de FECODE y secretario general de ADIDA. En Bucaramanga, David Flórez, dirigente de ASPES, a 120 días; Pompilio Ávila, presidente del consejo estudiantil del Colegio de Santander, y Rafael Ochoa Fiscal de ASANDIP, a dos meses. En Huila hay 18 despidos, entre ellos Miller Dussán, dirigente nacional de FECODE, y 23 sancionados por un año.
En el Quindío está encarcelado Carlos Leiva, presidente del Sindicato de Institutores de Enseñanza Pública, y en Atlántico, a 40 días, Eduardo Santiago, presidente de la Unión de Profesores de Educación Media. Fueron botados seis maestros en el Banco y dos en Ocaña. En Meta, uno de los 13 detenidos, Josué Saldaña, está gravemente herido a consecuencia de los golpes que le propinó la policía.
Todo el pueblo con los maestros
Los padres de familia hicieron suya la pelea del magisterio, y se organizaron para apoyarla y difundir sus consignas. La Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, también se unió a la lucha de sus compañeros de primaria y secundaria. Alumnos de diversas universidades llevaron a cabo acciones de respaldo y el clero progresista de numerosos municipios hizo sentir su decidido apoyo al movimiento.
Además de la fraternal ayuda que recibió el gremio por parte de la clase obrera, de las organizaciones campesinas y de los partidos de izquierda, con él se identificó el pueblo de barrios y municipios, que concurrió masivamente a sus concentraciones públicas. Sea cual fuere el resultado del conflicto, lo cierto es que ningún sector revolucionario ha contribuido últimamente con tantas peleas a elevar la conciencia y la unidad del pueblo colombiano.