Héctor Valencia, secretario general, Bogotá, mayo 28 de l.998
El actual proceso electoral se realiza en un momento particularmente grave del más crítico período que haya vivido la nación. En razón de la política que Estados Unidos le ha impuesto mediante un intensivo intervencionismo, Colombia atraviesa una crisis económica generalizada, con un sector industrial en regresión, la producción agrícola arruinada, enormes desajustes fiscales y altos índices de desempleo.
El reconocimiento de esta situación, causa de todos los males que padece la nación, no solo es un tabú para los diversos candidatos presidenciales sino que sus propuestas aseguran la continuidad de ella. Aplicarlas, sería querer apagar el fuego rociando gasolina. Lo que los candidatos anuncian conduciría a que unos cuantos grupos financieros crezcan aun más a expensas del ahorro de la ciudadanía, que el capital extranjero intensifique su control sobre nuestros principales recursos, que se abandone toda política de fomento a la producción agraria y continúe el acelerado proceso de desindustrialización. La bancarrota de nuestras fuerzas productivas y el correspondiente desbarajuste social, lo cual expone a Colombia a una subyugación norteamericana más pronta y eficaz, ni siquiera es un tema de campaña para los aspirantes a presidir el próximo gobierno. Sus llamados a atender los problemas sociales, educativos o el desempleo, sin reversar la causa principal de estos males, la apertura económica, no son más que engaños para entusiasmar a un electorado paupérrimo y desesperanzado.
Sobre tales condiciones se presenta una oleada de violencia y caos en donde se niegan y suprimen los derechos sociales y democráticos de la población. Esto conduce a postrar el país y, en consecuencia, a facilitar el avance en la recolonización emprendida por la potencia imperialista. Ante este estado de cosas, es perentorio atender el clamor ciudadano para que cesen las tropelías y horrores contra la población provenientes de cualquiera de los sectores en conflicto y exigir del Estado una efectiva protección de los derechos democráticos, empezando por el de la vida, y que se imparta justicia pronta y cumplidamente.
El gobierno de Estados Unidos, mientras continúa utilizando a plenitud su guerra contra las drogas para intervenir desaforadamente en nuestros asuntos internos, apela ahora a un nuevo instrumento: la defensa de los derechos humanos y las gestiones de paz. Luego de manifestar que tiene interés primordial respecto a ellos y proclamarse como su más conspicuo impulsor, se dispone a nuevas y más refinadas formas de intervención. Y esta nueva estratagema «humanista y pacificadora» la realiza al mismo tiempo que, en el marco general de sus planes continentales, reafirmados durante la reciente Cumbre de las Américas en Santiago de Chile, promueve, en complicidad con el secretario general de la OEA, el famoso César Gaviria, la creación de una fuerza militar multilateral que vele a sangre y fuego por su seguridad en el hemisferio americano.
En desarrollo del plan pacificador, en enero el gobierno norteamericano reunió en Texas a algunos colombianos para discutir fórmulas de paz. Como resultado, elaboró un expediente para la búsqueda de «las soluciones de los problemas de la nación», que tuvo un desarrollo en reunión similar realizada recientemente en el Hotel Hilton de Cartagena. Allí, la embajada de los Estados Unidos convocó a un grupo más numeroso de personas y organismos preocupados por la paz. Es evidente, entonces, que en las cuestiones que atañen a los derechos humanos y la paz, el Departamento de Estado ha encontrado otra «causa justa» para enmascarar su política intervencionista, y se apresta a diseñar su particular pax americana para Colombia.
Si esta astuta pretensión norteamericana no se rechaza, se caería en la lastimosa actitud de esperar la paz doméstica de quienes nos han declarado la guerra desde el exterior. ¡Que nos salven quienes nos emboscan!, como lo señaló el fundador del MOIR, Francisco Mosquera, al referirse a una cuestión de igual naturaleza.
Ernesto Samper sigue haciendo hasta lo imposible por complacer al imperio. Los cambios en la política petrolera, la entrega de importantes zonas productoras de carbón, la aceleración del proceso de privatización de las telecomunicaciones, los arreglos para entrar a los pactos comerciales impulsados por Washington, tipo Mercosur, son algunas demostraciones de sus afanes por congraciarse con Estados Unidos y, así, atenuar las reservas o facilitar el apoyo de esta potencia a Horacio Serpa, a quien quiere imponer como continuador de su nefasto y antinacional mandato.
Serpa, por su parte, como principal ministro del gobierno de Samper, en lugar de promover una política antinarcóticos en armonía con el interés nacional, acomodó su desempeño a las imposiciones norteamericanas sobre la materia y defendió en el Congreso el restablecimiento de la extradición, una medida que se adoptó bajo la descarada intromisión de Washington. Pero lo más característico y desastroso de su actuación como ministro del Interior, es la responsabilidad que le cabe en las ejecuciones de la administración samperista para llevar adelante la aplicación del modelo neoliberal, aperturista y privatizador.
Hoy, la actitud del candidato Serpa no es muy distinta de aquella que inspirara sus mencionadas facetas como ministro. Montó su campaña presidencial con base en la estrategia de aparecer como un hombre confiable a los ojos del gobierno estadounidense. Y como si las intervenciones pacificadoras de la ONU fuesen ajenas a la hegemonía global norteamericana, Serpa ha propuesto la mediación de esa organización mundial en el conflicto interno colombiano. En su campaña ha reiterado hasta en la fraseología la política de Samper, de la cual ensaya apartarse sólo en aspectos de patente fracaso como es el problema del desempleo. Su énfasis en la paz obedece no sólo a la creciente exasperación de la población con la violencia generalizada, sino también a que es el tema que Estados Unidos ha colocado al orden del día y que los candidatos se han apresurado a convertir en un lugar común.
Pastrana, de acusada conducta antinacional durante todos los episodios de la crisis política pasada, propugna la aplicación plena y sin atenuantes del recetario económico que impone Washington y estimula la intervención norteamericana en todos los órdenes de la vida social. Resulta natural que para esos designios se haya agrupado en hermandad con recalcitrantes neoliberales e intolerantes neomoralistas, incluido lo más granado de la panda gavirista. Es lógico que con tan reconocidos títulos de colaboracionista, Estados Unidos le haya otorgado su predilección. Cuestión manifiesta en el beneplácito que recibe de parte de destacados voceros del mundo de los negocios gringos y en los ataques que columnistas de importantes publicaciones y portavoces oficiales dirigen contra Serpa, en ostensible intervencionismo, y también en los que, dirigidos contra el gobierno de Samper, buscan salpicarlo en razón de su proximidad política.
La candidatura de Pastrana representa una corriente vendepatria, compuesta por una camada de yuppies e insuflada por Estados Unidos para liderar su estrategia de nueva colonización y sustituir a importantes políticos tradicionales que de una o de otra manera sean obstáculo a sus pretensiones. Pastrana aglutina la más genuina corriente neoliberal progringa, proveniente de ambos partidos tradicionales. No es casual que entre sus socios se encuentren César Gaviria, quien sentó las bases para la política neoliberal y el intervencionismo de Estados Unidos, y Alfonso Valdivieso, el siniestro fiscal al servicio de la cacería política gringa. Respecto al conflicto interno que desangra la nación, Pastrana ya afirmó, tajante, que propiciaría la presencia de cascos azules de la ONU en nuestro suelo.
La población colombiana ha observado en los últimos meses, sin que despierte mayor atención por parte de los encumbrados dirigentes del país y sin que los medios de comunicación le den mayor difusión, la presencia de importantes «hombres del presidente» Clinton, que llegan como gestores de nuevas y mayores condiciones y presiones para Colombia. En efecto, ya no como avanzadilla, sino como funcionarios en plan de ocupación que pasan revista a toda suerte de autoridades e imponen nuevas iniciativas políticas, económicas y militares de naturaleza neocolonial, han desfilado por Bogotá personajes tan exaltados como siniestros: el jefe de la CIA, el llamado zar antidrogas Barry McCaffrey, el jefe del Comando Sur Charles Wilhelm, el mandamás del FBI Louis Freeh, el asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica Thomas McLarty y, para cerrar con broche de oro, el presidente de la Corporación para la Inversión Privada en Ultramar, OPIC, George Muñoz.
Las visitas de esos personajes se realizan en el contexto de considerar a Colombia, según declaraciones de Wilhelm, como un riesgo para la seguridad en el hemisferio, a causa de la metástasis de sus convulsiones hacia los países vecinos, y acompañadas de denuncias de diversa procedencia, y en todos los ámbitos, sobre violación de los derechos humanos y sobre la conversión del país en un territorio de anarquía y barbarie desenfrenadas. Estamos ante indicadores de que el gobierno norteamericano trama el montaje de un teatro de intervención para establecer, cuando crea conveniente y al mando de una fuerza preferiblemente multilateral, avalada y legalizada por la OEA, su imperial orden en el país y en la zona, lo que justificará como una operación de salvamento.
Tal riesgo nos lleva a reiterar hoy que si bien es cierto que Colombia requiere con urgencia una salida pacífica y negociada al conflicto que la desangra, rechazaremos resueltamente la pax americana que se nos quiere imponer. Son significativas las expresiones recientes del general en retiro Alvaro Valencia Tovar: «La eventual presencia de fuerzas armadas extranjeras originaría una formidable reacción nacional que nos llevaría a todos a pelear contra el invasor. Y si la intervención fuese pedida o admitida por nuestro gobierno ante la inminencia de un derrumbamiento del sistema democrático, el régimen que así procediera caería estruendosamente. Nuestros problemas internos, por agudos que sean, no admiten ese tipo de intervenciones, y quienes pudieren tenerlas en mente deberían recordar a Vietnam pero sobre un escenario geográfico aún más difícil.»
Estados Unidos, continuando sus planes de recolonización, está llevando a un nivel sin precedentes su presión para subyugar la nación. Su reciente embestida contra el Ejército – que va desde el chantaje que ejerce con la ayuda militar y financiera, la imposición de centenares de siniestros expertos y espías enmascarados como asesores, el despectivo cuestionamiento a su capacidad de combate, hasta las recientes exigencias para que se realice «una revisión general de la estructura militar colombiana», de lo cual la purga de sus mandos y el desmonte de la Brigada XX es muestra clara, – es un avance más en su estrategia de desvertebramiento de la nación. Resulta revelador que desde los mismos altos mandos se oigan voces rechazando, así sea en forma parcial y tímida, la intromisión norteamericana en los asuntos internos del país. En interés de la nación, ese rechazo debería ganar sonoridad y retumbar dentro y fuera de los cuarteles para que en Washington, tanto Bill Clinton como César Gaviria sepan que aquí se resistirá contra la fuerza bélica multilateral, cuya creación tiene por objetivo apaciguar a sangre y fuego las rebeldías que para sacudirse de la coyunda imperial se gesten en estos países.
Estados Unidos ha dedicado ingentes esfuerzos y dólares a crear una opinión favorable a los abominables rasgos de su dominación. Tal intento, que persigue vaciar de todo espíritu combativo a los sectores patrióticos, ha encontrado dignas conductas de oposición adoptadas por personalidades y dirigentes afectos a la nación, y la inquebrantable resistencia desplegada por sectores obreros y populares. Semejantes actitudes y acciones son demostración de que la acometida desatada por Washington no ha mellado la voluntad de lucha del pueblo.
En la patriótica brega de clase, e integrando un formidable haz de batallas contra las políticas y las medidas económicas del imperialismo, han estado en primera línea los obreros y empleados del petróleo y la salud, los de la Caja Agraria, Telecom y el Sena, los del magisterio y de las entidades estatales, así como los caficultores y la masa de trabajadores y productores agrícolas. Estos sectores laborales y el resto de trabajadores de la ciudad y el campo conforman la más sólida retaguardia para la defensa de la nación, de su patrimonio y de sus arraigados valores.
Frente a estas realidades de la situación social y política, el MOIR llama a las grandes mayorías que conservan vivas y vigorosas sus raíces en Colombia, a proseguir, con más urgencia y firmeza que nunca, en la construcción de un frente de resistencia para la salvación nacional.
En razón de que ninguno de los candidatos a la presidencia representa una política que responda al principal problema que enfrenta el país, la dominación norteamericana, el MOIR anuncia a la opinión pública que no apoyará a ninguno de ellos, ni participará en ese debate electoral.
MOVIMIENTO OBRERO, INDEPENDIENTE Y REVOLUCIONARIO (MOIR)
Comité Ejecutivo Central