Unos despóticos Comités de Evaluación compuestos por cuatro funcionarios del gobierno y tan sólo un maestro, decidirán en los departamentos, intendencias, comisarías, y en el Distrito Especial, las sanciones que aplicarán al magisterio colombiano si consideran que determinado profesor carece de “formación moral” o de “consagración” o si les parece que tiene “voz bitonal o nasal”, defectos físicos, fallas de la vista y el oído, o “neurosis de cualquier índole”. Los comités sancionarán, con penas que van desde la suspensión temporal hasta la pérdida del empleo, “faltas de conducta” que comprenden, entre otras, “la desorganización familiar o económica” en la vida personal, y todos los derechos políticos y sociales tales como “intervención militante en política de partido, conferencias y propaganda periodística”, así como la participación en huelgas y paros.
Tal es el resumen de apenas uno de los ocho capítulos del “Estatuto del personal docente de enseñanza primaria y secundaria a cargo de la Nación”, dictado el pasado 20 de enero mediante decreto número 128 de 1977, y firmado por Hernando Durán Dussán, entonces ministro de Educación, quien así demostró hasta el final de su ejercicio del cargo su odio por el estudiantado y el magisterio colombianos.
Al dejar la cartera, Durán declaró: “Me voy con nostalgia, pero estoy seguro de que los maestros y los estudiantes van a sentir un gran alivio”.
Empleados públicos
El primer artículo del Estatuto docente declara “empleados públicos” a los maestros, con lo cual les arrebata los derechos democráticos de asociación, presentación de pliegos de peticiones, firma de convenciones colectivas, fuero sindical, expresión, movilización y huelga.
Serán entonces funcionarios de libre nombramiento y remoción, sujetos a un verdadero código de policía y sin ninguna estabilidad laboral. Todos los educadores quedaron en interinidad, y deberán inscribirse de nuevo ante las Juntas Regionales de Escalafón, organismos que por otra parte perdieron su capacidad decisoria, ya que la autoridad educativa quedó en manos de los gobernadores y alcaldes. Como si ello fuera poco, el Ministerio de Educación se arrogó el derecho de trasladar a cualquier maestro de un rincón al otro del país, intempestivamente y sin permitirle protesta alguna, con el agravante que aquellos destinados a zonas rurales ya no contarán con la prima de clima y demás bonificaciones conquistadas por la lucha del magisterio. Por el contrario, serán relegados a las últimas categorías, con los peores niveles de salario.
Pero eso no es todo. El escalafón que determina el Estatuto anula el nivel actual de cada educador, y establece que los profesores que aún no hayan obtenido el título, muchos de ellos con largos años de servicio, regresarán a la categoría más baja. Al desconocer los sindicatos del magisterio, el decreto también deja los organismos educativos, como los Comités de Evaluación y Juntas de Escalafón, en manos de supuestos “representantes de la comunidad”, politiqueros que designará el Presidente de la República. Tan absurda es la reglamentación lopista, que un maestro deberá trabajar y capacitarse durante más de medio siglo para ascender a la primera categoría.
Finalmente, el estatuto derogó las ya de por sí precarias normas que protegían la carrera docente abriendo el campo de la enseñanza a cualquier catedrático improvisado. Y quiere obligar a los educadores que ocupen los cargos de rectores, directores y supervisores de las escuelas, a cumplir funciones policivas sobre sus compañeros, so pena de descender en grado y en salario, ya que cada dos años serán investigados por los comités oficiales.
Inspirado en Ospina
El Estatuto parece materializar la exigencia que hace un año expresara Mariano Ospina, cuando clamaba contra la libertad de cátedra afirmando que “todos los maestros son comunistas”. Es evidente, en efecto, que el propósito central del Decreto 128 es liquidar las organizaciones sindicales del magisterio, que tantas luchas han librado en defensa de los derechos democráticos de los trabajadores colombianos y por una cultura nacional y científica al servicio del pueblo, pero ya la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, que agrupa a más de 150 mil maestros, está preparando las batallas contra el Estatuto Docente. En Antioquia y Valle se han realizado manifestaciones, y durante el 11 y 12 de este mes sesionará en Bogotá una reunión nacional que coordinará las luchas contra este atropello a sus más elementales derechos. El magisterio ya derrotó una arbitrariedad similar bajo el gobierno de Pastrana, y por ello sabe que solamente su lucha unificada y decidida, logrará echar atrás la nueva tropelía del “Mandato de hambre” de López. Y en esta confrontación los educadores contarán con el apoyo de la clase obrera, del estudiantado y de todos los auténticos patriotas de nuestro país.