En octubre se dará remate a las campañas electorales para elegir mandatarios y cuerpos legislativos del nivel municipal y departamental, sin que sobre Colombia cese el oleaje de la política intervencionista de los Estados Unidos y cuando las contradicciones que con esa política como eje se generan adquieren un alto grado de agudización, y aparecen situaciones enrevezadas y manifestaciones enervantes de la vida política y social.
I
Es sabido que en las democracias burguesas y aun en sus recortados remedos, como es el caso de Colombia, se pregona una serie de derechos y reivindicaciones con el fin de disfrazar y pulir la dominación de clase. También es conocido que el rompimiento y negación de ese pregón es precisamente lo que le ha permitido llegar a grados de dominación como los encarnados por el imperialismo. Por lo que es apenas natural que ahora el gobierno de Estados Unidos recurra a la agitación tradicional de cuestiones como la libertad de prensa, la igualdad ante la ley, los derechos humanos, el derecho al trabajo, e incluya otras novísimas como el cuidado y desarrollo de las condiciones ambientales y ¡hasta la satisfacción de algunas reivindicaciones laborales! Se arropa con ellas y las convierte en su causa para enmascarar la intervención en cuestiones decisivas de la vida nacional. Es la nueva y maliciosa sutileza con que quiere acompañar los actos de desnudo y grosero quebrantamiento de nuestra soberanía. Así, no es de extrañar que un anhelo tan caro a los colombianos como es el de la paz, comience a figurar entre las «preocupaciones» de la política norteamericana.
Las gestiones y conversaciones que conduzcan al cese de la actual confrontación armada, a acuerdos para que no se recurra a las armas ni al terror para dirimir diversos conflictos sociales y políticos, de modo que la población tenga una necesaria pausa de paz, constituyen una causa correcta. Pero ante la pretensión norteamericana o de cualquier otra potencia de inmiscuirse en este asunto, interno como el que más, es preciso advertir: primero, que tal injerencia sería una inaceptable violación de nuestra soberanía y, segundo, que mientras persista la dominación económica y política que Estados Unidos descarga sobre la nación, toda participación suya directamente o a través de interpuestos países u organizaciones (ONU, OEA, por caso) no puede llevar sino a que cualquier logro de la paz interna quede de hecho subsumido en una pax imperialista. Será la maldita paz de los subyugados.
Ni qué decir tiene que para cualquier persona sensata es abominable que el Estado imperialista que ha promovido y respaldado durante más de un siglo y por todos los confines de la Tierra las prácticas, sistemas y gobiernos que son la negación plena y bárbara de la democracia, las libertades y los derechos; que impone a nivel planetario un sistema de explotación que arroja a diario a millones de seres humanos a la muerte, la miseria y la esclavitud, y que abruma a los pueblos con manifestaciones «culturales» degradantes del ser humano, pretenda erigirse en abanderado de causas justas a fin de practicar su intervencionismo también desde esos flancos de la vida nacional.
II
La extradición que las grandes mayorías, con su instinto democrático, han rechazado siempre a lo largo de los últimos lustros _directa o indirectamente, con su opinión o con su voto, e incluso rompiendo esa moderna superchería para manipular la opinión que son las encuestas_no es la extradición como figura jurídica en abstracto, ni el procedimiento civilizado que las naciones, en pie de igualdad y con plena autonomía, acuerdan para la sanción de delitos que traspasen sus fronteras. No. La extradición que repugna al pueblo es la que el gobierno de Washington ha convertido en ariete de su intervención en Colombia, la misma que el gobierno de Samper dijo no tener en su agenda de sumisión antes de incluirla allí sin razón ni vergüenza, en otra muestra de barato servilismo. En ese orden de pleitesía es notorio que el candidato Serpa, entre cenas y piropos con el embajador Frechette, le esté gritando ahora su mamola a la oposición contra los atropellos norteamericanos.
La extradición repulsada por las gentes, como quedó de manifiesto en los recientes foros promovidos por la Cámara de Representantes, es la que a trochas y mochas se viene aprobando en el Congreso. De existir consecuencia patriótica y democrática, los parlamentarios, si es que conservan algún respeto por los sectores de la población que los eligieron, deberían rechazar de plano y rotundamente la extradición que dicta e impone Washington. Sería la única actitud digna. Tan natural como enaltecedora. Y no cabe duda: histórica. Así como la actitud contraria degradaría a sus autores y se destacaría como otra infamia antinacional.
La extradición que aborrecen los demócratas es la misma por la que abogan los magnates financieros criollos y los menguados dirigentes de los gremios, esos lamentables yes-men, individuos complacientes del imperio, todos a toda hora en plan de adoratrices del dólar, sea que éste se les arroje como mendrugo o como el denario de Judas.
Conviene tener siempre presente que la extradición y todo el resto de disposiciones que Estados Unidos ha venido imponiendo en nuestro país pretextando una espuria guerra contra el narcotráfico es, primero que todo y por encima de rentables propósitos financieros, «un mero subterfugio para abrirle las puertas (…) a la intromisión extranjera, romper el ordenamiento jurídico de los países sometidos y suplantar a los productores nacionales con los magnates de los monopolios imperialistas», tal como lo señalara en su momento el compañero Francisco Mosquera. El hecho de que por añadidura se extienda la extradición a otros fenómenos jurídicos y a otros tiempos, será un episodio que hará más indigna la indignidad de lesa patria de sus coautores: los colaboracionistas incrustados en el alto gobierno y las pusilánimes mayorías de Senado y Cámara.
III
Conocida es la naturaleza de las fuerzas militares, ejército y policía, como instrumentos de represión del Estado y, en el caso del ejército, el deber que se le ha asignado de defender a la nación. Pero en la actual época de recolonización, estas instituciones se ven sometidas a un proceso que las convierte en brazos armados al servicio de la voluntad política de Washington. Mientras a la policía se le fortalece como milicia represiva, se le suministran abundantes equipos bélicos y copiosos dólares, se condecora a los policías mayores por operativos más aparatosos que hazañosos, se la infesta de agentes extranjeros y se le da sofisticado entrenamiento en los tenebrosos cuarteles del imperio, al Ejército se le aplica por parte de Estados Unidos una monitoría y se le condiciona su actividad militar, no a guisa de restricciones en aras de la democracia y la justicia, sino para poner su orientación y actividad a disposición de los intereses políticos y militares del imperialismo.
Una muestra de esta situación la constituye el convenio firmado recientemente entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Allí se evidencia el propósito de transformar a las Fuerzas Militares del país en cuerpos mercenarios, que estarán entonces integrados por revividos cipayos, condotieros y estradiotes. ¿Qué garantías en su vida social puede tener el pueblo y qué soberanía puede disfrutar la nación con unas Fuerzas Militares manipuladas a discreción por el imperialismo?
Este proceso de subyugación ha avanzado más en la policía ya que el general Serrano, que en Colombia es mayoral de ese cuerpo, en Estados Unidos es utilizado como ordenanza para transmitir los chantajes y amenazas de los funcionarios norteamericanos, incluidas las de la invasión. Allí, en la policía, los siniestros sabuesos de las agencias gringas de represión y espionaje no necesitan del disimulo ni del camuflaje: están autorizados por los múltiples acuerdos secretos, así como por los abiertos, como el que acaba de suscribir Serrano en Washington, para que no sólo la DEA sino también la CIA, la agencia que condensa en el siglo XX la más sucia criminalidad contra la democracia y los pueblos, asesoren y entrenen a los agentes policiacos criollos. Que una organización armada como la policía actúe en Colombia bajo la férula de los perros de presa más rabiosos del planeta equivale a contar con una peligrosa quinta columna en el corazón del país, lo que implica un grave y enorme riesgo para el futuro democrático de nuestro pueblo y la consistencia unitaria y soberana que precisa la nación.
IV
La política económica neoliberal se sigue enseñoreando de la nación. Especialmente en lo que atañe a entregarles a los monopolios privados las empresas que por su naturaleza deben estar en la órbita de la administración y gestión estatal, el gobierno samperista ha emprendido la venta de prácticamente todo el patrimonio público. Y lo está rifando a precio de ganga, como lo ha denunciado la Contraloría, sin importarle la debilidad de los argumentos que aduce, si es que los aduce. De este modo, atiende la presión imperialista para que las privatizaciones sean un ingrediente central de la política económica, complace la voracidad de las multinacionales, les paga favores a la media docena de grupos financieros que mangonean en la vida nacional y, de paso, obtiene recursos para reajustar su desorden presupuestal.
Ante las denuncias sobre irregularidades en los tratos de las privatizaciones -algo no extraño si se tiene en cuenta que en este caso se juntan el irresponsable afán del gobierno por subastar los bienes públicos, y la avaricia de los dueños extranjeros y colombianos del gran capital por apropiárselos- es notorio que el mefítico olor a componendas y negociaciones que de allí se desprende es percibido como natural en los ámbitos donde se confabulan los neoliberales y los neomoralistas, o en sitios que sirven de surtidores permanentes de cacerías y cruzadas contra la corrupción, como son las salas de redacción de los más poderosos medios de comunicación, los comandos de policía y, ahora, las sedes de los candidatos presidenciales.
La explicación de esto radica en que todos ellos pelechan económica o políticamente con los procesos de privatización y quienes son sujetos de ellos, el Estado, las multinacionales y el puñado de grupos financieros que hacen y deshacen en el país. De suerte que cuando se anuncia y se procede al desguazamiento de las empresas estatales, como es el caso de las de telecomunicaciones, empezando por Telecom, recae sobre los trabajadores la tarea histórica de emprender una recia lucha en defensa del patrimonio público de los colombianos. Se impone que las organizaciones y los dirigentes obreros prediquen a los cuatro vientos el contenido de esa lucha a fin de que crezca la audiencia popular y se engrosen los destacamentos de combate.
Los moiristas, ya sea como candidatos o como activistas, sumaremos nuestra campaña electoral a las fuerzas de la clase obrera y el pueblo, en este pulso clave con los imperialistas norteamericanos y los vendepatria colombianos. Esto significa que el contenido de nuestra labor electoral: denunciar, educar y ganar fuerza, girará alrededor de esa batalla. Octubre es un mes de grata recordación revolucionaria y éste de 1997 precisa que despleguemos nuestras mejores tradiciones y todo nuestro valor.